Definen protocolo para atender casos de aborto por violación
La carencia de un lenguaje común y la falta de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y otras entidades públicas de la zona fueron solo dos de las razones que llevaron a la Fiscalía Regional del Biobío a diseñar un inédito protocolo para atender a mujeres que solicitaran la interrupción voluntaria del embarazo por una violación.
En septiembre de 2017 se promulgó la ley 21.030 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, en tres causales: riesgo de la madre, inviabilidad fetal o violación. En cuanto a esta última causal, desde la puesta en marcha de la normativa se han presentado siete casos en el Biobío, de acuerdo a los registros del Ministerio Público.
Fue en abril de este año, cuando la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, de la Fiscalía regional tomó contacto con los representantes de los cuatro Servicios de Salud del Biobío para establecer un trabajo conjunto, que permitió desarrollar un documento que definió las formas de denuncia, los equipos responsables, los procedimientos para las tomas de muestras y el correcto traslado de los antecedentes hasta el Servicio Médico Legal para el posterior peritaje.
Actualmente el protocolo se encuentra en funcionamiento en los cinco hospitales públicos que cuentan con unidad de alta complejidad obstétrica para este tipo de procedimientos.
La iniciativa de la Fiscalía Regional hoy es mirada desde otras regiones y su desarrollo podría ser replicado de igual manera en otras zonas del país.
EN MARCHA
Alicia Salgado, abogada asesora de la Fiscalía Biobío, explicó que el protocolo definió las formas sobre cómo debe proceder el personal médico frente a una denuncia realizada en el Hospital y la eventual solicitud de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la tercera causal. "Si la víctima es menor de edad quien denuncia es el director del hospital ante la fiscalía, con ciertas indicaciones específicas, un relato de los hechos y la semanas de embarazo", indicó.
Salgado agregó que en el caso de las mayores de edad no existirá una denuncia, pero sí el caso deberá ser reportado a la fiscalía por medio de una notificación que realizará el mismo director del recinto. "En ese caso se genera la denuncia a través del director del hospital que es quien envía este oficio vía correo electrónico a los administradores de las fiscalías locales", detalló.
Junto con ello, la abogada asesora comentó que el documento estableció la forma y el resguardo de los restos embrionarios y las muestras de sangre para los peritajes posteriores. En ese trabajo se incluyó al jefe regional del Codis del Servicio Médico Legal, SML, de Concepción.
"Una vez en el SML, el material es ingresado al Codis para, por ejemplo, identificar a un imputado que pudiera ser desconocido (…) cuando el sospecho es conocido, lo que se hace es un comparativo de ADN", mencionó.
Salgado comentó que a la fecha no se han presentado casos de mujeres que manifiesten la interrupción voluntaria del embarazo por esta causal desde la puesta en marcha. Asimismo, afirmó que contar con el protocolo también podría ayudar a detectar eventuales denuncias falsas de violación. "En esos casos tenemos la obligación de investigar el delito de aborto", dijo.
MENOS REVICTIMIZACIÓN
María Alejandra Monsalve, jefa de la Uravit Biobío, señaló que este trabajo permite visualizar de manera inmediata a una víctima y a mejorar los canales de comunicación entre las distintas unidades que intervienen de este proceso.
"Eso nos ayuda que desde la unidad de víctima podamos dar la asistencia y protección que corresponde a esa persona y por otro lado nos permite no sobreintervenir de manera que si ya hubo una acción desplegada desde una psicóloga o trabajadora social del hospital no repetir la intervención, porque es victimizante", precisó.
Junto con ello, Monsalve destacó que el tiempo de respuesta también espera verse acortado. "El hospital Las Higueras era el único que tenía un protocolo establecido internamente, los otros quedaban al criterio y el conocimiento del profesional que le tocó atender a esa víctima sobre la manera de actuar. Eso entorpecía la información desde el hospital a la fiscalía", indicó.