Que aún no existan formalizados por la explosión de la Clínica Sanatorio Alemán, que dejó a tres personas fallecidas y decenas de lesionados. Esa es la principal crítica que hacen las familias de afectados por el incidente a casi un año de ocurrido.

El próximo 21 de abril se cumplirá un año del incidente, y pese a que ya hay sanciones administrativas de la Seremi de Salud y de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) en contra del Sanatorio, GasSur S.A y la Constructora ISD SPA, en el ámbito penal aún no hay avances.

La Autoridad Sanitaria sancionó con $135 millones a las tres empresas, mientras que la SEC los multó con aproximadamente con $620 millones.

"Vemos con preocupación la demora que ha tenido la Fiscalía Regional (…) Pensamos que desde el minuto mismo de la explosión estaban los antecedentes para formalizar al prevencionista de riesgo, a gente de GasSur y del Sanatorio Alemán", declaró el abogado Rafael Poblete, que representa a la esposa de una de las víctimas y a ocho familias de niños que estaban en la UCI Pediátrica el día de la explosión.

Una misma posición es la que tiene Caroline Ortega, mamá de Isidora, quien sufrió estrés postraumático y otros problemas de salud tras el evento. Ortega también expresó que no ha existido la preocupación en el caso por parte de la Fiscalía y que no quiere que este hecho quede impune.

"Nunca hemos sido citados para que conozcan nuestro relato, para que sepan lo que nosotros vivimos en el momento in situ", comentó la demandante.

El abogado Rafael Poblete declaró que esperan que "la Fiscalía actúe en consecuencia de los antecedentes que obran en la carpeta".

FISCALÍA

Sobre las críticas efectuadas en contra del trabajo realizado, la Fiscalía no se quiso referir, y sólo a través de un comunicado de prensa informó sobre las acciones que lleva adelante.

"Se está a la espera de un informe en derecho que fue encargado al abogado y académico Héctor Hernández Basualto. Esta situación fue comunicada oportunamente a los abogados querellantes en la causa", informaron desde la Fiscalía del Biobío.

En el comunicado se detalla que una vez recibido el informe, al ente persecutor "estará en condiciones de tomar decisiones procesales en esta investigación".