El Fiscal General de España, José Manuel Maza, ordenó ayer a todos los fiscales provinciales de Cataluña que abran investigaciones en contra de los alcaldes que cedan locales y que han mostrado su apoyo al referendo separatista. Este, a pesar de que el Gobierno central lo calificó de ilegal y que el Tribunal Constitucional dictó suspender, está fijado para el 1 de octubre.

Los fiscales de cada provincia deberán citar a declarar, por medio de la policía judicial, a cada uno de los ediles que apoyen el movimiento secesionista para que declaren ante el Ministerio Público "en calidad de investigado y asistido de letrado". Además, en caso de que se nieguen a comparecer, quedarán con orden de detención, "oficiando a los Mossos d'Esquadra (policía autónoma de Cataluña) como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".

Los alcaldes que serán citados son los de 712 municipios que han firmado decretos para poner a disposición del Gobierno autónomo de Cataluña, al mando de Carles Puigdemont, los locales necesarios para organizar el denominado referendo de autodeterminación. En ese sentido, Maza advirtió que las conductas de autoridades públicas que inciten a la realización u organización del referendo pueden constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa; prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de recursos públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión.

La Fiscalía española ya se querelló la semana pasada en contra de los integrantes del Gobierno autónomo catalán y la presidenta de su Parlamento, Carme Forcadell, por estos mismos delitos.

Maza agregó que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población".

Esta nueva ofensiva en contra de los separatistas llega luego de que Puigdemont dirigiera una carta a los alcaldes de Cataluña en la que les solicitó su colaboración para la consulta.

constitución

Felipe VI, el Rey de España, afirmó ayer que la Constitución "prevalecerá sobre cualquier quiebra" de la "convivencia en democracia" y que "los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados" frente a "quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria".

El monarca agregó que la "convivencia democrática" alcanzada en España "después de muchos sacrificios" y gracias "a la generosidad de todos" sólo es posible "si las leyes que la regulan y organizan son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones; si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos".

En el plano político, el Presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, reiteró que no dialogará con los secesionistas sobre algo "manifiestamente ilegal", como es el referendo, y pidió a los ciudadanos catalanes que sean citados a votar el 1 de octubre que no acudan a esa convocatoria.

"Si la ley deja de cumplirse, eso significa que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos no sirve absolutamente para nada y que cada uno puede hacer lo que estime oportuno y conveniente. La Fiscalía actuará siempre en defensa de la legalidad, y los jueces y el Gobierno también. Es nuestra obligación", aseguró el jefe de Estado.

"Ni el Gobierno, ni la Fiscalía ni el poder judicial pueden permitir que unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la ley.Eso sería entrar en la ley de la selva", cerró Rajoy.