La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó ayer, con tres votos a favor y dos en contra, la idea de legislar la moción que permite levantar el secreto de la Comisión Valech I, esto luego de que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara el lunes que el proyecto se tramitaría con "discusión inmediata".
De esta manera, los antecedentes y testimonios quedarán a disposición exclusiva de los tribunales de justicia. Además, la instancia aprobó una indicación presentada por el senador Jorge Pizarro que indica que el levantamiento del secreto de identidad de la víctima para fines judiciales sólo se hará si ellas mismas lo autorizan. Por lo que no se hará de manera discrecional por parte del tribunal.
Con esta última observación, la modificación agregaría al artículo 15 de la Ley N° 19.992 -que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las víctimas directas de violaciones de derechos humanos- el siguiente inciso final: "Los tribunales de justicia, en todas las actuaciones del proceso, omitirán la identidad de las víctimas que aparezcan mencionadas en las causas en las que no han sido parte, a menos que ellas consientan expresamente en su divulgación. La omisión de la identidad subsistirá incluso una vez que se encuentre afinada la causa. La Corte Suprema reglamentará mediante auto acordado el procedimiento para el resguardo de la identidad de las víctimas".
A favor de esta moción votaron los legisladores de la Nueva Mayoría: el propio Pizarro, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro. En contra lo hicieron el senador Manuel José Ossandón y la presidenta de la comisión, Jacqueline van Rysselberghe.
El proyecto pasará ahora a la sala del Senado, pero no se sabe aún cuándo se votará debido a que existe la posibilidad de que el Gobierno quite urgencia al trámite para una mejor conversación y discusión del tema, según lo explicado ayer por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes.
"es necesario"
Fríes, por otro lado, insistió en que "es necesario" que la justicia acceda a la información de la Comisión Valech I pero sin perjudicar a las víctimas, sobre todo en el caso de aquellas que no quieren revelar su identidad ni entregar su testimonio.
"Desde un principio se trabajó mal con las palabras, nunca se ha buscado en estricto rigor levantar el secreto porque los antecedentes no van a pasar a ser públicos y lo contrario a secreto es público. Entonces lo que hay, es que se levanta el secreto para los tribunales de justicia, es decir nadie más que los tribunales de justicia pueden conocerlos y los tribunales de justicia pueden conocer bajo ciertas condiciones", explicó la autoridad de Gobierno.
recurrirán al tc
En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jacqueline van Rysselberghe, se manifestó de acuerdo con el ex Presidente Ricardo Lagos, quien fue el impulsor de la Comisión Nacional de Política y Tortura pero que se mostró en contra de la divulgación de los antecedentes porque, bajo su Gobierno, el Estado prometió mantenerlos en secreto durante 50 años. Por lo mismo, la timonel de la UDI avisó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).
"Estos testimonios se ajustan a la realidad en el contexto que esto se hizo. Creemos que cambiar las condiciones pone un poco en tela de juicio la institucionalidad. Tampoco es cierto lo que dice la subsecretaria (Fríes) porque hoy día los antecedentes (de tribunales) son públicos, probablemente cuando está el secreto de sumario no lo son, pero una vez que se dicta sentencia, todos los antecedentes son públicos. No solo los nombres, sino que los antecedentes van a ser conocidos", aseguró.
polémica por oviedo
El lunes, poco después del anuncio de la Presidenta, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, señaló que los uniformados ya han entregado toda la información que posee sobre los casos de violación de los derechos humanos. Ante esto, el martes, el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo que "hay que creerle a Oviedo", declaraciones que abrieron una nueva polémica.
Y ayer, el ministro de Justicia, Jaime Campos, se involucró en el debate al señalar que "yo no tengo información o antecedente alguno que me permita afirmar si el Ejército tiene o no tiene más informaciones en materia de derechos humanos. Por tanto, por ahora tendré que creer lo que dice el señor comandante en jefe".
