El pasado 8 de junio, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Nueva Ley de Inclusión Laboral que obligará a todas las empresas, ya sean públicas o privadas, y que tengan más de 100 trabajadores, a reservar al menos el 1% de su dotación para personas con discapacidad.

Sin embargo, la promulgación de la nueva normativa que entrará en vigencia a más tardar en diciembre de este año, generó polémica entre las agrupaciones de discapacitados que aseguraron que el porcentaje exigido no es suficiente para dar cobertura a toda la población de la Región y del país.

También aseguran que las compañías utilizarán resquicios legales para no cumplir la Ley, la que tampoco precisa en qué tipo de trabajo deberá desempeñarse el 1% exigido.

De paso por Concepción para recibir de parte del presidente del consejo regional, Hugo Cautivo Baltierra, $736 millones para invertir en ayudas técnicas para personas discapacidad en la Región, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Daniel Concha Gamboa, abordó los alcances de la Ley y los puntos que deberán ser revisados en tres años más por los ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social.

-No es bueno catalogarla así, porque después de mucho tiempo -esta Ley está desde 2006- se logró sacar una Ley de Inclusión y el 1% es el piso mínimo. Esta es una Ley que está sujeta a evaluación durante los años y no muchas leyes tienen esta facultad, por lo que cuando revisemos la Ley tenemos que ver si se mantiene o se aumenta ese número y eso es muy adecuado porque es como lo que pasó en Ecuador, que empezó con un 1%, hoy ya van en el 4% de inclusión e incluso eligieron Lenín Moreno, la primera persona con discapacidad que es presidente en ese país.

-Está el mecanismo de la Ley, pero también está el sello Chile Inclusivo que tiene el Senadis, el cual nosotros otorgamos a las empresas que sean capaces de incluir. Esta no es una Ley que parte de cero, tenemos empresas -que son muy poquitas- que ya están incluyendo y que están muy por arriba del 1% y eso generalmente ocurre en empresas pequeñas.

-La evaluación no sólo es para revisar el porcentaje de inclusión laboral, sino que también si se puede extender a empresas más pequeñas. Ahora empezamos con empresas de no más de 100 trabajadores, pero también podemos revisar si también incluir a las pequeñas y microempresas. En ese sentido, es un desafío que se nos plantea, pero mientras no exista esa posibilidad nosotros vamos a seguir con el sello Chile Inclusivo.

-Me ha tocado ver que la ciudad poco a poco se ha hecho más inclusiva, siempre ha dado indicios de abrirse a la inclusión. Pero lo importante es que se tomen acciones y estar siempre atentos, porque en materia de inclusión uno nunca puede descansar. Yo siempre digo que por creer que se puso una rampa no se puede creer que se logró la accesibilidad total; simplemente es el comienzo para poder acceder a una ruta accesible dentro de un edificio que tiene que tener baños accesibles, mesones de atención accesible y puestos de trabajos accesibles. La idea es mantener esa actitud.

Entre las 56 medidas que comprometió la presidenta Michelle Bachelet, a cumplir durante sus primeros cien días de Gobierno en 2014, se encontraba iniciar la tramitación de las Universidades de O'Higgins y Aysén, con el fin de completar una red de instituciones estatales, donde cada Región cuenta con al menos una casa de estudios de estas características y determinada con un importante componente local.

Compromiso estatal que varios actores de la nueva Región de Ñuble, aprobada en el Parlamento hace un par de semanas, esperan que se concrete tras la instalación de la estructura gubernamental correspondiente para el próximo año, en virtud de que actualmente la nueva Región cuenta con 23 mil estudiantes de Educación Superior repartidos en una decena de instituciones, y muchos otros se ven obligados a emigrar desde sus comunas de origen a Santiago, Concepción o Temuco.

El Ministerio de Educación ha manifestado su buena voluntad para considerar esta medida, sin embargo la aprobación tardía de la nueva organización político-territorial y las elecciones presidenciales de noviembre próximo impiden comprometer plazos o medidas para hacer de la nueva Universidad Estatal de Ñuble una realidad.

NECESIDAD

Actualmente sólo tres comunas de la futura Región de Ñuble imparten carreras de educación superior, albergando a 23 mil estudiantes en quince casas de estudios. Sin embargo, distintos actores vinculados a la zona exponen que estas instituciones no imparten carreras tradicionales y faltan algunas áreas del conocimiento en ser abordadas, en virtud de que actualmente 27 mil escolares de las 21 comunas cursan su enseñanza media.

Hérex Fuentes, presidente de la agrupación Ñuble Región e histórico dirigente del profesorado en la zona, detalla que una de las prioridades que viene con la instalación de la nueva institucionalidad es contar con una casa de estudios acorde a las necesidades de la hoy provincia. "Es necesario tener carreras de alto nivel, por lo que instalar una universidad impedirá la fuga de talentos que sufrimos en la nueva Región y ahorra una serie de gastos adicionales que tiene. Se vuelve necesario contar con una nueva universidad estatal, con la presencia de facultades de artes y deporte, pero también que recoja la identidad de cada una de las comunas y de la historia de ellas", reflexiona.

OPCIONES

Ante la posibilidad de que se inicie en el futuro la tramitación de un proyecto de ley que pueda crear la nueva Universidad de Ñuble, el Ejecutivo prefiere tomar recaudos y aterrizar todo tipo de opciones.

Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, plantea que si bien el Gobierno instaló la política de que cada Región cuente con su universidad estatal, la posibilidad para Ñuble está condicionada por la tardía aprobación del proyecto al cierre del periodo. "No podemos comprometernos así que quedará como tarea para el próximo gobierno dependiendo de sus planteamientos, pese a que se debiese revisar en el futuro para mantener cierta coherencia con lo ya realizado", comentó, añadiendo que la implementación total demoraría dos años entre la aprobación del proyecto de ley y el ingreso de la primera generación de estudiantes.

Otros sectores se abren a la posibilidad de que la Universidad del Bío-Bío disponga su sede Chillán, con más de cuatro mil alumnos, como el cimiento de la nueva casa de estudios.

Su rector, Héctor Gaete afirmó que dicha opción sería poco probable, ya que "cuando se decidió fusionar a la Universidad del Bío Bío y el Instituto Profesional de Chillán se cometió un error histórico, el cual nosotros aprovechamos para crecer y ante este debate, la rectoría siempre optará por no dividir la universidad".

En reunión con el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, el senador PPD Felipe Harboe puso sobre la mesa la importancia de realizar un proceso investigativo para quitar el incremento de pensiones de inutilidad de segunda clase a quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco,.

Sostuvo que dicho incremento en las pensiones carece de fundamentación legal, dado que los internos, "a través de la firma de un documento público se declararon sanos". Por ello solicitó iniciar un proceso para revocar dichas pensiones, en particular el incremento del 20% correspondiente a la inutilidad de segunda clase, a todas aquellas personas que se encuentran en Punta Peuco.