La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer que Chile presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Bolivia por el río Silala.

La Mandataria explicó que mientras Bolivia defiende que sólo ellos pueden hacer uso de las aguas, Chile sostiene que se trata de un río internacional.

"El río Silala es un río internacional de acuerdo a Chile, y Bolivia insiste en que no es un río internacional y, por lo tanto, ellos pueden usar toda el agua de un río que ha sido usado mil años", explicó Bachelet durante una entrevista en Radio Zero.

"La demanda es pedir que la Corte se pronuncie para ver si es un río internacional como creemos nosotros", puntualizó.

En marzo pasado el Presidente de Bolivia Evo Morales anunció que su país presentaría una demanda ante La Haya por el caso del Silala, que se sumaría a la ya interpuesta por ese país exigiendo una negociación para una salida al mar.

La Presidenta Bachelet indicó que "nosotros hemos decidido tomar la iniciativa".

Respecto a las relaciones que ha tenido con Morales durante su segundo mandato, Bachelet sostuvo que "yo diría que públicamente, efectivamente ha cambiado el discurso del Presidente Morales hacia Chile".

La oficialización

Momentos después del anuncio de la jefa de Estado, el canciller Muñoz comunicó que la directora de Frontera y Límites en la Cancillería, Ximena Fuentes, había "hecho entrega al secretario de la Corte la solicitud de la demanda chilena para que se determine que el Silala es un río internacional. Y que por lo tanto Chile tiene derechos sobre el curso de aguas internacionales".

"Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos por lo que hemos demandado a Bolivia ante La Haya para que resuelva la disputa", agregó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores informó que Fuentes fue designada agente chilena por el caso, mientras que la embajadora en La Haya María Teresa Infante y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Juan Ignacio Piña, serán coagentes.

Muñoz explicó que este caso y el de la demanda marítima boliviana serán tratados de manera separada, aunque coordinada. "Los tiempos judiciales harán que no exista un traslape entre ellos y que ambos casos vayan de caminos paralelos", dijo.

La Presidenta encabezó la primera cita por la demanda, tras la cual Muñoz informó que la agente chilena y su par boliviano, se reunirían a fin de mes para coordinar los tiempos de entrega de la memoria y contramemoria.

Con la demanda, Chile busca que La Haya reconozca al Silala como un río internacional del que el país puede hacer uso. Asimismo establece que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile producto de sus actividades en las cercanías del caudal y también informar las medidas que puedan tener efecto en los recursos hídricos compartidos.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció ayer que La Moneda decidió suspender el trámite de veto para reponer los artículos rechazados e impugnados por el Tribunal Constitucional (TC) a la reforma laboral.

En cambio, el Ejecutivo optó por analizar una reforma constitucional para salvar la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios por afiliación, medidas consideradas como el "corazón" de la iniciativa y que fueron declaradas inconstitucionales por elTC.

Previamente, la Presidenta Michelle Bachelet había señalado en una entrevista radial que esta semana podrían haber anuncios sobre esta reforma.

El vocero de Gobierno señaló que "lo que la Presidenta nos ha pedido y lo que hemos hecho en la reunión con los presidentes de los partidos es explorar la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que nos permita hacernos cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional".

Díaz indicó que en el comité político con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría se acordó "constituir un equipo técnico-jurídico con las distintas bancadas parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma constitucional", en atención a que los sindicatos sean la "expresión de la organización de los trabajadores en la discusión laboral".

El secretario de Estado puntualizó que en este proceso se necesita diálogo con la oposición, ya que "una reforma constitucional de esta envergadura requiere una cantidad de votos que la Nueva Mayoría por sí sola no dispone".

En resumen, sostuvo Díaz, "se suspende toda la decisión relativa veto y a la tramitación de una eventual ley corta a la espera del examen de viabilidad de esta reforma constitucional".

El titular de la Segegob remarcó que "esperamos, y esa es la instrucción que nos dio la Presidenta esta mañana, poder hacerlo en el plazo más breve posible".

críticas en contra

En un comunicado, la Confederación de la Producción y el Comercio calificó la iniciativa del Gobierno como "una nueva incertidumbre". "Llama la atención que hoy (ayer) anuncie una eventual reforma constitucional interpretativa sobre un tema puntual que fue resuelto por el Tribunal Constitucional, adelantando así, un capítulo de esta reforma", apuntó.

En tanto, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) manifestó que esta reforma es "una mala decisión", ya que no respeta el principio "esencial" de los trabajadores a la libertad individual para negociar.