Una presentación administrativa ante el contralor general de la República, ingresó la empresa constructora Claro Vicuña, con el fin de revertir el dictamen que determinó la devolución de $1.140 millones a la Municipalidad de Concepción, a raíz del sobreprecio cobrado por las butacas instaladas durante la remodelación del Estadio Ester Roa Rebolledo.

La acción ingresada al ente fiscalizador tiene dos objetivos, según señaló el abogado de la empresa constructora, Remberto Valdés. El primero es que se le permita conocer los antecedentes que se tomaron en cuenta en la fiscalización realizada al municipio, que según el profesional desconocen, y el segundo es lograr que sea considerada su opinión respecto del proceso realizado, permitiendo presentar antecedentes que, a juicio de Claro Vicuña, faltaron para que el dictamen del contralor general, Jorge Bermúdez Soto fuera modificado.

"En el procedimiento administrativo en donde a un tercero la acción le provoque algún tipo de efecto en su patrimonio, como es el caso, tiene, a nuestro juicio, el derecho de ser escuchado antes de que eso se produzca (dictamen). Como eso no se produjo oportunamente, le hemos solicitado al contralor general que evalúe los antecedentes que le hemos acompañado y la postura que tiene la compañía frente a la fiscalización que le hizo el municipio", declaró Valdés, el que comentó que seguirán esta vía, descartando por el momento alguna opción judicial.

BOLETAS

Hasta el momento, Claro Vicuña tiene como plazo máximo este miércoles 27 de abril para devolver los $1.140 millones al municipio penquista. De no ser así, la casa edilicia cobrará una de las boletas de garantía que tiene en su poder, en este caso, la emitida por el Banco Scotiabank por $1.980 millones.

Sobre este punto, el abogado Valdés no quiso profundizar y precisó que la opción de que sea cobrada es una de las posibilidades, pero que todo dependerá de la decisión que adopte el contralor general. Es decir, si la respuesta del organismo cambia antes de esa fecha o que se paralice el cobro mientras se resuelve el tema.

"Todo dependerá de las facultades discrecionales del contralor", comentó el abogado de Claro Vicuña.

Cabe recordar que la empresa retiró el recurso de protección que presentó a la Corte de Apelaciones y con el que buscaba paralizar el cobro, a través de una orden de no innovar. Asimismo, se ha informado que la constructora ha solicitado ampliar en tres meses el plazo del documento de garantía para que no se cobre mientras se ve revisa el tema en Contraloría. No obstante, Valdés aseguró que desconoce estas gestiones.

EMPLAZAMIENTOS

Los motivos de la millonaria devolución que debe realizar la empresa constructora a cargo de la remodelación del recinto de Collao se debe a la diferencia detectadas en el costo de los asientos, ya que el municipio pagó un precio unitario de $40 mil, pese a que el análisis de la Unidad Técnica determinó que el valor real era de $21 mil.

La gestión municipal ha sido blanco de diversas críticas, principalmente del concejal RN, Joaquín Eguiluz, que cuestionó la posición de las autoridades que avalaron el proyecto, como el alcalde Alvaro Ortiz, el intendente Rodrigo Díaz y el seremi de Obras Públicas, René Carvajal.

"Durante meses, y a través de distintos medios el alcalde negó estas acusaciones, asegurando que era pirotecnia política", dijo hace unos días atrás el concejal Eguiluz.

Sobre estos emplazamientos, el intendente Rodrigo Díaz fue claro y categórico. "Me siento orgulloso de haber tomado la decisión de ponerle fin al contrato que existía con la empresa que dejó inconcluso el puente Bicentenario, y para que la ciudad de Concepción cuente con el recinto más importante que existe al sur del país", enfatizó.

La autoridad explicó que el contrato que se efectuó con Claro Vicuña fue a través de un contrato particular, distinto al que se realiza tradicionalmente por partidas, ya que si se concretaba de esta forma el estadio no hubiera sido terminado a tiempo.

"La Contraloría de la República ha considerado lo contrario y lo que está haciendo la Municipalidad de Concepción es acatar, aunque no se comparta la resolución", expuso Díaz.

Una postura similar es la que tuvo el seremi de Obras Públicas, René Carvajal, el que también declaró que su repartición tiene una postura distinta a la de Contraloría, ya que aseguró que todo lo realizado está conforme a derecho y a contrato.

"Creemos que Contraloría está equivocada, tiene un punto de vista que no compartimos, pero no nos corresponde a nosotros seguir con el reclamo, sino que al municipio. Ellos estimaron que deben cerrar el capítulo y están en el procedimiento de la resolución de la Contraloría", expresó Carvajal.

En tanto, Remberto Valdés aseguró que todo los trabajos fueron realizados de forma rigurosa y aplicadas a la ley del contrato y al del Ministerio de Obras Públicas.

Dos proyectos de infraestructura tienen pensado realizar en la Policía de Investigaciones en la Provincia de Ñuble durante este año, y se relacionan con la apertura de un nuevo cuartel en pleno centro de Chillán y obras de reparación del histórico edificio de Vega de Saldías.

Así lo confirmó el prefecto inspector Christian Alfaro, jefe regional de la policía civil, quien ayer estuvo en la provincia realizando una inspección a las distintas brigadas que conforman la prefectura de Ñuble.

"No es prioridad hoy la reposición del cuartel de Chillán", comentó de entrada el oficial policial, aduciendo que están trabajando en ingresar al Gobierno Regional el proyecto que buscará reparar el edificio de Vega de Saldías.

"Estamos trabajando en un proyecto de conservación, que según nuestra pretensión, sería financiado con un fondo de desarrollo regional (Fndr) y poder acceder a reparaciones que están dentro de esta misma conservación", expresó Christian Alfaro.

Dentro de esta lógica, no buscarán hacer una gran remodelación del cuartel central de la PDI, que en Ñuble es uno de los tres recintos con que cuenta la institución en Ñuble. Los otros dos están ubicados en avenida O'Higgins (que alberga a la Brigada Antinarcóticos y la Brigada Investigadora de Robos), como también en San Carlos (sede de una Brigada de Investigación Criminal).

"El monto requerido, de acuerdo al presupuesto, estamos hablando de poco más de $300 millones, que están dentro de la conservación, que es menos del 30% del valor del edificio en su totalidad, porque eso es lo que está estipulado, y de esa manera se podría acceder a una situación que nos permita que esta estructura se mantenga por 10 años más", señaló el Prefecto Inspector.

Descongestión

A principios de año, el senador Felipe Harboe visitó el cuartel ubicado en Vega de Saldías 350, constatando que las distintas brigadas trabajan en un espacio ya congestionado. Por ello, se reunió con el director nacional de la PDI, Héctor Espinoza, con quien se iniciaron las gestiones para mejorar la situación de infraestructura de las unidades especializadas.

"En Chillán ya estamos arrendando una nueva propiedad, con la finalidad de descongestionar el cuartel central", señaló el prefecto inspector Alfaro Zúñiga, quien precisó que el inmueble estará ubicado en calle Arauco, entre Maipón y Arturo Prat, que solía ser una casa de estudios.

"Como ese edificio ya está listo, estamos haciendo las últimas adecuaciones para trasladar al personal hasta ese lugar", dijo el oficial policial, confirmando además que "las brigadas que van a estar por ahí, por ahora, serán la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim)".

Si bien el plazo aún no está definido, desde la institución aseveraron que dentro del segundo trimestre debería abrir sus puertas a los usuarios de la zona.

Una serie de accidentes de tránsito se registró durante la tarde ayer casi de manera simultánea en la ruta del Itata, que une las comunas de Concepción y Chillán.

Los hechos se registraron en el kilómetro 45, donde una camioneta volcó y dejó a una persona lesionada. Muy cerca de aquel sector, en el kilómetro 43,5, un furgón registró la misma situación.

En tanto, a la altura del kilómetro 73, otro auto volcó, dejando un lesionado. Finalmente, en el kilómetro 80, un auto chocó con un muro de contención de la carretera.

Producto de los accidentes, al menos tres de las cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Penco se desplegaron en la vía para atender las emergencias. Carabineros llamó a extremar las precauciones al conducir, debido a lo resbaladizo de las vías por la fuerte lluvia.

Más de 400 trabajadores de la Seremi de Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, del Biobío marcharon durante la mañana de ayer en Concepción para exigir igualdad en la iniciativa que busca el traspaso de funcionarios del sistema de honorarios a contrata.

Loreto Jorquera, dirigenta del gremio de trabajadores a honorarios, explicó que el año pasado, en el compromiso presidencial realizado en la cuenta pública, se comprometió un traspaso a contrata de más de 8 mil trabajadores a honorarios de los distintos servicios públicos del país hasta 2018.

Sin embargo, aseguró que hace un mes se enteraron que el 90% de los trabajadores a honorarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no entrarían en esta categoría. "Lo que exigimos es igualdad para todos", sentenció.

"En la Región hay 452 trabajadores bajo esta modalidad y sólo 20 personas cumplirían con los requisitos para ser traspasados a contrata", puntualizó.

Si bien las puertas de estos servicios públicos estuvieron abiertas durante la jornada, la atención al público no fue realizada.

En esa línea, Jorquera sostuvo que esperarán las nuevas negociaciones de las próximas horas y de ahí analizarán las acciones a seguir.