La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que preside el intendente Rodrigo Díaz, aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental de la Central Frontera, un proyecto de pasada de bajo desnivel del tipo Run of River, ubicado en el río Biobío, en el límite de las comunas de Los Ángeles y Mulchén.

Central Frontera tendrá una potencia instalada de 109 MW y una generación anual de 449 GW por hora, lo que permitirá abastecer a más de 170 mil hogares.

Además destaca por producir energía limpia, tener una relación positiva con el medio ambiente y sus características sustentables permitirán evitar emisiones de CO2 equivalentes a la reforestación de más de 12 mil hectáreas.

La nueva central, que considera una inversión de US$ 300 millones es un proyecto de Energía Llaima en conjunto con inversionistas locales de la Región del Biobío.

Energía Llaima es una empresa chilena integrada por inversionistas de dilatada trayectoria empresarial enfocada en el desarrollo, implementación y operación de proyectos de energía limpia y renovable. La sociedad está conformada por Energía Llaima e inversionistas locales. Por Energía Llaima están las familias Claro, Said Somavía, Said Handal y Garcés.

Los proveedores locales son oriundos de la ciudad de Los Ángeles y corresponden a las familias Elfeld Winkler y Pino Elfeld.

Respecto del proceso de construcción, se espera comenzar los trabajos a mediados del presente año. "Queremos comenzar el proceso con prontitud pues sabemos que desarrollaremos un proyecto importante también para la comunidad por cuanto se generarán puestos de trabajo directos e indirectos", señaló Jaime Pino, gerente general de Central Frontera.

Durante la etapa de construcción la central necesitará en promedio 372 trabajadores, cantidad que aumentará a 860 personas en los períodos más intensos de trabajo.

La mantención para 2016 de la cuota de jurel impactará directamente en la Región del Biobío, zona donde se pesca y procesa una parte importante de la producción nacional.

statu quo

Súnico agregó que "trabajadores de flota y plantas pesqueras, así como también la pesca artesanal podrán efectuar operaciones que sin duda le dan estabilidad al sector. El jurel sigue siendo un recurso emblemático para nuestro país y esperamos que el trabajo que estamos realizando en la ORP-PS para su cuidado y conservación nos permita proyectar esta actividad extractiva por muchos años".

Chile contará con una cuota total de 297 mil toneladas autorizadas para pescar jurel durante la temporada 2016, hecho que el subsecretario valoró señalando que "es un logro que le da estabilidad al sector y colabora a la consolidación de la organización".

En los cuatro años de funcionamiento de la Comisión de la ORP-PS, es la primera vez que se alcanza un acuerdo de forma tan expedita. Según el subsecretario Súnico "la posición de Chile fue muy bien recibida por los delegados y fue clave la postura asumida por la Unión Europea quien nos respaldó abiertamente. Este logro se debe a un trabajo conjunto y en donde el apoyo y las gestiones llevadas adelante por la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de nuestra Cancillería fue clave".

La autoridad afirmó que con este resultado se consolida la cuota de participación nacional y el desafío ahora es lograr establecer medidas estrictas de control a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y mayores controles a las flotas que pescan en alta mar.

La reforma tributaria benefició efectivamente a la venta de viviendas en 2015, que terminó cerrando el ejercicio con un crecimiento de un 25,8% básicamente en el Gran Santiago y sobre el 20% en todo Chile. "Ese es un salto grande", reconoció el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC, Javier Hurtado.

En ello mucho tuvo que ver el impacto que tendría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo final de las viviendas, tal como lo promocionaron las inmobiliarias durante todo el año. Al respecto, Hurtado, aclaró que "efectivamente el tema del IVA fue muy relevante porque puede afectar entre un 3 y un 6% el valor final de la vivienda".

En este sentido, el ejecutivo dijo que es un error pensar que las inmobiliarias incentivaron la venta con el argumento que la exención del IVA sólo duraría hasta el 31 de diciembre de 2015, porque todos los contratos de compraventa que se efectuaron en 2015 quedaban exentos, así como todo lo que termine de construirse durante el 2016, porque una parte importante de eso se había comprometido en 2015.

Consultado si las modificaciones tributarias afectarán a las constructoras en sus intenciones de inversión futura, Javier Hurtado dijo que los cambios impositivos son menores. Explicó que ya se clarificaron algunas materias como las viviendas que se venden por leasing, donde no estaba claro que hay viviendas sociales que se venden por leasing y que teniendo subsidio estaban afectas a IVA, pero esto se clarificó y no están sujetas a este tributo.

Respecto al crédito IVA a la vivienda existen normas que son relevantes y que resuelven la aplicación práctica. Una tiene relación con las promesas de compraventa. La norma actual establece que son un hecho gravado a partir del 1 de enero de este año, es decir, que si bien la venta final puede quedar exenta por la aplicación de los artículos transitorios, los anticipos (pagos) de promesas deben facturarse a partir del 1 de enero, pero va a pagar IVA al momento de la venta. Es decir, la factura debe emitirse por la venta y nunca por los anticipos.

Otro aspecto de esto es el periodo transitorio, esto es entre el 1 de enero de 2016 y la fecha en que se publique en el Diario Oficial. En este periodo las promesas de compraventa debe ser facturadas y por lo tanto, ahí debe valorarse el IVA que corresponde solo al saldo remanente.

"En su momento dijimos que era bastante malo, pero habrá que esperar a que se vote esta reforma a la reforma, por lo pronto las inmobiliarias tendrán que aplicarlo como se señala", dice Hurtado.

En cuanto al crédito especial para las constructoras, detalló que se aplicará a las viviendas cuyo valor sea de 2000 UF a partir de 2017, pero límite puede pasarse en algunas regiones hasta en 200 UF.

Hurtado señala que se aplicará a todas las viviendas con subsidios y eleva el monto en las zonas extremas, y aclara que por ese solo hecho quedan exentas de IVA. Advierte que habrá de nuevo que esperar a que salga la reforma a la reforma que está en el Congreso, para saber en definitiva cómo va a quedar esto, dijo el ejecutivo.

Con todo, la mirada del gremio constructor para este año en términos de ventas es menos optimista.

"Claramente estimamos que cerraremos este 2016 con una caída de un 15% a nivel nacional y a nivel de actividad constructiva podría crecerse un poco, por el dinamismo que traen todas las obras que se iniciaron en 2015 y deben terminarse este año, lo que implica que la actividad va a estar fuerte en vivienda", afirmó, aunque el ánimo del sector sobre el escenario económico, social y político, y en general de los empresas sigue siendo malo, afirmó el gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado.