Entre el 15% y el 20% de los delitos contra la propiedad no logran ser judicializados por el Ministerio Público debido a que no existen pruebas o éstas son insuficientes para realizar la persecución penal.

Para mejorar esta situación, y entendiendo que las primeras horas de ocurrido un delito son trascendentales para lograr buenos resultados, ayer en la Región comenzó la capacitación y entrega a las diversas unidades policiales, tanto de Carabineros como la Policía de Investigaciones, del Manual de Primeras Diligencias en Delitos de Robos.

Este documento, que fue trabajado por la mesa antidelincuencia conformada por las policías, Fiscalía y el Gobierno y, articulado principalmente por la Fiscalía del Biobío y la Metropolitana Centro Norte, será un instrumento para que las policías puedan recabar con mayor rapidez y eficacia las diversas pruebas luego de ocurrido un delito.

"Mientras más no alejamos del día de ocurrido los hechos, más difícil es dilucidar una situación y llegar los responsables. Este manual tiende a acercar estas diligencias a la inmediatez, a un trabajo más mancomunado entre fiscales y policías, y que en definitiva debería seguir la senda de resultados positivos en materia de delitos contra la propiedad", contó el fiscal regional, Julio Contardo.

En definitiva, este manual regula las distintas actuaciones que tanto Carabineros como la PDI deben realizar, luego de ocurrido un delito, sin necesidad de recibir instrucción previa de un fiscal. El instructivo contiene una serie de directrices, tales como individualización de víctimas y testigos, toma de declaraciones policiales de manera idónea, incautación de evidencia que permita acreditar el hecho delictual y la identidad de los participantes, entre otros.

MÁS JUDICIALIZACIÓN

Este manual que formará parte de la malla curricular de los estudiantes a carabineros y detectives, permitiría tener mejores antecedentes para judicializar los casos que se denuncian al Ministerio Público y policías.

Contardo sostuvo que en las etapas procesales y de juicio no tienen problemas, lo que quedaría reflejado según él, en que el 90% de los casos que se lleva a juicio terminan con una sentencia condenatoria. No obstante, declaró que el problema está en la cantidad de casos que se logran judicializar.

"Muchos de los delitos contra la propiedad se desestiman porque, o no existen pruebas, o son insuficientes", expuso el fiscal regional.

En la última Cuenta Pública se informó que el 42% de los casos denunciados y que llega a Fiscalía queda archivado. Esta cifra es menor a la nacional, pero sigue siendo una preocupación.

"En cuanto a los delitos contra la propiedad, el porcentaje de causas que se judicializa llega al 20%", declaró el fiscal Contardo.

El intendente, Rodrigo Díaz, se refirió a la importancia de este manual y comentó que durante la jornada de ayer se comenzó la capacitación en tres prefecturas de Carabineros (Concepción, Talcahuano y Ñuble). En total fueron 300 personas capacitadas por los fiscales jefes de la zonas.

"También se realizarán en las semanas siguientes capacitaciones al resto del personal policial, tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones. Este trabajo nos va a permitir cumplir nuestro cometido, que es brindar mayor seguridad", declaró la máxima autoridad regional.

POLICÍAS

Para ambas policías, este instrumento permitirá que exista una mejor coordinación con el Ministerio Público, lo que también llevará a acortar los tiempos de respuesta de ambas instituciones.

El general y jefe (s) de la Octava Zona de Carabineros, Félix Flores comentó que actualmente el trabajo desarrollado por la institución permitió reducir la cantidad de denuncias de delitos en un 7%. El general Flores, declaró que este manual impactará de forma positiva en el trabajo que desarrollan.

"Si bien es cierto que el código procesal penal es de muchos años y que se nos enseñan en las aulas de la Escuela de Carabineros, esto reforzará la coordinación y comunicación con los fiscales de forma permanente", expuso el jefe policial, que es titular de la Séptima Zona de Carabineros Maule y que está subrogando al general Hermes Soto.

Por su parte, el Jefe de la Prefectura Provincial Concepción, Prefecto Miguel Vargas, sostuvo que el manual será un avance considerable para respaldar los trabajos investigativos de la institución, lo que además llevará a tener mejores resultados.

En un fallo que podría considerarse histórico para la ciudad de Concepción, la Corte Suprema entregó la razón al abogado Antonio Alarcón Azócar respecto al recurso que presentó luego de que un grupo de perros le atacara en las afueras del edificio Tribunales el 24 de julio de 2015.

El fallo considera a la Municipalidad de Concepción y a la Seremi de Salud como las entidades que deben responder por los canes, ya que ambas fueron consideradas en el recurso. Para esto, según el documento, cuentan con 30 días de plazo para presentar un plan de acción que solucione la situación de perros abandonados en las calles penquistas.

Eso sí, eso aún no se produciría ya que la notificación todavía no llega a los organismos. La respuesta de la Corte Suprema fue recién emitida el lunes 25 de enero en el municipio se enteraron de manera extraoficial. "Lo que corresponde es que la sentencia una vez se tramite en la corte suprema pase a la corte de apelaciones y se disponga el cúmplase de la sentencia, y ser nosotros notificados", dijo el alcalde (s) Aldo Mardones, asegurando que conocía las implicancias del fallo.

Lo más relevante en esta línea, es que no significaría un peligro para los canes ni la eliminación de los mismos, preocupación constante de grupos animalistas que hicieron patente a través de redes sociales una vez conocida la noticia en portales web.

NO SE matarán

Las acciones que deben emprender tanto la municipalidad como la Seremi de Salud en conjunto apuntan fundamentalmente a funciones municipales, consagradas en distintos cuerpos legales, fundamentalmente la ley 18.695 que se enfocan en el aseo y ornato de las ciudades y el medioambiente.

"Una vez que llegue el fallo tendremos que analizarlo con la seremi de salud, ver qué acción en conjunto podemos realizar y ver qué acción nos correspondería ejecutar a cada uno en forma aislada de acuerdo a nuestras facultades legales", dijo el alcalde.

Lo cierto es que el fallo, tomando en cuenta diferentes cuerpos legales y resoluciones, es claro: considera que las entidades aludidas no encaminaron acción eficaz alguna que impidiera los ataques a la víctima. Además, indica que los municipios "cuentan con las atribuciones para disponer el retiro de perros vagos con el objeto específico de trasladarlos a caniles municipales -con la intervención de un veterinario contratado al efecto- y así acoger y alimentar a los perros que se encuentren abandonados en la vía pública".

Y que "no existe facultad legal que habilite a los municipios para dar muerte a los perros abandonados en la vía pública, como una forma de controlar la población canina".

Así lo indicó Mardones al decir que "no nos obligan a poner termino a la vida de los animales, sino mantener espacio liberado y evitar situaciones de riesgo", lo mismo que reiteró Antonio Alarcón . "El fallo no será perjudicial para los perros. Implica que la autoridad tiene que hacerse cargo en condiciones dignas de estos animales", aseguró.

EXPECTATIVAS

Más allá de darle la razón, el fallo para Alarcón da cuenta de importantes irregularidades de los servicios locales. "Están incumpliendo una labor legal que es hacerse cargo de esta problemática que son los perros vagos", aseguró. De hecho, al presentar el recurso su principal motivación es que alguien se hiciera cargo del problema, ya que "no podemos esperar que sean grupos animalistas, ONG, voluntarios. Tiene que haber una solución efectiva, organizada y que se pueda medir en el tiempo".

En esta línea, espera que el fallo pueda marcar un precedente frente a este tipo de casos, que no son aislados, pero que en pocas ocasiones gatillan la presentación de un recurso, decisión que tomó por su conocimiento y formación como abogado.

"Esta sentencia obliga al municipio de Concepción, sin perjuicio que constituye una jurisprudencia interesante, y cualquier persona que sea víctima de un ataque de este tipo va a poder recurrir a la corte de apelaciones y fundado en esto exigir que el municipio otorgue una solución al problema en cada comuna", manifestó.

En el sector Elicura, comuna de Contulmo, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, realizó el mayor decomiso de marihuana que va del 2016. En ese sector se encontraron 6.113 plantas de cannabis.

El cultivo fue descubierto en el sobrevuelo desarrollado por funcionarios de la Brigada Aeropolicial de la PDI. En éste se lograron localizar 6 focos de plantaciones ocultos en medio de un sector inaccesible

El tamaño de las plantas incautadas por la PDI oscilaba entre los 50 centímetros y dos metros de altura, las cuales eran regadas por medio del sistema por goteo, en una superficie aproximada de media hectárea.

El Jefe de la Prefectura Provincial Concepción, Prefecto Miguel Vargas indicó que "el procedimiento fue un trabajo de inteligencia y labor en terreno que permitió erradicar una cantidad importante de este alucinógeno, evitando su comercialización", puntualizó.

Desde el punto de vista operativo, el jefe de la Brigada Antinarcóticos Concepción, comisario Eduardo Flores, destacó como exitosa la operación, indicando que este procedimiento se concretó por medio de una georeferenciación de la información que esa unidad especializada mantiene y del desplazamiento del delito.