Una denuncia que acusa la manipulación del libro de asistencia de los alumnos de la Escuela Rafael F-422 de Tomé, con el fin de conseguir así una mayor subvención económica, realizaron profesores y funcionarios de ese establecimiento.
Se trata de una acusación que en principio había sido presentada en diciembre pasado ante la Superintendencia de Educación, organismo que ya tomó posición al respecto.
Según la denuncia, la acción ilegal obedece a una orden emanada por la directora del establecimiento, Mónica Cáceres, que a través de una minuta a la que tuvo acceso El Sur, ordenó a los profesores "manejar la asistencia de los alumnos, ya que los últimos meses hemos registrado la más baja asistencia de la comuna". Además el documento instruye a los docentes para que compren un "lápiz mágico que borre tinta, para evitar borrones en la página de subvención".
Como segundo antecedente está la existencia de dos registros paralelos con información diferente sobre las inasistencias de los escolares. Por un lado, está un cuaderno de justificaciones en donde cada apoderado debe explicar por escrito y con su firma las razones de la falta a clases del alumno. Ese registro, que es copia fiel de las verdaderas inasistencias de los escolares, no tendría relación con lo que afirma el libro de clases, que por otra parte dice que la asistencia ha sido mayor. Así, aparecerían apoderados justificando días en que sus hijos figuran como presentes.
"La directora nos exige un 95% de asistencia como meta, y generalmente aparecen asistencias fabulosas, de hasta el 99% en algunos casos, pero si a los niños les tomamos el Simce no están a la altura, simplemente porque la real asistencia es mucho más baja. No hay una preocupación real por ellos", explicaron algunos profesores de esa escuela.
DIRECTORA SE DEFENDIÓ
"Se trata de una denuncia que suponemos hizo una persona muy malintencionada que inventó todo, porque nosotros no tenemos esa práctica", explicó la directora de la escuela, Mónica Cáceres, rechazando las acusaciones.
La directora, cuya firma aparece en el documento que ordena a los docentes "manejar la asistencia" y también comprar un "lápiz mágico" para esos fines, agregó que cuando la Superintendencia de Educación se hizo presente "les dije que revisarán todo lo que quieran, porque no van a encontrar absolutamente nada, y así fue, no encontraron nada y eso fue todo".
Cáceres añadió que aunque no tiene evidencias de quién hizo la denuncia, sospecha que fue un docente que según ella no cumplía con el perfil necesario para el proyecto educativo de la escuela.
"Posiblemente el profesor estaba molesto e hizo la denuncia anónima. Yo estoy conforme porque no encontraron nada. En los hallazgos se señala que (la denuncia) no procede porque no se encontró nada. Para mí es una calumnia de una persona de mal gusto con mala intención, que se fue enojada con los docentes que lo evaluaron mal, por incumplidor, faltas al trabajo, las licencias médicas no las presentaba acá, no daba explicaciones, los niños le tenían miedo. Había miles de cosas que hacían que no volviera el próximo año", sostuvo. "Eso de que hubiésemos manejado la asistencia o que hubiese un lápiz para estos fines es imposible, no corresponde", dijo, y añadió que "lamentablemente siento que la maldad aparece por cualquier lado. Acá los profesores se fueron súper contentos y estamos súper bien, después de haber hecho un trabajo muy fuerte todo el año".
AUTORIDAD ACTUARÁ
Desde la Superintendencia de Educación, el director regional Dalton Campos entregó detalles que explican cómo han abordado el tema y qué pasos se darán. "La denuncia hace referencia a instrucciones que están por fuera del marco legal, para hacer aparecer mayores alumnos presentes en días determinados. Nuestro Servicio recibió esa acusación, se pidieron los antecedentes de rigor para fundamentar la acusación, y estos hacen absolutamente verosímil la denuncia", contó la autoridad.
"Se concurrió a hacer una visita de fiscalización a todos los libros de asistencia del establecimiento, y los antecedentes recopilados más las pruebas de la denuncia han permitido iniciar un proceso administrativo que hoy está en curso en contra del establecimiento, para poder aplicar las sanciones que la normativa establece en situaciones tan graves como esta", detalló la autoridad.
La fiscalización, misma que según la directora de la escuela no arrojó irregularidades, se hizo durante el mes de enero, "y de acuerdo a los tiempos que nosotros como Servicio estamos manejando, esperamos que en los próximos 30 días podamos tener todos los antecedentes para poder resolver", contó Campos.
Una vez determinados los hechos, la Superintendencia de Educación podría establecer medidas dirigidas en contra del sostenedor, que es la Municipalidad de Tomé. "Tenemos establecidas multas que van desde 51 a 500 unidades tributarias mensuales" (Desde dos hasta 22 millones de pesos aproximadamente), explicó el director de la Superintendencia de Educación. En caso de que la infracción sea considerada como grave, la multa partiría desde los 22 millones de pesos.
"Eventualmente la gravedad de los hechos podría significar una sanción a través de una multa bastante cuantiosa hacia el sostenedor, sin perjuicio de las medidas internas que ellos adopten, y que sean informadas y consideradas para poder valorizar su actuación y aminorar la posible sanción", explicó el jefe de la Superintendencia del ramo.
Agregó que luego de reunidas las pruebas, se designó a un fiscal encargado de la investigación, que valorará los antecedentes y formulará -de ser necesario- los cargos de rigor, para que luego la Municipalidad de Tomé pueda hacer sus observaciones o defensas, y así desvirtuar o acreditar la irregularidad.
En caso de esto último, las medidas administrativas, como una eventual destitución de la directora, las deberá tomar el municipio a través de un sumario administrativo.
Desde el Departamento de Educación Municipal (DEM) del municipio tomecino, explicaron que aunque hasta ahora no han sido notificados de alguna infracción por parte de la Dirección de la Escuela de Rafael, en caso de comprobarse se procederá conforme a la ley y se abrirá una investigación sumaria, solicitando las más altas sanciones.
