En los próximos días notificarán sanciones por rellenos ilegales
Durante los próximos días la Dirección General de Aguas (DGA) notificaría a un grupo de propietarios sobre la resolución que se adoptó en el proceso sancionatorio que se inició en 2015 a raíz del relleno ilegal que se generó en la ribera del río Biobío. Esta acción es paralela a la denuncia que hizo ayer la Seremi de Bienes Nacionales para investigar un delito de usurpación sobre estos hechos.
Actualmente, la DGA lleva procesos sancionatorios en contra de 9 propietarios que habrían realizado rellenos ilegales de la rivera del Biobío. Así lo informó el director regional de la entidad, César Saavedra.
"En los últimos 5 procesos que son durante 2015, sólo uno fue notificado y en el resto está pendiente la notificación de la resolución que les ordena realizar lo que le corresponda hacer luego del análisis legal", expuso el jefe de la DGA.
Uno de los que debería ser notificado dentro de los próximos días sobre las acciones que debería ejecutar, es el representante legal del restaurante Tijuana, que supuestamente habría rellenado 3.466 metros cuadrados en el camino que une a San Pedro de la Paz con Santa Juana.
Sobre las sanciones que podrían estar aparejadas a este hecho, Saavedra comentó que en las resoluciones se pueden cursar multas que van de 50 a 500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, de $26 millones a $260 millones. "Si no, se deriva al tribunal respectivo, dependiendo de lo que se resuelva, para que sea éste el que aplique la multa a beneficio fiscal", contó Saavedra.
El director regional de la DGA además sostuvo que "independiente al sanción cursada, también está la instrucción de restituir el cauce o de devolverlo a las condiciones que tenía antes de la modificación".
DENUNCIA A FISCALÍA
Por un posible delito de usurpación de bien nacional de uso público es la presentación que hizo ayer en la Fiscalía local de Concepción la Seremi de Bienes Nacionales.
La solicitud de investigar al Ministerio Público es a raíz del relleno ilegal de más de 24 mil metros cuadrados que habrían hecho cuatro propietarios particulares en la ribera del Biobío.
La acción se adoptó tras contar con los antecedentes que daban cuenta de que en los terrenos existían superficies, originadas a través de rellenos, mayores a los inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.
"Como Bienes Nacionales vamos a hacer todas las acciones penales y civiles que podamos emprender. Creemos que nos es suficiente ya con las medidas administrativas (en la Dirección General de Aguas), ya que no hay reacción de los particulares. Nosotros tenemos la convicción de que estamos frente a un delito y por eso le pedimos a la justicia que nos ayude en esta investigación", contó el seremi Eric Aedo.
El asesor jurídico de la repartición, el abogado Jorge Valenzuela, declaró que el delito que se denunció es el de usurpación de un bien nacional de uso público. "Sostenemos que como bien nacional de uso público, el cauce del Río Biobío no puede ser apropiado por un particular, ya sea los actuales propietarios o los anteriores, por eso hicimos esta denuncia, para que se investigue y se pueda determinar cuál fue el actor material de estos rellenos", explicó el jurista.
La denuncia ingresada ayer apunta a las empresas TEX-MEX Ltda., que administra el Tijuana; Inversiones Malla S.A., Inversiones Fide Limitada y el particular Carlos Jorge María Vandeputte Desrumaux. Las propiedades se ubican entre el kilómetro 2,5 y 31 del ruta 156, camino que une San Pedro de la Paz con Santa Juana.