Una semana después de que la Presidenta Michelle Bachelet presentara los detalles del Presupuesto de 2016 y se definieran los criterios para acceder a la gratuidad inicial en la educación superior, la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada (Ofesup) -que representa a los estudiantes de 16 instituciones- está disconforme tanto en la forma como en el fondo de esta política.

Su vocera, Mónica Salas, quien también es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice que les hubiese gustado que las exigencias para adherir a este beneficio hubiesen sido uniformes para todas las casas de estudio.

Por ejemplo, critica que a las universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores (Cruch) se les exija una acreditación mayor que a los planteles del Cruch, de al menos cuatro años.

"A nosotros nos parece que la calidad de las instituciones de educación superior debe ser una regla general y no una exigencia para ciertas instituciones. Y ahí es que nosotros nos encontramos en cancha dispareja con otras instituciones", acusó la dirigenta.

También cuestiona que a los CFT e institutos profesionales se les pida tener una personalidad jurídica sin fines de lucro, algo que le parece "arbitrario" porque hoy la educación técnica efectivamente puede lucrar.

"Qué pasa con las instituciones técnicas que hoy pueden lucrar y que se les pide un requisito arbitrario, y para las universidades sería un requisito mucho más exigente, que en la práctica es muy difícil cumplir, sobre todo si a través de glosa presupuestaria nos dan apenas unos días para poder cambiar la modalidad de cómo funcionan nuestras instituciones", advierte.

Salas rechaza la política de participación en los gobiernos universitarios y la califica de "inaccesible", debido a que, según dice, en la educación superior privada hay muchos planteles que "apenas han conseguido generar procesos federativos", e incluso existen otros que ni siquiera cuentan con una federación de estudiantes.

- Estamos de acuerdo con que se termine el lucro, pero esa debiese ser una exigencia general y que el Estado lo propulse, no una exigencia que es para ciertas instituciones a las que, de hecho, hoy día la estructura jurídica sí les permite lucrar, como es la educación técnica. También estamos de acuerdo con la participación estudiantil, pero no en una triestamentalidad. Entendemos la participación estudiantil al menos como federación de estudiantes, y eso hubiese sido un requisito mucho más accesible para nuestras instituciones. De lo contrario, se sobreentiende que este Gobierno lo que hace es segmentar entre ciertos tipos de instituciones y generar más segregación de la que ya hay en un sistema educativo superior.

- Efectivamente. Entendemos que el financiamiento a las instituciones tiene que ver con tener un objetivo de financiar a las instituciones y dar garantía del sistema, en vez de financiar a la conducción de los individuos. Pero si hoy día la situación financiera del país no permite cubrir la totalidad de estudiantes, no puede ser que los criterios sean tan arbitrarios para dejar deliberadamente fuera a una parte de la matrícula en educación superior. Entendemos que hay una opción deliberada, medida promovida por el Gobierno, de dejar fuera a ciertas instituciones por criterios que no nos quedan claros y que no son válidos en democracia.

- Nos hemos topado muchas veces con el prejuicio de alzar la voz representando a la educación superior privada pero desde la Adolfo Ibáñez. El rector Benítez es vocero de una junta directiva y a mí me toca ser vocera de estudiantes. Hoy nuestra institución tiene sólo un 7% de estudiantes vulnerables, pero estamos de voceros de instituciones que tienen al 80% de estudiantes vulnerables, como es la San Sebastián. Por tanto, hay que dejar la crítica gremial que proviene de ciertas instituciones, para dar paso a una verdadera crítica y un diálogo sustantivo con los actores de educación que hoy no tienen voz. En nuestra institución hay un estrato socioeconómico alto dentro de los estudiantes que probablemente permee la situación en la que nos encontramos sobre las discusiones. Pero nuestra lucha no puede estar sólo de la mano de los intereses de nuestra institución, sino también de la de los estudiantes más vulnerables que son parte del mismo tipo de institución que nosotros y que están quedando fuera de esta reforma.

- Los criterios para fijar el arancel regulado no han sido transparentados, entonces no queda claro por cuáles se van a dirigir, sobre todo desde el punto de vista de que instituciones como la mía se restaron de un plan como éste, toda vez que un proyecto educativo ambicioso como es el de la Adolfo Ibáñez no iba a ser posiblemente costeado por el Estado. Como estudiantes no estamos tan preocupados como los rectores por proyectos educativos, situaciones financieras, ni autonomía de las instituciones. Los estudiantes estamos preocupados de una cuestión en la que no se ha puesto tanto ojo, que es la discriminación, en que algunos estudiantes tengan beneficios que algunos con la misma condición no van a tener. Esto no se trata de una defensa corporativa, sino más bien de rescatar el sentido o la sensatez de esta reforma que va en pos de dar mejor acceso, mejores condiciones y revestir el del derecho a la educación a la ciudadanía y partir por los más vulnerables.

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- La Confech tiene una síntesis histórica de mucha más larga data que la Ofesup. La Ofesup apenas tiene tres años y el año pasado estuvo en las mesas de participación del Gobierno. Este año nos tocó jugar un rol que tuvo más preponderancia por el hecho de los anuncios. Toda vez que los anuncios nos dejaban fuera, nuestra voz se tuvo que alzar con mayor fuerza. Hasta el año pasado la Ofesup tenía seis federaciones miembro. Hoy somos 16. Creemos que la organización va a seguir creciendo porque tenemos intereses y realidades completamente distintas a las instituciones del Cruch. Pero muchas instituciones, por ejemplo la mía, participan también de la Confech, y dentro de la Confech hay una trayectoria política que basta verla en los medios para entender que se trata de dirigentes que cuentan con mayor expertise, con mayor financiamiento, y eso no pasa en las universidades privadas.

- A nuestros dirigentes les cuesta más participar de las discusiones públicas, a nuestras bases también les resulta más complejo agilizar la discusión. Y por tanto, hoy nos encontramos en que somos una organización más pequeña. Sin embargo, eso mismo hace la reflexión de que siendo gran parte de la matrícula en educación superior, hoy tengamos menos federaciones de estudiantes. Es también una reflexión que permite pensar en qué está pasando en las casas de estudios de la educación superior privada, porque somos muy pocos los que estamos participando del debate público.

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- Durante los próximos días haremos llegar una invitación a los rectores de nuestras casas de estudios para sumar fuerza a un mensaje que tiene que ver justamente con la discriminación hacia los estudiantes más vulnerables de la educación superior privada. Sentimos la necesidad de tener un respaldo por parte de los directivos de nuestras instituciones, que efectivamente han hecho críticas a las reformas, que no precisamente son las mismas que hemos hecho los estudiantes, pero si la Confech se reúne con el Cruch y funciona como verdaderos lobbistas de esta institución, nosotros también tenemos el derecho a conversar con nuestros rectores y a tratar de generar puntos de acuerdo.

- El Cruch es una institución anacrónica que agrupa a las universidades por año de formación. No tiene otro requisito de entrada que nacer previo a 1981. Acá se ha privilegiado sistemáticamente a una institución que parece bastante anacrónica y que ya no debería seguir funcionando tal como está. Hemos alegado que los privilegios de los que son parte de las instituciones del Cruch no tienen una disonancia democrática con los requisitos que debiese privilegiar el Estado a la hora de repartir el financiamiento público. Queda muy claro en la glosa presupuestaria cuando se está segmentando a las instituciones que van a recibir gratuidad, que el requisito para recibir financiamiento de parte de las instituciones del Cruch es básicamente un párrafo que hace alusión a las universidades referidas en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley Nº 4 de 1981 del Mineduc, es decir, una cuestión netamente discriminatoria por año de formación. Nos parece que hoy muchos dirigentes estudiantiles funcionan como verdaderos lobbistas de esta institución, nos parece completamente arbitrario que el Cruch tenga una oficina dentro del Mineduc y por lo mismo, hemos sido enfáticos en defender que los requisitos del financiamiento público deben estar a la medida de todas las instituciones y no solamente a la medida del Cruch.

- Acá hay una cuestión de irresponsabilidad e improvisaciones del Gobierno que también tiene que ver con la falta de plazos serios, y eso también corresponde a la realidad que se van a enfrentar muchos estudiantes al elegir la casa de estudios en la cual van a cursar estudios de educación superior, y van a quedar en medio de una política pública que no se ha debatido correctamente. Algunos dicen que la glosa presupuestaria afectaría solamente a un año de intervención en las instituciones, y sin embargo, el alcance de esta discusión es estrictamente financiero y por tanto está teniendo el inicio equivocado. Lo que se implementa vía ley de presupuestos influye en el diseño definitivo de la reforma, porque las normas de alguna forma guían el comportamiento de los ciudadanos.

- El ejemplo más clásico: las instituciones que entran a la gratuidad y que después se quieran salir, ¿van a poder hacerlo? ¿Van a permitir los estudiantes que entraron con un convenio de gratuidad que su institución se reste? Por tanto, esta política pública marca un inicio o precedente para lo que viene en torno a la reforma y es sumamente importante que lo tratemos de manera cautelosa sobre todo por el impacto que va a tener a largo plazo.