Durante julio de 2011, el entonces vicepresidente nacional de Renovación Nacional, RN, Claudio Eguiluz, denunció a dos militantes de la UDI por la eventual solicitud de coima a una empresa contratista que se vinculaba al Ministerio de Obras Públicas.

En esa época, Eguiluz dijo tener antecedentes sobre esto y apuntó a Juan Díaz Sepúlveda, actual gestor inmobiliario del caso Caval y al ex consejero regional de la UDI, Juan Luis Manso, quien hoy, al igual que Díaz, ya no pertenece al partido. En esa época se desempeñaba en el MOP.

De acuerdo a lo señalado por Frank Sauerbaum, presidente regional de RN, no recuerda el hecho con exactitud. Sin embargo, destacó que "me acuerdo que dije que iba a entregar los antecedentes respectivos para que se investigaran en las instancias pertinentes. Recuerdo que Juan Díaz aparecía involucrado".

Finalmente, la denuncia quedó en nada. Desde el MOP de la época se resolvió que no habían irregularidades. Respecto de la versión de Claudio Eguiluz, pese a insistentes llamados, no fue posible obtenerla.

En tanto, Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI y en ese entonces parte del gobierno de la Alianza, fue uno de los pocos políticos locales de la colectividad de oposición que reconoce la presencia de Juan Díaz en la zona.

"Recuerdo haber visto a Juan Díaz sostener reuniones con diversos personeros públicos. Era sabido que hacía asesorías privadas en materia de reconstrucción. Respecto de la relación con Manso desconozco si tenían un vínculo de trabajo. Lo que sí puedo señalar es que ambas personas se conocían", destacó el core UDI.

En tanto, Juan Luis Manso explicó sobre Díaz que "alguna vez lo conocí como parte de las actividades de la UDI". Respecto a si Díaz tuvo una conexión con él por materia de asesorías, Manso dijo que "eso no es efectivo y no hay ningún vínculo".

En tanto, en Chillán, Juan Díaz Sepúlveda figura en un litigio en 2011. Se trata de una acusación por apropiación indebida en relación a una tala ilegal de bosque nativo. Sin embargo, no se logró determinar la responsabilidad en el hecho y fue sobreseído.

"Ingresé a los 16 años a la UdeC el año 1982. Me metí a los movimientos gremiales en tercero de mi carrera de Medicina. Ahí comencé a participar en política. Uno oía sobre violaciones a los Derechos Humanos, pero lo cierto es que lo veía como situaciones aisladas. Por lo menos, desde donde yo estaba se veían como hechos aislados y no como una conducta del Estado", dijo la senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, al referirse a su pasado como dirigenta estudiantil de centroderecha en la UdeC y el contexto de un país que hasta ese entonces estaba bajo la tutela del gobierno militar.

Transcurridos más de treinta años, la parlamentaria gremialista asumió hace pocas semanas la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Nominación que estuvo marcada por la polémica, bajo la idea que una militante de un partido de derecha no podía asumir un cargo tan simbólico para el oficialismo.

Dentro de los argumentos, incluso se dijo que la UDI aún no pedía perdón por respaldar a una dictadura que cometió delitos de lesa humanidad en Chile.

titularidad de comisión

"Los perdones, en este caso, no son institucionales. Tenía siete años para 1973 y, por lo tanto, difícilmente podría pedir perdón por nada", dijo JVR. Añadió que "se puede estar de acuerdo que son cosas que nunca debieron pasar en este país, pero de la misma manera se puede plantear que si los militares tuvieron que salir a la calle a tomarse el poder, fue porque los políticos que estaban en esa época, y que algunos están vigentes, no dieron el ancho para evitar en el país una polarización tal, que permitieron que se legitimara la violencia como elemento en política".

Respecto de si se sentía defraudad del gobierno militar cuando se enteró de que las violaciones a los DD.HH. fueron más masivas de lo que pensaba, la parlamentaria dijo que "nadie puede sentirse orgullosa de que pasen esas cosas en el país donde uno vive. Como tampoco nadie puede sentirse orgulloso de que se llegara a esos niveles de legitimación de la violencia que permitió eso. Todos los hechos de violencia entre el 70 y el 78 son malos. Nadie los puede justificar. Es una historia dolorosa para el país".

-Yo voy a votar como quiera hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la despenalización del aborto estoy convencida que desde el momento de la concepción, lo que hay ahí es vida. Pero el rol del presidente, en este caso, no es imponer sus ideas. Lo que uno hace es armar la tabla, ver las prioridades y legislativamente ver en esa ley cuáles son los artículos que corresponden o no. Pero, en el fondo eres un voto más. Uno puede argumentar y evidentemente lo haré desde mis creencias. Pero soy un voto más, no tengo la verdad absoluta por ser presidenta de la comisión.

CRISIS POLÍTICA

-No estoy de acuerdo con eso. El error que se pudo haber cometido es no separar las cosas. Una cosa es el caso Penta, donde eventualmente, hubo delitos tributarios. En el caso de los parlamentarios lo que hubo fue la intención de financiar campañas, y porque no estaban financiadas, ya que se trataba de primarias y la ley electoral no cubre esos procesos. Se genera un vacío y la ley electoral plantea que la campaña debe durar un mes y en ninguna parte dice cómo se financian. Claramente lo que hay ahí es una intención de financiar campañas y no enriquecimiento personal. El error que hubo fue no separar lo que sucedía en la arista política y el tema de las empresas. Tienen intencionalidad distinta y no deben confundirse. Una cosa es quedarse con recursos para enriquecimiento personal y otra es buscar recursos para campañas cuando el candidato no tiene dinero.

-En el fondo lo que hay es que son muchas las empresas que están involucradas, porque los aportes reservados están permitidos. Lo que sucede acá es que la ley no regulaba todos los espacios y se dejaron abiertos espacios para hacer cosas que no correspondían, pero que son distintas al tema de delitos tributarios.

-Lo que pasa es que la existencia o no de un delito no lo define un partido, sino la ley. Si nosotros creemos que una falta en la ley electoral se transforma en delito, lo que hay que hacer no es vociferarlo, sino que hacerlo a través de un cambio de legislación. Una cosa son los delitos y otra son las infracciones a la ley electoral. No justifico ninguna de las dos, pero son cosas distintas.

-Esta crisis es bastante más amplía y generalizada. Eso era predecible desde un comienzo. Llama la atención que la Nueva Mayoría y el gobierno se hayan demorado tanto en tomar las riendas del asunto hace nueve meses. Lo que pasó es que como no les tocó a ellos, pensaron que nunca les iba a llegar. Y no movieron ni un solo dedo para buscar una salida institucional a esto. Ahora recién están comenzando a mover y buscar una salida que permita investigar y sancionar lo que sea. Hay que generar un marco legal que asegure que esto no se va repetir y de esa manera recuperar la confianza de la ciudadanía.

-Creo que hay que modificar el financiamiento de la política y se hace insostenible que se mantengan los aportes reservados. Tiene que aumentar el aporte del Estado a la política. La democracia es el sistema que permite que los gobiernos funcionen. Y la democracia se sustenta en partidos. Y los partidos tienen que tener legitimidad, porque si los partidos y el gobierno se deterioran se genera un espacio para el populismo y los movimientos anarquistas. Eso es lo peor que podría suceder. Creo que una de las cosas que hay que tener es aumentar las sanciones cuando se vulneren las leyes electorales, pero también me parece que debe haber un aumento del financiamiento del Estado a la política si es que queremos que eso no vuelva a ocurrir.

-Puede ser. Creo que la sanción tiene que ser similar a la falta del daño que produce. Hay que evaluar, pero no tengo problemas en que las faltas más graves sean sancionadas con la pérdida del cargo.

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-No. No tengo ningún financiamiento que no sea legal. Lo que sucede es que como acá había grandes posibilidades de recuperar un escaño, recibí hartos aporte, por lo mismo.