Por cerca de tres horas se extendió la votación del proyecto inmobiliario Ciudad del Parque, el que finalmente fue aprobado por 10 votos a favor y una abstención en la Comisión de Evaluación Ambiental liderada por el intendente del Biobío, Sergio Giacaman.
La cita estaba convocada para las tres de la tarde y la evaluación del proyecto inmobiliario era el segundo punto de la tabla, pero debido al alto interés y convocatoria del proyecto, Giacaman anunció al inicio de la sesión que se modificaría el orden de los puntos en la tabla, considerando además que había 10 solicitudes de intervención que intentaban, en última instancia, convencer a los integrantes de la comisión de rechazar el proyecto.
Tras la exposición de los argumentos de los vecinos, las comunidades educativas y también de un representante de la inmobiliaria Aitue, el proyecto fue aprobado con los votos favorables de los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social. Una posición diferente fue la del intendente Sergio Giacaman, quien se abstuvo de la votación. El único seremi que se ausentó de la jornada fue el de Vivienda y Urbanismo.
"Si bien no tengo argumentos técnicos para oponerme a favorecer el proyecto, tengo algunas dudas personales, sobre todo porque no se acogió la participación ciudadana", justificó Giacaman.
El proyecto inmobiliario de Aitue considera la construcción de siete edificios en la avenida Chacabuco en Concepción, entre Colo-Colo y Castellón. Allí, la empresa levantará cinco torres habitacionales y dos comerciales con capacidad para 912 departamentos, 52 oficinas y 15 locales comerciales. El proyecto además incluye 703 estacionamientos y la construcción de un bulevar que conectará los edificios.
La inversión es cercana a los 87 millones de dólares y su construcción debería tomar alrededor de siete años.
CAMINOS A SEGUIR
La polución, las vibraciones y el paso de camiones por el sector durante la construcción de los edificios fueron los principales tópicos que padres y apoderados de los liceos contiguos expresaron a las autoridades como sus preocupaciones. Por eso, en sus exposiciones entregaron argumentos técnicos que intentaron explicar las faltas que se habría cometido en la Declaración de Impacto Ambiental que Aitue entregó al SEA para evaluar el proyecto.
Entre sus argumentos, los vecinos y apoderados expusieron que algunos de los efectos de la construcción no se iban a mitigar o que los cálculos que realizó la empresa consideraron a toda la población de Concepción, lo que habría diluido los efectos de las obras.
Tras conocer el resultado de la votación, Ronald Sanhueza, abogado y apoderado del Lycee Charles de Gaulle, expresó que "da un poco de vergüenza tener que soportar que una votación tan importante para nosotros, por un tema que nos aflige mucho como padres y como vecinos de la ciudad de Concepción, no sea considerada nuestra postura en este proyecto".
Por eso, anunció que "estamos decidido a recurrir respecto de la participación ciudadana que nos fue negada, así como también de la calificación ambiental del proyecto, porque entendemos que no se está respetando el derecho a la vida de los vecinos, niños y apoderados de los colegios y tampoco se está respetando el derecho a vivir en un ambiente limpio de contaminación".
MEDIDAS DE CONTROL
Previo a la votación, el seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays, enfatizó que, tras la aprobación del proyecto, tanto su cartera como la de Salud asumían el compromiso de realizar las debidas fiscalizaciones para que la constructora cumpla con las normas que rige la construcción de los siete edificios, así como también de los compromisos que adquirieron para mitigar los impactos en las comunidades.
Del resultado de la votación, Rodrigo López, gerente general de Aitue, dijo a través de un comunicado que "nos deja conforme la votación de esta tarde (ayer), pues refleja que la información presentada por nuestra empresa ha permitido acreditar el cumplimiento normativo y la inexistencia de impactos significativos en el entorno".
Añadió que "asimismo, queremos destacar que la Comisión de Evaluación ha incorporado como exigencia un monitoreo permanente de ruido y material particulado, lo que permita dar tranquilidad a las comunidades respecto de la ejecución del proyecto. Esto será fiscalizado por la Superintendencia de Medioambiente y la Seremi de Salud.