"Corregir los efectos de la gratuidad depende solo de la voluntad política"
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de Chile (Cruch), Aldo Valle visitó Concepción hace algunos días para reunirse con académicos y funcionarios de la Universidad del Bío-Bío para dialogar de los alcances de la reforma a la Educación Superior, principalmente en el ámbito de las universidades estatales.
"Fui invitado por el rector Cataldo para abordar estos temas justo cuando se discute el plan estratégico y se inicia la reforma de estatutos", cuenta el abogado y doctor en Derecho Público y Filosofía Jurídica de la U. de Salamanca, España.
Sin embargo, la conversación cruza a los temas de contingencia y la compleja realidad que viven las universidades del Cruch respecto a la puesta en marcha de la política de gratuidad: Según los cálculos del consejo, sus universidades dejaron de percibir $22 mil millones por el retraso en el egreso de 15 mil alumnos beneficiarios con la política estatal.
"En pocas palabras, estamos en una etapa de implementación de las normas legales que constituye la reforma a la educación superior en el país (...) Es evidentemente un cambio en la institucionalidad publica, porque también se está implementando el diseño permanente respecto a la política de gratuidad, que hemos discutido las últimas semanas, ya que existe un diseño defectuoso que entrega la ley", expone.
-No se ha implementado bien lo relativo a la cobertura temporal de la gratuidad, y eso acaba de señalar la Contraloría, ocurre porque el Mineduc hizo una mala interpretación de la normativa vigente, dándole un efecto retroactivo a una norma que la misma ley de presupuesto establecía que no debía aplicarse a los estudiantes que accedían a la gratuidad antes de 2018. Pero también se hizo una aplicación errónea del efecto más negativo que tiene la gratuidad para las universidades: La ley dispone que las universidades no podrán cobrar por el primer año adicional de la duración de la carrera hasta el 50% del arancel, generando un menor ingreso para las universidades del Cruch. Es una diferencia que tenemos con el gobierno y que esperamos resolver buscando una solución al problema, ya que no podemos trasladar ese mismo problema a los estudiantes un por la aplicación errónea de la ley, y tampoco sancionar a las universidades por la extensión de las carreras, ya que no son responsables.
-Se resuelve con una política pública que rectifique ese diseño defectuoso que dejó la ley de educación superior respecto a la gratuidad. No se hace yendo a la Contraloría o al Tribunal Constitucional. Se hace en base a una mejor voluntad política, que atienda los problemas reales de la educación superior y no quedándose con la alternativa de sacar un mejor redito político a las malas consecuencias de errores de gobiernos anteriores.
-Es evidente que los estudiantes de los seis primeros deciles demorarán más en sus carreras, por una desigualdad involuntaria en su formación que deben igualar en la educación superior. Y también porque en los sistemas comparados -los de la Ocde- nunca el promedio de duración efectiva de las carreras corresponde al promedio de duración formal, se extienden por lo menos dos semestres.
-Creo que se está avanzando bien porque, ya que el que contemos con una subsecretaría, un sistema de aseguramiento de la calidad, una superintendencia, y todo eso representa un desarrollo institucional del país. No se puede dejar la educación al ajuste privado y las capacidades de negociación espontanean de las personas, ya que el sistema educacional recibe a jóvenes que lo hacen en una condición de fragilidad y debilidad económica y social. Esta institucionalidad permite garantizar el respeto que se merecen las familias.