Boldt Peralada recurrió de protección a la Suprema
Tal como lo anunció la semana pasada, el grupo Boldt Peralada (BP) recurrió de protección ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción no acogiera un requerimiento en contra del Gobierno Regional, quien en noviembre pasado votó como desfavorable el proyecto "Chillán Casino Resort S.A."
En escrito presentado por el abogado Ricardo Abdala, en representación de BP, acusa que el tribunal penquista está dando inmunidad al Gore. Por lo tanto, si se valida el argumento de la Corte de Apelaciones a favor del Gobierno Regional del Biobío se puede fijar jurisprudencia para todo tipo de decisiones que tome éste o los demás Gores del país.
Además, en el texto esgrime que el "fallo se aleja por completo a una adecuada aplicación del derecho y a un correcto análisis de la actuación del Gobierno Regional en su pronunciamiento dentro del marco de la ley 19.995, ante un evidente actuar arbitrario e ilegal del Gobierno Regional del Biobío en perjuicio de esta parte".
Además, BP considera que "esta sentencia pretende reconocerle a la autoridad administrativa que ésta puede tomar decisiones en base a su ideología o en lo que son sus propias creencias, sin que ellos puedan ser revisados por el Poder Judicial. O dicho de otra forma, los ministros sentenciadores aceptan que un acto administrativo puede tener un móvil político que los jueces no pueden conocer, lo que se traduce inevitablemente en otorgarle inmunidad al Gore en su actuar".
También, entre otros puntos, expuso que se ha efectuado una discriminación que vulnera la igualdad ante la ley porque objetivamente todos los proyectos se ubican en la misma comuna y entonces, la preferencia ilegal manifestada significa dar un tratamiento desigual a una persona jurídica que cumplía con los mismos requisitos que el proyecto votado favorablemente.
BP pide ante la Corte Suprema que revoque la sentencia apelada y acoja el recurso de protección, y adopte como medida de protección que se deje sin efecto la decisión del día 25 de noviembre de 2015 respecto del informe que se le ordenó emitir al Gobierno Regional en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 19.995 y artículo 21 del DS 211 en relación a la postulación al permiso de operación de un casino de juegos por parte de Chillán Casino resort S.A. y junto con ello declarar que dicho acuerdo fue ilegal y arbitrario.