Un presunto daño ambiental del Humedal Boca Maule y molestia a los vecinos del sector Buen Retiro, comuna de Coronel. Eso es lo que estaría provocando la empresa carbonífera que se encuentra en el sector operando desde hace más de 10 años.

Son cerca de 40 familias del sector Maule las que estarían siendo afectadas por los trabajos de minería que efectúa la empresa carbonífera Coke Kar en el sector.

El presidente de la Junta de Vecinos de Buen Retiro, Hernán Lara, comentó que son dos los inconvenientes que les está provocando la explotación del mineral que se desarrolla en el lugar en donde residen.

Uno de los aspectos es el daño medioambiental al que estaría expuesto el Humedal Boca Maule, el que está siendo postulado para que sea declarado Santuario de la Naturaleza.

"Nos topamos con el asunto de que los residuos del lavado del carbón los están tirando al humedal, lo cual está perjudicando el lugar que queremos conservar", contó el dirigente.

En segundo término, las quejas planteadas ayer en la reunión con la jefa de la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente del Biobío, Emelina Zamorano, es por las detonaciones que se hacen al interior de la mina y que causan un gran ruido en el sector.

"Cuando hacen las detonaciones con dinamita remueven el sitio donde viven los vecinos. A veces a las 2 ó 3 de la mañana se escuchan explosiones y la gente despierta, suenan los vidrios, se mueven las puertas, cruje la casa. Entonces, no es una vida normal la que viven los vecinos", declaró Lara.

REUNIÓN

Todos estos antecedentes son los que recibió ayer la entidad fiscalizadora de Medio Ambiente, en la reunión que sostuvo con los vecinos y con el diputado DC, Marcelo Chávez.

"Se le entregaron todas las notas que han sido enviadas a organismos del Estado denunciando esta situación. También se le entregaron fotografías de cómo el tratamiento del carbón está al aire libre, lo que no es correcto, ya que debe haber un mecanismo para que el polvillo que genera no afecte a los vecinos que viven en el sector más aledaño", expuso el parlamentario.

Agregó que por el momento el organismo fiscalizador oficiará a entidades más sectoriales para que puedan evacuar informes sobre la situación. "Esperamos que las autoridades ambientales puedan tomar debida nota sobre esta situación", expresó el representante del distrito 45.

Asimismo, Chávez declaró que en los próximos días ingresarán la denuncia oficial para que la Superintendencia realice las fiscalizaciones correspondientes a la empresa carbonífera.

Casi seis años es lo que cerca de 200 familias llevan de espera para que la justicia dictamine un fallo que les permita recuperar los dineros que le entregaron a la Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (Egis) Los Alerces, para que construyera sus viviendas.

Durante la jornada ayer, en el Juzgado de Garantía de Concepción, se debía realizar un comparendo para definir si se levantaba la medida precautoria que existe del terreno (es para evitar su venta) que la propietaria de la Egis, Elizabeth Vega Sandoval, compró con los dineros de los afectados, pero a nombre de una sociedad inmobiliaria de la cual es dueña del 99%.

No obstante, como ha ocurrido desde que se ingresó la querella por estafa y apropiación indebida, la recurrida no se presentó, situación que llevó al tribunal penquista a dictar una orden de detención en contra de la mujer.

El abogado querellante de la causa, Adolfo Ortega, comentó que esta no es la primera vez que se solicita esta medida en contra de Vega, ya que en otras etapas del proceso penal ésta no se ha presentado, dilatando la investigación que lleva en su contra por el Ministerio Público.

REMATE

El comparendo que debía desarrollarse ayer tenía como finalidad ver lo que pasaría con el terreno que adquirió la propietaria de la Egis. Esto, porque a pesar que existe una precautoria del sitio, la sociedad inmobiliaria la vendió igual a una empresa de Temuco.

"Esa entidad habría pagado $300 millones en efectivo por el terreno, pero alegó que no recibió la propiedad legalmente, por lo que demandó en un juicio civil, el que ganó. Este sacó a remate la propiedad, por lo que el juez que llevó el juicio civil solicitó al de Garantía que autorice el remate", contó Ortega.

El abogado manifestó que ellos se opusieron a esta solicitud porque no existe certeza de ese contrato. "Nadie entrega $300 millones sin asegurarse de que está comprando una propiedad como corresponde", enfatizó el querellante.

Debido a que la principal sindicada por los hechos no se presentó, excusándose con exámenes médicos, la audiencia quedó para mayo. En esta audiencia la Fiscalía reformalizaría a la imputada.

Un largo trayecto

Desde 2010 estas familias están esperando que se resuelva esta situación. Comentaron que durante este periodo han fallecidos seis adultos mayores que entregaron sus dinero con el sueño de obtener una vivienda.

"Le entregamos nuestros ahorros para tener nuestra casa propia, y ella simplemente nos estafó. Se fue con toda la plata", contó Paola Pozo, vocera de las personas estafadas.

Pozo detalló que en total fueron 300 las familias afectadas, pero que 182 presentaron la demanda. "Fueron entre $2 millones y $2 millones y medio lo que se le entregó por familia. (…) Ahora nos está ofreciendo $65 millones, de los $298 millones en que vendió el terreno, que en el fondo es un 30% por familia a recuperar", explicó Pozo.

Uno de los aspectos que manifestaron los vecinos y el propio abogado querellante, es que ante las innumerables entregas de licencias para no asistir a los comparendos o a acciones para avanzar en el juicio, la denunciada busca dilatar el proceso para que las personas no sigan persistiendo en la demanda.

Esta situación fue descartada por el abogado defensor, Eduardo Rojo, el que expresó que "la intención nuestra no es dilatar la investigación, porque a esta le resta mucho por delante, precisamente por diligencias nuevas que recién está solicitando la fiscalía y que se traducen que en el día de ayer se incautaron una serie de especies; computadores y documentos que se encontraban en el domicilio de la representada".

El defensor sostuvo que su representada está enferma y que por eso no ha podido participar activamente del proceso que llevan en su contra.