Por Redacción

Desde que se convirtió en la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara ha buscado diferenciarse del Gobierno de Gabriel Boric. Y esto se ha notado con mayor énfasis en los últimos días, en los que la exministra del Trabajo ha expresado críticas y ha hecho exigencias al Ejecutivo, como ocurrió ayer, cuando llamó a reponer la glosa de libre disposición en el Presupuesto 2026, al igual que el financiamiento de programas sociales.

Esta última semana previa a los comicios, se inició con el debate de Anatel, en el que la militante del Partido Comunista afirmó que para ella el mayor error de La Moneda en este periodo fue el manejo del caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve ante la denuncia de violación en su contra. Y ayer arremetió por el manejo económico de cara a la futura administración, que planea encabezar.

"Queremos señalar que en el marco de la discusión presupuestaria el Gobierno aún está a tiempo de corregir el ritmo y escuchar a las familias de Chile porque nuestro país necesita un presupuesto que cuide a su gente y que no la deje sola", sostuvo la candidata.

Las exigencias

"Existen recursos clave para la calidad de vida de las personas que hoy día han sido excluidos de la propuesta que se ha llevado al Parlamento. Y por eso, porque necesitamos que efectivamente un Gobierno entrante y que esperamos sea bajo nuestro liderazgo, cuente con las herramientas adecuadas, hoy día queremos presentar una demanda por mayores recursos para gasto social en nuestro país, que se haga de forma responsable tanto con el gasto público como con la calidad de vida de las personas", añadió la exministra.

Especificó que "solicitamos al Gobierno que reponga la cláusula de libre disposición. Cuando asumamos el 11 de marzo del 2026, si las chilenas y los chilenos me eligen su Presidenta, esta cláusula va a ser necesaria para poder exponer las prioridades de nuestra gestión con el financiamiento adecuado. Y ha sido además parte de una tradición que en nuestro país lleva varios años vigente, que nos parece que fortalece la democracia y que da cuenta además de que en nuestro país las políticas no cambian en función de los cambios de signo de Gobierno".

También pidió "que en el tema de vivienda se aumenten los subsidios que se van a entregar, tanto para los sectores populares por el Decreto Supremo 49, los sectores más vulnerables del país, como también para la clase media que se encuentra contenida en la posibilidad de obtener un subsidio a través del Decreto 19".

Y otro requerimiento de la candidata fue por el programa adulto mayor: "Le solicitamos al Gobierno que se repongan los 20 mil millones de pesos que este programa ha costado y que ha tenido una cobertura de aproximadamente 190.000 personas".

Ministros responden

Ante estas alusiones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que "estamos en el proceso de tramitación legislativa, donde se recogen distintas miradas y se construyen acuerdos para la aprobación de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, es importante precisar que ha habido un aumento importante en el gasto social".

"Si algo que caracteriza la Ley de Presupuestos que el Presidente Boric ha presentado al Congreso Nacional, es la responsabilidad fiscal. Cuando se inició el mandato había un déficit de 11 puntos, en gran parte como resultado de las medidas que se implementaron para enfrentar la pandemia, y lo que hemos realizado durante todos estos años son esfuerzos para avanzar en la convergencia fiscal", argumentó.

Por ello, afirmó que "se ha presentado un presupuesto responsable, pero al mismo tiempo con énfasis social".

Y sobre las críticas de Jara consideró que la candidata "da a conocer un punto de vista que forma parte legítima del debate democrático".

En la misma línea, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, evitó polemizar por el cuestionamiento de Jara por la falta de solución para la megatoma de San Antonio, con orden judicial de desalojo, también expuesta en el debate Anatel: "Estamos buscando distintos caminos para cumplir la ley y para que se generen caminos distintos al desalojo para enfrentar esta realidad. Chile tiene 1.432 campamentos. Si no logramos construir una alternativa más sólida esto va a generar bastantes huellas para la historia del país. Estamos contra el tiempo, pero queremos hacer lo imposible para evitar los desalojos".