Por Diana Aros Aros

El Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) reveló las pérdidas que la Región del Biobío acumuló durante el 2024 por la demora de permisos sectoriales. El informe, elaborado por la Universidad San Sebastián (USS), mostró que en la zona se perdieron 100 millones de dólares, que se transforman en la no creación de cerca de 5.300 puestos de trabajo. El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de dicha casa de estudios, Alejandro Weber, agregó que, a nivel nacional, el impacto fue de 2.200 millones de dólares, equivalentes al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre los otros hallazgos del estudio, se informó que la inversión aprobada en Biobío durante el año pasado fue de sólo 550 millones de dólares, es decir, un 48% por debajo del promedio de los últimos 20 años. Además, se dio cuenta que dos de cada tres proyectos regionales enfrentaron retrasos en su tramitación ambiental.

En cuanto a los tiempos, la región mostró cifras particularmente críticas. Mientras el promedio nacional para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue de 1.000 días, en el Biobío se extendió hasta 1.870 días. Incluso las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), trámites de menor complejidad, superaron en más de un 60% el promedio histórico del país.

Uno de los casos analizados, correspondiente a un proyecto del sector energético aprobado entre 2022 y 2024, estuvo en tramitación por casi 500 días, un 35% más que la media nacional para ese tipo de inversiones.

Proyectos en evaluación

De acuerdo al ICEP, en la Región existen, actualmente, más de 2.400 millones de dólares en proyectos en evaluación, lo que representa cuatro veces lo aprobado en todo 2024. Así, se estima que el 75% de esta inversión está en el rubro energético, con un plazo promedio de tramitación que supera los 500 días. "Si logramos destrabar esos procesos, la Región no sólo podría más que duplicar la inversión aprobada durante el 2024, también contribuiría con mayor fuerza a la recuperación económica nacional", expuso Alejandro Weber.

El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, agregó que esto no es sólo materia de un Gobierno, sino que es un tema de Estado. "Se requiere coordinación entre gremios, universidades, gobiernos regionales y a nivel central para avanzar. Contrario a lo que varios plantean, se pueden generar enormes avances vía gestión sin la necesidad de cambiar el marco legal, sino que, con liderazgo, coordinación entre los organismos del Estado y confianza en los inversionistas", concluyó el académico.

Inquietud sectorial

El informe sobre el impacto de la denominada "permisología" en la Región fue analizado tanto por el sector público como el privado, desde donde se levantaron también algunas propuestas y vías para enfrentar esta problemática. Juan Ignacio Lathrop, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), recalcó que "es fundamental que podamos poner cifras a los procesos e iniciativas que debemos mejorar como país para impulsar la productividad. En particular, me llamó la atención la posición que sigue teniendo el Biobío, a pesar de su carácter productivo e industrial, muestra una baja participación en inversión. Necesitamos ponernos de acuerdo, recuperar la confianza y agilizar los procedimientos para lograr una mayor presencia en los mercados internacionales".

Desde Irade, su gerenta general Bernardita Roa, sostuvo que "tenemos el desafío de reactivar rubros estratégicos y fortalecer modelos de gestión que entreguen certezas. La inversión es clave para un crecimiento más sostenido, y nuestras empresas están comprometidas con ese camino".

La secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada, agregó que "conocer el impacto económico de la permisología reafirma la importancia de agilizar estos procesos. Estamos coordinando acciones con la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía para destrabar iniciativas claves para la Región". Cabe señalar que son más de 50 proyectos los priorizados por el plan industrial para destrabar los trámites y que permitan avanzar en su ejecución. De estos, la mayoría corresponden al sector de energía.

Entre el 2 y 4 de junio se llevará a cabo un nuevo Cyber Day, uno de los eventos de compra online más importantes del año y desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregaron algunas recomendaciones para evitar estafas y fraudes mediante la compra por "e-commerce".

La directora regional del servicio, Angélica Solar, explicó que "los consumidores tienen los mismos derechos que tienen en sus compras presenciales. Por lo tanto, lo principal es que las empresas deben informar el precio final de los productos, las características relevantes, que se cumpla lo que dice la publicidad y que se respeten las promociones y ofertas que se van a publicar".

Ante esto, una de las principales recomendaciones, y con el fin de no verse afectados por estafas, es ingresar siempre a las páginas de las tiendas a través del sitio web oficial del evento. "Y eso es súper importante, porque para nosotros es como símil a cuando los invitamos a comprar en el comercio establecido.

"Al ser una compra online, la ley establece que, una vez que se ha recibido el producto y teniendo en consideración que no lo pude ver, no pude ver su calidad, ni las dimensiones del producto, yo tengo el derecho a retracto. Eso significa que, en un plazo de diez días hábiles para devolver el producto", indicó Angélica Solar, agregando que los productos cuentan con la misma garantía como si fueran adquiridos presencialmente.

Sernac también puntualizó en la seguridad en los pagos, realizarlos con tarjetas de créditos, virtuales o plataformas reconocidas como WebPay, PayPal o MercadoPago, debido a su mayor protección ante fraudes.

En caso de sospechas o fraudes, el servicio puntualizó que se debe contactar al banco respectivo para el bloqueo de tarjeta, cambiar contraseñas de los servicios afectados, además de realizar las denuncias correspondientes. También, si los productos contienen fallas, se insta a acudir al servicio postventa de cada tienda adherida al evento. De no encontrar respuestas por esta vía, el Sernac dispone también de apoyos para soluciones los problemas respectivos.

En el trimestre móvil de febrero-abril de 2025 la tasa de desocupación regional fue de 9,1%, aumentando 0,3 puntos porcentuales en doce meses. Las personas desocupados aumentaron un 3,4% en la comparación interanual, lo que significó 2.344 personas más en esta condición.

En relación a las personas ocupadas, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la cifra tuvo una caída interanual de 0,3%, correspondiente a 2.283 personas menos, con una incidencia principal de mujeres.

Entre los sectores que más influyeron en la baja de personas ocupadas fueron industria manufacturera con un -5,7% y comercio con un -2,6%. En el caso de trabajadores por cuenta propia, la cifra llegó a -3,6%, mientras que empleadores marcaron un -18,2%.

La tasa de ocupación informal, en tanto, se situó en 25,6%, registrando un retrocesos de 1,1 punto porcentual en un año. Las personas ocupadas informales mostraron una baja interanual de 4,3%, con un total de 8.234 personas menos a nivel regional.