El Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo -Chile reveló la existencia de 1.428 asentamientos de este tipo a lo largo del país, alcanzando la cifra más alta desde 1996. Esto representa un aumento del 10,6% respecto a la anterior medición de 2023 y equivale a la incorporación de al menos 6.000 nuevas familias a estos lugares.

De acuerdo con el estudio, actualmente en Chile hay 120.584 familias viviendo en estos asentamientos precarios. La crisis habitacional es alarmante, ya que un 35% de las familias que viven en campamentos lleva más de catorce años esperando una solución definitiva. Así, el número de hogares en campamentos sigue aumentando de manera sostenida desde 2011.

A pesar de que hay indicadores de desarrollo que han tenido avances importantes en las últimas décadas, como el aumento del gasto público e inversión en vivienda subsidiada, que ha aumentado nueve veces desde la década de los '90, siempre hay segmentos de la población que quedan al margen de esos avances y que requieren la ayuda del Estado. La pérdida del empleo, los altos costos de los arriendos y razones de tipo económico llevan a muchas familias a tener que instalarse en esos asentamientos. También la inmigración se ha transformado en los últimos años en un factor muy importante en el crecimiento de los campamentos, sobre todo en el norte del país. Algunos estudios han indicado que más de un tercio de quienes viven en esos campamentos son inmigrantes que llegaron buscando oportunidades de desarrollo para sus familias.

En nuestra Región del Biobío, incluso algunas de esas construcciones irregulares se encuentran ubicadas en sectores donde hay riesgo de incendios forestales, lo que es crítico en verano, seguidos de aquellos que podrían verse afectados por inundaciones en invierno. Las políticas de los últimos años han apuntado a la intervención de algunos campamentos para dar a las familias una solución habitacional y establecer diagnósticos, ya sea para erradicarlos a otros lugares o desarrollando proyectos de urbanización, para relocalizarlos pero en mejores condiciones.

El catastro de Techo Chile arrojó que la Región del Biobío tiene 228 campamentos, lo que representa un aumento del 15,1% respecto a la última medición. Con esta cifra, se posiciona una vez más como la segunda región del país con mayor cantidad de campamentos, después de Valparaíso, ocupando ese lugar desde el año 2011. Además, se registró un alza del 19% en la cantidad de familias que habitan estos asentamientos, llegando a un total de 11.864. En estos asentamientos viven 8.987 menores de 14 años; 2.479 adultos mayores; 906 personas en situación de discapacidad, y 1.106 son familias migrantes, representando un 9,3% del total regional.

Comunas como Lota, Talcahuano, Los Ángeles, Mulchén, Curanilahue, Lebu y Los Álamos son las que tienen los mayores campamentos. La mayoría de ellos se formaron en la última década: 87 surgieron entre 2010 y 2019, y 45 desde 2020, coincidiendo con los efectos sociales y económicos de la pandemia. Muchas de esas personas antes habitaban una vivienda como allegados. Según cifras que maneja la Fundación Techo, la mitad de las familias que llegan a un campamento antes arrendaban y no pudieron seguir pagando la renta, muchas veces porque perdieron el empleo.

Los autores del catastro indican que en la Región del Biobío se puede potenciar la radicación, ya que son campamentos antiguos y por lo mismo sus habitantes han proyectado su vida en estos espacios, lo que representa un desafío para la política pública. Por ello, se requiere la coordinación de diversos ministerios, para relocalizar a las familias, y la urbanización de terrenos que ya ocupan. Hay que considerar que muchos campamentos están en terrenos públicos o privados, lo que requiere de estudios para determinar la ocupación irregular de esos predios y cómo buscar una solución.

La Región del Biobío tiene 228 campamentos, lo que representa un aumento del 15,1% respecto a la última medición. Es la segunda región del país con mayor cantidad de campamentos.

Pocas zonas en Chile tienen un rol tan estratégico como la Región del Biobío en la transición energética.

Desde su histórica capacidad hidroeléctrica hasta su creciente participación en energías renovables no convencionales. No sólo cuenta con un alto potencial solar, sino que también lidera en generación eólica y posee infraestructura portuaria clave para proyectos de hidrógeno verde y minerales críticos.

Según datos del Ministerio de Energía, al cierre del año 2024, la región generó el 74% de su energía a partir de fuentes renovables; de este total, la generación solar tuvo una participación destacada con un 23%.

Sin embargo, alcanzar este potencial se enfrenta con una realidad compleja: los extensos e inciertos procesos de evaluación ambiental. En la región, iniciativas como la central Rucalhue, aprobada en 2016, enfrentan una década de ajustes y conflictos. Este desfase entre planificación y ejecución genera incertidumbre para inversionistas, comunidades y autoridades, y amenaza con ralentizar el aporte del Biobío a los objetivos climáticos del país.

Pero el desafío no es solo regulatorio. Hoy, incluso los proyectos que cumplen con todas las exigencias técnicas y legales deben sortear un nuevo umbral: la necesidad de contar con licencia social para operar (SLO, por sus siglas en inglés). Este concepto -cada vez más determinante- se refiere al nivel de apoyo, aceptación o rechazo que una comunidad otorga a un proyecto en función de su impacto percibido, la confianza en los actores involucrados y la equidad en la distribución de beneficios. La SLO no es un permiso formal, pero su ausencia puede detener o incluso cancelar una iniciativa, afectando seriamente su viabilidad.

Desde el Centro de Sostenibilidad Empresarial (BSC) de la Universidad del Desarrollo, hemos investigado la aceptabilidad social de proyectos de energías marinas en la zona centro-sur de Chile, incluyendo Biobío.

A través de estudios con base científica, identificamos los atributos que las comunidades valoran en este tipo de proyectos. Nuestros resultados confirman que la creación de empleos de calidad es una condición mínima para construir confianza. Sin embargo, también revelan que las comunidades otorgan mayor legitimidad a aquellos proyectos que generan beneficios tangibles y apropiables: infraestructura de uso comunitario, rebajas en la cuenta de luz, participación en la propiedad o gobernanza de la iniciativa. En resumen, la percepción de justicia distributiva -quién gana, cuánto y cómo- es clave para avanzar.

La Región del Biobío puede y debe ser protagonista de la transición energética. Pero para lograrlo, necesitamos un enfoque más integral: acortar los tiempos de evaluación sin sacrificar estándares ambientales y, sobre todo, incorporar de forma efectiva la voz de las comunidades en el diseño e implementación de los proyectos.

Desde el BSC, nos comprometemos a apoyar esta transición con evidencia, diálogo y colaboración. Porque un futuro sostenible no sólo se construye con tecnología y capital, sino también con legitimidad y confianza.

Biobío puede y debe ser protagonista de la transición energética. Necesitamos un enfoque más integral: acortar tiempos de evaluación y, sobre todo, incorporar la voz de las comunidades en el diseño.

Licencias I

¿Por qué las licencias médicas en el sector público triplican a las de los trabajadores del sector privado? El sector privado tiene que ser autosuficiente con sus recursos, mientras que el sector estatal gasta la plata que no es suya y que aportamos los privados. Claro que hay una gran diferencia: Para despedir a un empleado público es necesario un sumario, mientras que el privado solo basta una falta grave y sin derecho a indemnización. Puras regalías tienen los funcionarios, pero nunca se conforman, porque hacen paros para reclamar bonos o sueldos, hasta estrujar al Estado. Claro que pueden pasar meses paralizados y no les descuentan los días no trabajados, les pagan las licencias con dinero de todos nosotros, además de su "sueldito" de funcionario público. Es la grasa que hay que cortar. Al menos en Argentina ya lo están haciendo.

Edwin García

Licencias II

Frente al escándalo de las licencias médicas falsas, los primeros en manifestar indignación debemos ser los propios médicos. Este tipo de abusos no solo constituye un fraude, sino que también daña profundamente la credibilidad de toda una profesión que, en su inmensa mayoría, se ejerce con responsabilidad y ética. No podemos guardar silencio. Es fundamental que se conozca públicamente quiénes cruzaron la línea de la integridad profesional, para que respondan ante la justicia y para que la ciudadanía sepa que no somos todos iguales.

Luis Castillo

Aborto

La iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo de aborto "legal", que se dará a conocer, permitiría matar a un ser humano inocente en el vientre materno hasta las 14 semanas de vida, sin mediar más que la edad de gestación y la voluntad de la madre. De esta manera, se buscaría que un crimen -y una acción éticamente reprochable- pase a ser un derecho y, por tanto, una obligación legal para los ciudadanos. Ya lejos estamos de la discusión sobre las llamadas "situaciones límite", en las cuales, con recta intención, un médico podría aplicar una medida terapéutica proporcionada, cuyo efecto no deseado terminaría por producir la muerte del hijo en gestación, como un daño colateral solo tolerado, producto de una circunstancia de máxima gravedad para la vida del hijo y la madre. La propuesta de ley por plazos consideraría, en principio, que los 135.000 bebés que nacen aproximadamente cada año, fueran considerados como descartables, por la sola condición de transitar las primeras 14 semanas de vida. Poner fin a la vida de un ser humano inocente en el vientre materno, de manera deliberada, es probablemente una de las mayores arbitrariedades y formas de violencia que pudiera permitir el Estado. Socava la paz, al no resguardar la existencia de miles de seres humanos vulnerables cada año, y pone en jaque a la democracia, al relativizar el valor de la vida humana de cada ser humano como fundamento del bien común.

Cristián Vargas

Cáncer

El panorama de la salud global ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas y, entre ellas, el aumento de la incidencia de cáncer en personas menores de 50 años se ha instaurado como una preocupante tendencia. El cáncer se mantiene como la segunda causa principal de muerte en el país, lo que resulta particularmente alarmante es el aumento proporcional de nuevos diagnósticos en individuos que aún no han alcanzado la mediana edad

Camilo García

Cautelares

Qué impotencia siente uno al enterarse que jueces dejen con tanta facilidad a delincuentes libres y solo con medidas cautelares que son imposibles de fiscalizar, como arresto domiciliario nocturno, arresto domiciliario total o no acercarse a la víctima. Lo digo a propósito de una jueza que dejó libre al "matón del barrio" que sin mediar provocación le propinó una golpiza a un conserje de 70 años e incluso golpeó e insultó al carabinero que lo llevó a constatar lesiones a un centro de salud. Ese personaje arrastra desde hace tiempo un historial de delitos y se aprovecha de la casi nula justicia hacia las víctimas, ya que el sistema judicial es garantista de quienes cometen delitos.

Oscar Briones

País colegiado

Lo mejor para un Gobierno que termina es dilatar las decisiones y, para ese fin, nada mejor que crear Comisiones o Comités. Por eso, desde hace algún tiempo somos un país colegiado, todo lo decide algún grupo. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, creó el Comité Nacional de Ausentismo. Pero se quedó corto, debió ser: Comité Internacional de Ausentismo.

José L. Hernández Vidal

Se ha generado un alza importante de consultas por enfermedades respiratorias, las que en su gran mayoría corresponden a casos de influenza A. Este aumento se ha concentrado en los Servicios de Urgencia de hospitales, clínicas y en algunas unidades de atención de emergencia municipales. En los dos primeros se ha incrementado también la hospitalización.

"Estamos enfrentando una mayor cantidad de consultas respiratorias y hospitalizaciones en pacientes adultos. En la población infantil los casos están bastante atenuados respecto a las expectativas que teníamos y lo que enfrentamos en 2023. Contamos con bastantes camas libres en el Servicio de Pediatría e incluso camas libres es la unidad de paciente critico pediátrico. No es lo mismo a nivel de los servicios de adultos", dijo el coordinador de la Campaña de Invierno del Hospital Regional, Renato Colima.