Por Francisca Pacheco Pérez

De acuerdo con información del Poder Judicial, la Jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción ha posibilitado generar un aporte superior a los $193 mil millones de pesos por la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, beneficiando a 23.708 familias. A nivel nacional, esta cifra asciende a los $2,5 billones.

La norma, que entró en vigor el 20 de mayo de 2023, nace con el propósito de agilizar el pago efectivo de esta deuda, sobre todo considerando que se trata de una problemática frecuente y que aún tiende a generar resistencia por parte de los deudores.

En consecuencia, la ley permite coordinar nuevos mecanismos desde el área pública y privada, articulando a organismos como el Registro Civil, los tribunales de familia, el Servicio de impuestos internos e instituciones financieras.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género Biobío Camila Contreras destacó que a raíz de esta norma "estamos enfrentando con decisión una de las formas más extendidas de violencia económica contra mujeres, niños y jóvenes", agregando que es una "herramienta concreta del Estado para actuar con justicia y oportunidad".

A nivel regional, también se brindan diversas asesorías y orientaciones gratuitas ante estos casos, liderados por la misma cartera, SernamEG e instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial Biobío (CAJ), que además ofrece representación judicial en toda la región.

Mejores herramientas

La seremi del ramo sostuvo que es fundamental continuar fortaleciendo los mecanismos para garantizar estos pagos.

"Las restricciones no son castigos arbitrarios, sino incentivos para que los deudores comprendan la gravedad del abandono económico. Lo fundamental es que los recursos lleguen efectivamente a niños y adolescentes, quienes no pueden seguir siendo víctimas del incumplimiento de sus padres", manifestó.

En concreto, "una de las medidas estratégicas en esta línea ha sido la impulsada por el Ministerio de Ciencia, que propone impedir el acceso a fondos públicos de investigación -como los entregados por ANID- a quienes mantienen estas deudas", indicó.

En relación con el despliegue de la cartera, la autoridad detalló que se está trabajando coordinadamente con las instituciones que conforman el sistema. "Hay que recordar que hace un tiempo, por ejemplo, nos enteramos de la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión, e inmediatamente oficiamos a los municipios para que hicieran cumplir la normativa", destacó.

Del mismo modo, se está impulsando el uso de tecnologías para actualizar y disponibilizar la información a los tribunales de forma oportuna. "Esto facilitará la búsqueda de patrimonio, haciéndola más ágil y efectiva, disminuyendo los tiempos de espera de las respuestas de las instituciones financieras", comentó.

Orientación y asesorías

Desde lo público, tanto la seremía como SernamEG han desarrollado una importante labor de orientación en este tema, que además ha permitido definir algunas brechas y proponer mejoras de estas autoridades a nivel central.

La directora regional (s) del Servicio, Marta Godoy, precisó que esto se realiza a través de los distintos canales de atención presenciales y telefónicos, así como en los 15 centros de las mujeres consolidados en el Biobío. "En estos dispositivos además se realizan derivaciones asistidas a instituciones especializadas, para que este tipo de casos tengan atención jurídica y se atienda este tipo de violencia económica", señaló.

Por otro lado, la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, entidad que realiza asesorías jurídicas gratuitas y representación judicial, prácticamente duplicó sus atenciones entre 2023 y 2024, pasando de 9 mil a 17 mil, mientras que en lo que va de 2025 ya se registran 4.828.

Verónica Sepúlveda, abogada y coordinadora del área de familia de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío y mediadora del Centro, destacó que "nuestro apoyo ha sido fundamentalmente de orientación e información acerca de las leyes 21.484 y 21.389, que modifican la Ley 14.908 para hacer más efectivo el cumplimiento de estos pagos". De hecho, del total de atenciones realizadas alrededor de dos tercios están relacionados a la regularización de esta deuda.

La abogada también destacó que la ley ha permitido enfrentar ciertos vacíos que utilizan los deudores para evitar el pago de la deuda, tales como el traspaso de sus bienes -como vehículos, propiedades y giros de actividades- a terceras personas. En ese tipo de casos la normativa obliga al cumplimiento a través de la retención de fondos de pensiones e instrumentos financieros, para lo cual se realiza una exhaustiva investigación del patrimonio, incluso pudiendo dar paso a la recuperación de los bienes traspasados.

"Para ellos es la muerte civil en vida, no pueden hacer ningún tipo de gestión ni salir del país, y cuando sacan la cédula de identidad aparecen en el registro de deudores. En eso el Registro Civil ha sido muy diligente", destacó.

Los detalles de recintos por provincia y cómo acceder a estas atenciones se encuentran detallados en la página web de la Corporación, en www.cajbiobio.cl.

4.828 personas han recibido atención de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío entre enero y mayo de 2025.

23.708 familias de la región han agilizado el pago de la pensión de alimentos en los últimos dos años, a partir de esta ley.

En los últimos trámites administrativos y en el proceso de exhaustiva revisión del moderno equipamiento para medición y evaluaciones se encuentra la Planta de Revisión Técnica (PRT) que comenzará su operación a mediados de junio, en la localidad de Punta de Parra, comuna de Tomé.

El recinto entregará respuesta a la demanda de dueños de vehículos pesados y livianos, quienes debían obtener su documentación en otras comunas del Gran Concepción.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Patricio Fierro, informó que "estamos en la etapa final y son muy buenas noticias para la comunidad de Tomé, ya que, esperamos estar en funcionamiento a mediados de junio. Ello se suma también a los esfuerzos que estamos haciendo para que, durante el mes de julio, entre en funcionamiento la planta de revisión técnica de la comuna de Hualpén y con eso, vamos a completar en la región 15 plantas de revisión técnica".

El proyecto involucró una inversión que alcanzó los $1.500 millones, generando medio centenar de empleos durante su construcción, y una decena de puestos de trabajo con su inminente entrada en funciones.

Fierro añadió que "hay una prospección también para que la región pueda, al término de esta década, llegar a las 20 plantas de revisión técnica, que es un trabajo que también estamos haciendo con los distintos municipios con el objetivo también de cumplir hoy día con un servicio que es tremendamente necesario".

Agendamiento online

El gerente de la empresa concesionaria Applus, Luis Arellano, explicó que "tenemos un compromiso con la seguridad vial, que es fundamental, y evidentemente el crecimiento y el desarrollo que ha tenido el parque automotriz en la región ha incidido, efectivamente, en la necesidad de incorporar nuevas plantas de revisión técnica".

Consultado por el servicio que brindará la PRT de Punta de Parra, dijo que "estamos hablando de vehículos livianos y vehículos pesados y, la verdad, es que tiene un nivel de tecnología que está a un estándar a nivel internacional de primera línea".

"Deberíamos tener una capacidad aproximadamente de atender 2.000 vehículos mensuales, y yo diría que el 80% de la atención debería ser por agendamiento en línea, y siempre queda un margen de un 20% para poder revisar vehículos que vienen por rechazo o vehículos que llegan en forma espontánea", añadió.

El Sindicato de Trabajadores N° 1 de la Universidad de Concepción entregó ayer una carta al rector de la casa de estudios, Carlos Saavedra, donde expresa su preocupación por la movilización que mantienen los estudiantes de más de la mitad de las carreras, la que suma sobre un mes de paro.

De acuerdo a lo señalado en la misiva, existe "creciente preocupación por la situación que se vive en diversas facultades de nuestra institución, las cuales permanecen en toma o en paro desde hace ya varias semanas", en especial entre quienes se desempeñan en los edificios que actualmente permanecen tomados por estudiantes.

Agregan que "particular preocupación nos genera el ingreso de la fuerza pública a nuestra casa de estudios, hecho que, aunque excepcional, tiene un origen que no podemos ignorar: denuncias por maltrato, hostigamiento y situaciones de acoso, tanto entre estudiantes como entre miembros del cuerpo académico hacia estudiantes, y también de algunos estudiantes hacia profesores".

Además, afirman que mantienen aprensiones respecto de quienes deben seguir desempeñando sus actividades en unidades en toma o paro, ya que podrían exponerse a situaciones de malestar o tensión, además del desgaste emocional propio de las circunstancias.

Por ello, solicitan al rector Saavedra medidas concretas para el resguardo de los funcionarios, sin menoscabar el derecho a la manifestación pacífica.

"Consideramos imprescindible avanzar hacia un proceso de diálogo eficaz, abierto que permita abordar con seriedad las demandas estudiantiles, sin prolongar innecesariamente un conflicto que afecta el normal funcionamiento de la Universidad y la tranquilidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores", cierran.