Por Felipe Cuevas Mora

A una semana que el Caso Licencias explotara a nivel nacional, con más de 25 mil trabajadores cuestionados en el país e involucrando la solicitud de más de 1.700 licencias médicas por cerca de mil funcionarios públicos en la Región del Biobío, las principales entidades involucradas han adoptado las primeras acciones con miras a establecer las responsabilidades, tanto a nivel administrativo como penal, sobre las irregularidades detectadas entre 2023 y 2024.

Los municipios de la zona -que representan más del 70% de los permisos de reposo observados en el Biobío- ya iniciaron los sumarios administrativos con un plazo no mayor a treinta días, para poder cursar las sanciones determinadas. También se entregaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para iniciar la restitución de los dineros involucrados en el cobro de licencias médicas asignadas en fechas en que viajaron al extranjero.

Si bien la Región el Biobío representa menos del 5% del universo de licencias cuestionadas por la Contraloría General de la República en todo el país, al interior de los servicios notificados durante la semana existe una molestia tanto por el impacto económico generado como también, en muchos cargos, por tener que iniciar procesos contra funcionarios hoy corresponden a otras reparticiones.

Sumarios en curso

Desde el municipio de Coronel, involucrado con 213 licencias médicas irregulares emitidas por 153 funcionarios, el alcalde Boris Chamorro detalló que los antecedentes de los 111 funcionarios de Educación serán remitidos al Servicio Local Andalién Costa, mientras que en los casos de los nueve funcionarios de la administración y 33 de la dirección de Salud, se mandataron sumarios acotados.

"Le he solicitado al administrador municipal Javier Valencia que desarrolle funciones como fiscal a cargo de este sumario administrativo, con dedicación exclusiva a esta acción y un plazo no mayor a 30 días para establecer las responsabilidades de estos funcionarios ante estos hechos declarados por parte del órgano contralor", expresó.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra explicó que en el caso de las 199 licencias irregulares detectadas por Contraloría , "el viernes comenzaron de inmediato a destinarse los procedimientos administrativos instruidos por la Contraloría, para lo cual hay plazo hasta este jueves. Se inició la recopilación de los datos de funcionarios activos y no activos en el municipio, y fecha de cese del cargo", junto con explicar que "en el caso de quienes ya no tienen vinculación con el municipio, se estima que los procesos tengan una rápida resolución". Se trata de 153 que corresponden a la Dirección de Educación Municipal, 38 a Salud y sólo ocho a la administración directa del municipio.

Además, el jefe comunal contó que desde el lunes se trabaja en replicar la creación de un comité interno de Ausentismo, recomendado por el Ministerio de Hacienda, y reafirmó el compromiso adoptado en campaña de crear una dirección municipal de Transparencia, "con el objetivo precisamente de poder adelantarnos a situaciones como las que se han constatado con licencias médicas, y de otro tipo en materia de educación, salud o el déficit municipal".

Establecer sanciones

Desde el municipio de Tomé, que suma 158 licencias irregulares, su alcalde Ítalo Cáceres detalló que "en estos primeros meses de administración hemos puesto el énfasis en ejes como mayor transparencia de la labor municipal, ordenamiento y limpieza de nuestra comuna, además de mayor seguridad".

Sobre el caso en particular, detalló que "el viernes 23 enviamos un oficio a través de nuestra Dirección Jurídica a la Contraloría General y Regional, con el fin de recabar la información respectiva, para continuar con los procedimientos administrativos pertinentes y la aplicación de las normativas legales correspondientes, respecto de los funcionarios que incurrieron en estas malas prácticas".

En el caso del municipio de Concepción, donde se detectaron 102 permisos irregulares -91 correspondientes a la dirección de Salud Municipal y 11 a la administración directa-, el alcalde Héctor Muñoz planteó que "este es un fraude que debe ser investigado a fondo, con sanciones, y eso lo determinará el sumario administrativo que nosotros ya instruimos. La idea es que haya sanciones ejemplares tras los sumarios. Lo que sí, queremos que se investigue de manera justa, con altura de miras y avanzando a un mejor sistema de fiscalización de licencias médicas".

1.078 funcionarios de reparticiones públicas estarían involucrados en el Caso Licencias en el Biobío, según Contraloría.

1.708 licencias fueron observadas por el ente fiscalizador en la Región, de las cuales más del 70% responden a municipios.

La mañana de este martes, un grupo de vecinos de la quinta etapa del proyecto habitacional Paso Seco de Coronel cortaron por varios momentos la ruta 160 para exigir que se concreten avances en la etapa del proyecto habitacional que fue demolida en 2020 por problemas en la construcción.

Marta Molina, presidenta del conjunto habitacional Paso Seco 5 indicó que "la movilización que tuvimos como pobladores de la quinta etapa demolida por mala constructividad de las viviendas en 2020, responde a que nuestro proyecto está en Santiago, y la revisión ha demorado tiempo. Nos han dicho que los plazos están dentro de la ley, pero cuando ocurrió esto se nos dijo que éramos prioridad nacional. Además, a las 73 familias que quedan les están pagando un arriendo y llevamos cinco años con esto, superando los $27 millones por familia".

"Tuvimos que llegar a esta medida extrema porque no hay otra solución: hacemos un llamado al Presidente Boric que nos atienda, no somos de andar en manifestaciones, pero hemos tenido mucha paciencia estos cinco años", sumó.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo que "los he acompañado a distintas reuniones con autoridades locales sin una respuesta satisfactoria. Emplazo al ministro Montes a que pueda recibir a los dirigentes para solucionar un problema que se prolonga por más de cinco años".

Con un tono de molestia e incomodidad, el delegado presidencial regional Eduardo Pacheco ahondó este martes el impacto que ha generado el Caso Licencias en la Región, con más de mil funcionarios públicos involucrados y con la renuncia oficializada este lunes del seremi del Deporte Cristian Cartes, por haber viajado al extranjero con una licencia médica vigente.

"Lo que tenemos es lo informado la jornada de este lunes en relación con el Ministerio del Deporte: en ese caso, se está realizando el sumario correspondiente y además tenemos la renuncia de la autoridad", explicó, junto con señalar que "no tenemos otro caso de autoridades políticas de la Región involucradas, pero siempre vamos a estar fiscalizando y revisando cada uno de los procesos en torno a los funcionarios de carrera y autoridades políticas", ante versiones que daban cuenta de una segunda autoridad involucrada en el caso.

Pacheco también recordó que la semana pasada sostuvo una conversación con el gabinete, referida al caso y al marco de acción.

"Le manifesté a todos los secretarios ministeriales y ellos a sus equipos de confianza, que se debe entregar toda la información que se requiera y en caso de haber cualquier situación de estas características, se deben asumir todas las responsabilidades y cursar los procedimientos administrativos como corresponde", comentó la autoridad.

El delegado presidencial calificó este caso como una "situación inaceptable, gravísima, y lo que espera la ciudadanía es que ante estos casos se inicien los sumarios administrativos junto a las renuncias, que en este caso era el seremi del Deporte. Fue lo que se planteó en un primer minuto, y se busca dar una señal muy clara", y dijo que en el caso de la delegación ya se están cursando dos sumarios.

En el caso de quiénes ostentan algún cargo de la administración, Pacheco fue enfático en señalar que "las autoridades políticas deben asumir la responsabilidad que les corresponde y dejar sus cargos".

23 renuncias se han registrado en el gabinete regional desde iniciada la administración Boric en marzo de 2022.