Por Felipe Cuevas Mora

A una semana de que estallara el caso Licencias, vinculado con los hallazgos de Contraloría en torno a más de 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas emitidas, sus esquirlas en la zona ya escalan a la primera línea de la administración en el Biobío.

Esto, luego que se confirmara por parte del Gobierno que el pasado viernes el Ministerio del Deporte le solicitó la renuncia al seremi Cristian Cartes, luego que de su nombre apareciera en la lista del órgano fiscalizador como uno de los autores de estas irregularidades con el uso de licencias.

"Se detectó mal uso e irregularidades en licencias médicas de cinco funcionarios, quienes están bajo sumario administrativo. De ellos, dos ya no prestan funciones en el ministerio", explicaron desde la cartera de Deporte.

Puertas adentro, la noticia fue calificada como un revés dentro del Gobierno en la zona, principalmente porque se trata de la primera autoridad a nivel país vinculada a la polémica que en todo momento se circunscribió a funcionarios de segundo orden: fuentes consultadas por este medio advierten que una segunda autoridad estaría en los listados de Contraloría, cuestión no confirmada ni descartada desde la Delegación Presidencial del Biobío.

En el caso de Cartes, ingeniero comercial y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), su llegada al cargo se concretó en agosto de 2023 -tras la renuncia de Andrea Saldaña para asumir la conducción regional de Mejor Niñez-, y posterior a una fallida postulación al Consejo Constitucional.

Tolerancia cero

La encargada de informar la salida de Cartes fue su compañera de militancia y vocera de Gobierno, Jacqueline Cárdenas quien en duros términos se refirió a la compleja situación.

"Este Gobierno no ampara irregularidades, vengan de donde vengan. Frente a la situación del seremi del Deporte en el Biobío, se aceptó su renuncia voluntaria y se inició el sumario administrativo", introdujo, para luego detallar que "los antecedentes ya fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado, no vamos a relativizar ni encubrir nada. Si existen más responsabilidades, se investigarán y se actuará con la misma firmeza. La probidad no es negociable, y quién no esté a la altura de los estándares éticos del servicio público, no tiene espacio en este gobierno".

El mensaje va en línea por lo señalado días atrás por el delegado presidencial regional Eduardo Pacheco, luego que se confirmara que dos funcionarios -hoy fuera del servicio- tienen licencias cuestionadas por viajes al extranjero. "Consideramos gravísima la situación que se ha generado con la mal utilización de un derecho de los trabajadores. Cuando se empaña de esta manera la utilización de este derecho, corresponden las investigaciones administrativas y judiciales al respecto. Las señales de las instituciones del Estado han sido claras, y ninguna de las instituciones en la Región es una excepción", comentó.

Junto a ello, Pacheco ya había dado cuenta que "de existir cualquier antecedente, se toman todas las medidas administrativas que corresponden a un tipo de caso tan grave como este".

Cuestionamientos

A nivel legislativo, los parlamentarios de la Región cuestionaron en duros términos el actuar de Cartes y pidieron ir más allá. El diputado del Partido Social Cristiano, y presidente de la comisión de Deporte, Roberto Arroyo manifestó que "en estos casos se debe proceder con sanciones ejemplares, la devolución de los fondos malgastados al Estado y que este delito sea perseguido por el Ministerio Público. Es inaceptable que se sigan detectando casos de mal uso de licencias médicas para fines privados, especialmente cuando estas acciones involucran a autoridades en la Región".

La diputada independiente en escaño UDI, Marlene Pérez puso el foco en que las renuncias "son lo mínimo que uno esperaría de los funcionarios públicos que defraudaron el sistema de licencias médicas. Acá es importante que no exista impunidad, acá más que sumarios -que evidentemente se necesitan- necesitamos que todos los funcionarios públicos que están en estos listados sean apartados de su cargo o, derechamente, que sean desvinculados. Hoy día no hay espacio para la impunidad".

Desde el partido de Cartes a nivel local indicaron a través de un comunicado que "valoramos la renuncia voluntaria que el compañero realiza, demostrando así su hidalguía y compromiso con el Gobierno", e instaron a "todas las autoridades indistintamente su posición política a seguir estos pasos y renunciar a sus cargos no importando su calidad. Escudarse en la renuncia a la militancia no es más que una cortina de humo para engañar la ciudadanía".

"El partido a través de sus órganos pertinentes tomará medidas respetando la legítima defensa que el compañero pueda hacer de su falta, esto sin minimizar el problema y tratarlo en su justa medida y dimensión", añadieron.

23 renuncias registra el gabinete regional durante los tres años de administración del Presidente Boric.

La renuncia de Cristian Cartes es la vígesimotercera que se registra en el gabinete regional desde que asumió la administración del Presidente Gabriel Boric. Estas se concentran en su mayoría en las carteras de Bienes Nacionales y Justicia con tres renuncias, seguidas de dos renuncias en las carteras de Educación, Transportes, Energía y en la delegación provincial de Biobío.

Las únicas carteras que a la fecha mantienen a las autoridades designadas son Trabajo, Minería, Agricultura, Desarrollo Social, Hacienda, Economía, Obras Públicas, Vivienda y Salud.

Un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano concurrieron hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Concepción, para solicitar su concurrencia penal y civil para intentar recuperar los casi $1.000 millones sin rendir por parte de la fundación ProCultura al Gobierno Regional del Biobío, como parte de las aristas pendientes del Caso Convenios en la zona.

El presidente de la comisión de Presupuestos Luis Santibáñez indicó que "hemos solicitado al presidente nacional del CDE y al procurador regional de la misma institución que tomen parte en la acción penal que busque la recuperación de los mil millones de pesos que actualmente ProCultura le adeuda al Consejo y al Gobierno Regional", y apuntó que la restitución de los recursos permitirá "seguir con el plan de inversión en iniciativas reales, tangibles y que le devuelvan la dignidad a una institución que se ha visto fuertemente cuestionada por el caso convenios y fundaciones".

El presidente de la comisión de Seguridad Pública, Américo Mondaca en tanto, dijo que "necesitamos tantos recursos para lo que es prioridad hoy día, que es la seguridad para comprar vehículos, para equipamiento para nuestras policías. Es fundamental que recuperemos el dinero que la anterior administración del gobierno regional entregó a ProCultura, así que por eso es muy importante que el CDE tome las acciones que correspondan para poder restituir esos fondos y sean bien utilizados para la necesidad de nuestra comunidad".

El consejero Christian Arellano por su lado expuso que "es indispensable que se puedan restituir los recursos, sobre todo en las condiciones económicas en que hoy se encuentra el Gobierno Regional a nivel de recursos".

En el documento, se apela a invocar el artículo 3º de la Ley Orgánica del CDE, que "faculta al organismo a ejercer la acción penal y civil en defensa del patrimonio fiscal cuando se trata de delitos que pudieran ocasionar perjuicio económico al Estado".

"Estimamos necesario que el consejo ejerza, en el marco de sus atribuciones, las acciones penales y civiles que correspondan", suscriben los consejeros.

En esta arista, el Gore Biobío confirmó hace algunos días a este medio que se concretó la restitución de $287 millones de las boletas de garantía.

A la fecha, el Gore ingresó una demanda de juicio

ordinario de mayor

cuantía y cobró $287

millones por garantías.

Molestia generaron en el Gobierno las declaraciones que el diputado UDI Sergio Bobadilla en entrevista con Diario EL SUR el pasado domingo, donde cuestionó en duros términos el rol del Ejecutivo en la discusión de la ley de fraccionamiento de la pesca, en particular del ministro de Economía Nicolás Grau y el subsecretario de Pesca Julio Salas.

La vocera de Gobierno Jacqueline Cárdenas manifestó que "en una democracia se puede estar en desacuerdo, pero no con prepotencia ni amenazas disfrazadas de argumentos. Las declaraciones del diputado Bobadilla no solo distorsionan el trabajo técnico que se ha hecho desde el Gobierno, sino que buscan desacreditar una ley debatida democráticamente".

"Las amenazas de inconstitucionalidad como mecanismo de presión son parte de una lógica del todo o nada, algo que no compartimos. El país necesita madurez y no más crispaciones, ni espectáculos políticos", añadió la seremi.

Cárdenas también defendió la labor del Ejecutivo en el debate y el diálogo sostenido con los distintos sectores del gremio pesquero: "Hemos sido claros y responsables, aquí no hay imposiciones, sino que hay diálogo con todos sectores, industriales y artesanales, con una mirada regional. Lamentamos que el diputado Bobadilla insista en levantar un relato confrontacional que desinforma y perjudica a la propia Región".