Instan a reforzar las políticas estatales para afrontar el comercio ilegal en Concepción
Ante las mermas económicas para las pymes y los riesgos en seguridad que ha traído esta actividad, tanto las autoridades locales como vecinos solicitan robustecer las estrategias.
Pese a que los esfuerzos realizados por la nueva administración municipal para mitigar el comercio informal en el centro de Concepción han sido valorados por los vecinos y locatarios establecidos aún existe una percepción de insuficiencia acerca de estas medidas, pues se trata de una actividad ya consolidada y que pareciera incluso haber tomado fuerza los últimos años, trayendo consigo un impacto económico principalmente en materia económica y de seguridad.
En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Sara Cepeda acusó una competencia desleal por parte de quienes no pagan sus impuestos, aumentándose la carga financiera de las pymes.
"Converso a diario con nuestros asociados y están agónicos, y tampoco se abren rubros que sean atractivos para la gente. Hoy se nos exige mucho y a las 6 de la tarde ya no anda gente en el centro. Tenemos sectores donde hay más comercio ilegal -que son las calles Freire, Aníbal Pinto y Maipú, donde las ventas han bajado hasta un 60%", advirtió.
Otras consecuencias están relacionadas con la integridad de los transeúntes durante los operativos de fiscalización. El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Moises Ríos precisó que "al momento de que arrancan, estos personas chocan con vecinos, corren y atropellan, y ahí es donde la comunidad se ve afectada. Tenemos casos de adultos mayores que se ven envueltos en estas situaciones, que han sido chocados o botados".
Más allá de la coordinación que tienen estas organizaciones con las autoridades, expresan la necesidad de generar un control permanente, pero también demandan una respuesta más efectiva del Estado que permita enfrentar esta problemática, que además tendría distintas dinámicas a lo largo del país.
Parte de este despliegue local contempla un incremento de la dotación de personal para los procedimientos de fiscalización, el uso de nuevas tecnologías y la elaboración de una ordenanza municipal que refuerce las capacidades locales en esta materia.
Gestiones municipales
Justamente, dicha ordenanza fue uno de los acuerdos comprometidos por el alcalde Héctor Muñoz a inicios de su periodo. La autoridad adelantó que se avanza en el catastro de todos los permisos del comercio emplazados en bienes nacionales de uso público, sus categorías -como food trucks, carros y anticuarios- con el propósito de tener claridad sobre sus titulares, ubicación y vigencia del permiso.
"Esta información es importante para coordinar, ordenar e incorporar una reglamentación más específica y acorde a las necesidades actuales para la propuesta de nueva ordenanza y para analizar un reordenamiento, protocolos de fiscalización, incorporación de nuevos requisitos y proceso de obtención de los mismos como también definir criterios para su entrega", precisó la autoridad.
Se estima que la normativa será sometida a votación en el Concejo Municipal la primera mitad del segundo semestre.
Del mismo modo, se está avanzando en la creación de una segunda central de monitoreo y de nuevas dependencias para la Dirección de Seguridad Pública, proyectada para el sector de la Avenida Andalién. "Ya tenemos aprobado un presupuesto de $400 millones para ello, lo que va a significar un cambio importante. Lo otro que nos interesa implementar es pórticos en la intercomuna para el control vehicular, iniciativa que debería involucrar todo el Gran Concepción", sumó.
Políticas públicas
La autoridad afirmó que apuntan a continuar incrementando la dotación de inspectores municipales -hasta abril creció un 30%- y "para ello insistimos en que debe avanzar la Ley de Seguridad Municipal, que nos permitiría contratar personal para esta función y tener los recursos para dotarlos de todos los medios que requieren para su protección", dijo.
Desde la Cámara de Comercio y la Unión de juntas vecinales también hicieron hincapié en la necesidad de robustecer las políticas estatales. De acuerdo con la representante gremial, esta labor debe ser descentralizada. "El comercio ilegal que hay en Arica es diferente al que existe acá. Como vicepresidenta de la Confedech tenemos muy claro que son diferentes lineamientos que tienen para actuar, por lo tanto las políticas tienen que ser a niveles regionales", enfatizó.
En tanto, el líder de la unión comunal aseguró que han insistido durante varias administraciones para impulsar un despliegue permanente, hasta ahora sin éxito. "Se debe hacer algo continuo, porque cuando se retiran volvemos a tener las calles copadas, o un perímetro en el casco céntrico con carabineros punto fijo en cada esquina, y sobre todo que la Fiscalía funcione", subrayó.