La llegada de la temporada de otoño-invierno, con lluvias y frío, despierta la preocupación por las personas que viven en situación de calle. Cada año aumenta el número de quienes viven y duermen en la calle, a la entrada de las galerías, bajo marquesinas, debajo de los puentes o pasos sobre nivel, en los quioscos de las plazas o en el acceso a algunos edificios.

Son mendigos, desplazados o personas en situación de calle, que sobreviven de la caridad ciudadana, de la ayuda que les llevan los voluntarios de instituciones formales u otras que han surgido por motivación de jóvenes que se conduelen con el dolor y la tragedia ajena.

El año 2023, en la Región del Biobío había 1.579 personas en situación de calle, según el Registro Social Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero ahora se calcula que son 1.750, principalmente en Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y Coronel. No obstante, se proyecta un aumento de la cifra a partir de los datos actualizados del Censo 2024, que además realizó un catastro en esta materia.

Con el fin de atenderlos, son diversos los programas que implementa el organismo para dar apoyo integral a estas personas, labor a la que también se han ido sumando algunos municipios. Se contemplan albergues permanentes, hospederías, viviendas compartidas y apoyo psicosocial y laboral. Este trabajo es reforzado especialmente en los meses de invierno, debido a la posibilidad de que se presenten emergencias meteorológicas que ponen en riesgo la integridad e incluso la vida de estas personas. A partir de los primeros días de junio se dispondrán más camas a nivel regional y se activará el denominado "Código Azul" bajo condiciones climáticas extremas, especialmente en las comunas que concentran la mayor cantidad de personas en condición de calle. Asimismo, se incrementará la oferta de albergues en las comunas de mayor demanda.

Catastros de los últimos años calculan que la región tiene el 9% del total de las personas que viven en las vías públicas de todo el país. El 62,8% abandonó sus hogares por problemas familiares, el 15% lo hizo por consumo de alcohol y drogas y el 11,5% llegó a esa condición debido a los problemas económicos. Asimismo, la alta inmigración irregular ha incrementado la cantidad de personas viven en las calles, en carpas, en el odeón de la plaza o bajo una marquesina.

Los estudios permitieron identificar a las personas que requerían intervención prioritaria, porque se trataba de adultos mayores que no tenían pensión de vejez, tenían dependencia moderada o severa de alcohol o drogas o no contaban con su ficha del registro social de hogares.

Se distribuyen por toda la ciudad, pero tienen la característica de ser itinerantes y van recorriendo diversas comunas apelando a la caridad. Para sobrevivir deben buscar colchones, carpas, mantas y ropa abrigada, ya que además de la pandemia hay que pasar el frío invierno. Como carecen de hogar, tampoco tienen arraigo con una ciudad determinada. La falta de reglas en la vida de estas personas es el principal problema al que se enfrentan quienes tratan de ayudarlas, y si bien vivir en la calle es complicado, la situación se agrava por la adicción a las drogas o al alcohol que tienen algunos. De hecho, uno de los requisitos que tienen los programas de ayuda oficiales es que deben dejar el consumo de esas sustancias. Las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle han debido aumentar sus prestaciones y compromiso, manteniéndose atentas y prestando ayuda a través de las hospederías y albergues en las comunas.

Quienes están en situación de calle viven un drama porque muchas veces porque fueron abandonados por sus familias o porque el vicio de la droga o el alcohol los llevó a vagar. Muchos de ellos están aquejados por enfermedades respiratorias. Sin embargo, el problema no es tan sencillo de resolver, porque muchas de esas personas se rehúsan a ir a los centros de acogida.

El año 2023, en la Región había 1.579 personas en situación de calle, pero ahora se calcula que son 1.750, distribuidos principalmente en Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y Coronel.

La reciente revelación de que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica no es solo una noticia impactante; es un síntoma profundo de una enfermedad ética y cultural que carcome nuestro sistema público. Se trata de un caso que va más allá de la falta de control administrativo o del uso irregular de licencias médicas: lo que está en juego aquí es la integridad del pacto social y la legitimidad de nuestro Estado.

La Contraloría General de la República cruzó datos entre la PDI, Fonasa, las Isapres y las bases de funcionarios públicos. El resultado: decenas de miles de trabajadores -algunos incluso con más de 30 entradas y salidas del país en un solo periodo de reposo- utilizaron un instrumento creado para proteger la salud como un salvoconducto para el abuso. En total, más de 35.000 licencias podrían estar viciadas.

Este hecho golpea con fuerza al Estado, no solo porque pone en entredicho la probidad del funcionariado, sino porque afecta directamente la confianza ciudadana en sus instituciones. Y aunque es verdad que este fenómeno no se limita al sector público -seguramente en el mundo privado ocurre algo similar- lo público es simbólicamente distinto: es de todos, y por lo tanto, exige más.

En este contexto, resulta imperioso reforzar los mecanismos de control y fiscalización, como el rol del Compin en la validación y seguimiento de licencias médicas. Pero reducir el problema a un tema de control es insuficiente. Este escándalo revela una herida mucho más profunda: la urgencia de un cambio cultural en Chile.

Vivimos en una sociedad que, por décadas, ha cultivado un tipo de astucia mal entendida. El que "se pasa de listo", el que "se las arregla" o el que "hace la trampa sin que lo pillen" es visto muchas veces como un ejemplo de viveza, no de corrupción. Esta lógica perversa está tan arraigada que ha contaminado incluso la red de protección social. No se trata solo de funcionarios que engañan al sistema para irse de viaje: se trata de personas que abusan de recursos que están diseñados para proteger a quienes realmente los necesitan. Y eso tiene un costo no solo fiscal, sino también humano.

Este tipo de prácticas no solo despilfarran dinero público, el dinero de todos nosotros,- sino que debilitan la red institucional que sostiene a los más vulnerables. Porque cuando se banaliza la licencia médica, también se socava la credibilidad del sistema para quienes sí necesitan ese resguardo, generando desconfianza, estigmatización y burocracia excesiva.

Necesitamos revalorizar lo público. Hoy más que nunca, es fundamental formar no solo profesionales técnicamente competentes, sino ciudadanos éticos, con una conciencia clara de que los bienes comunes no son "de nadie", sino de todos y todas. Y eso empieza en la sala de clases, en los hogares, en los medios de comunicación, y en la formación cívica que tanto hemos descuidado.

Culpar exclusivamente a la clase dirigente es fácil. Pero este fenómeno muestra que la crisis de ética y civismo es sistémica. Si no asumimos que la corrupción cotidiana también es responsabilidad nuestra, como ciudadanos, trabajadores y miembros de una comunidad, difícilmente podremos reconstruir la legitimidad de nuestras instituciones. Lo que está en juego no es solo el uso correcto de una licencia médica. Es la salud moral del país, y la salud del pacto social en cual nuestra frágil sociedad descansa.

Lo que está en juego no es solo el uso correcto de una licencia médica. Es la salud moral del país, y la salud del pacto social en cual nuestra frágil sociedad descansa.

Licencias

El sistema de licencias médicas se ha convertido en el símbolo perfecto de una cultura que premia la flojera, el abuso y la mediocridad. En el sector público, funcionarios con sueldos impensados para el mundo privado - por falta de estudios, competencias o experiencia - abusan sin pudor de beneficios que solo existen en ese ámbito. Licencias por estrés después de vacaciones, ausencias prolongadas sin control, y sumarios que no terminan en nada. ¿Y si alguien intenta sancionar? Ahí están las asociaciones de funcionarios, siempre listas para blindar a los abusadores con discursos de acoso y hostigamiento. Incluso la Ley Karin puede usarse como escudo ante cualquier intento de orden. El resultado es predecible: todo se archiva, nadie responde, y la ciudadanía paga la cuenta.

Rodrigo Durán Guzmán

Accionistas

Durante la última temporada de juntas ordinarias de accionistas, correspondientes a marzo y abril de este año, 26 de las 30 empresas que integran el Ipsa optaron digitalizar este importante proceso. Esta cifra, lejos de ser solo un dato, refleja un cambio profundo en la forma en que se toman decisiones corporativas en Chile. Compañías líderes, como Banco de Chile, Cmpc, SQM o Cencosud, adoptaron soluciones digitales para garantizar procesos más ágiles, trazables y participativos. La digitalización no es solo realizar procesos de forma remota: es facilitar el acceso, mejorar la eficiencia y fortalecer la transparencia. Herramientas como el control de quórum en tiempo real, el registro de asistencia y los resultados inmediatos de votación ya son parte del estándar esperado.

Felipe Lorca

Vacunas

Más allá del impacto inmediato de la pérdida de más de un millón de vacunas contra la influenza y la eventual administración de más de mil unidades vencidas, lo más preocupante es el efecto que estos hechos pueden tener en la confianza ciudadana y, por lo tanto, en la salud pública de nuestro país. Cuando se instala la duda sobre la calidad o trazabilidad de las vacunas, no solo se cuestiona un proceso, sino también la seguridad y eficacia de los medicamentos en sí. Esto puede debilitar el compromiso de la población con una herramienta fundamental de prevención. De comprobarse la administración de vacunas fuera de norma, será muy difícil hacer un seguimiento clínico adecuado y evaluar posibles efectos adversos. Pero incluso si el mayor riesgo es la pérdida de eficacia, eso ya supone haber dejado a más de mil personas sin la protección esperada. Las vacunas exigen un estándar riguroso: deben almacenarse correctamente, mantenerse en cadenas de frío bien controladas y ser administradas exclusivamente por personal certificado, tal como lo establece nuestro Código Sanitario.

Stephan Jarpa Cuadra

Arriendos

Las altas tasas de interés han cambiado las reglas del juego en el mercado inmobiliario. En muchos casos, el dividendo de una propiedad supera con creces el ingreso por arriendo, dejando a los inversionistas tradicionales en una posición difícil. En este escenario, la renta corta (arriendo por días o semanas) se ha convertido en alternativa más rentable y flexible. Pero no es una oportunidad abierta para todos. Requiere capital, buena gestión y acceso a propiedades bien ubicadas y con atributos diferenciadores. El beneficio de este modelo ha sido para los propietarios, dejando fuera a quienes no tienen acceso a una propiedad. ¿Es posible abrir esta oportunidad a más personas?

Tomás Charles

Multifondos

Hay 3,2 millones de afiliados al sistema previsional que están en un fondo que no se le sugiere, es decir, personas jóvenes que están en fondos conservadores, y personas próximas a pensionarse que están en fondos más arriesgados. Desde la creación de los multifondos en 2002, se permitió elegir libremente el fondo de pensión, y para quien no lo eligiera, se le asignaba uno según su edad, pero a la fecha, esa libertad de acción le está jugando una mala administración a casi un 25% de los afiliados. Los fondos generacionales, que entrarán en vigencia en abril del 2027 harán los ajustes en las cuentas obligatorias, y permitirán una mejor gestión en las inversiones, pues no habrá cambios masivos de fondos que distorsionen la gestión de las inversiones.

Eduardo Jerez Sanhueza

Cambios

A propósito del acontecer político actual, es procedente recordar que el brillante sir George Bernard Shaw escribió esta breve frase, plena de sabiduría: "A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos seguido... y por las mismas razones".

Andrés Urrutia Z.

Fueron 56 días de paro los que mantuvieron en vilo a Puerto Coronel. Las operaciones del terminal se vieron interrumpidas el 26 de marzo por demandas que distanciaron a los trabajadores eventuales y a la administración -una de ellas la controvertida política de alcohol y drogas- y sus puertas recién fueron abiertas la tarde del 21 de mayo, horas después de un acuerdo pactado entre ambas partes bajo la mediación del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Al día siguiente, el miércoles, el puerto reabrió en su totalidad para reactivar el trabajo paralizado durante casi dos meses.

En medio de un proceso paulatino de reactivación, gremios y empresas cuantifican los daños y marcan la pauta que debiese guiar a la Región del Biobío para evitar futuros cataclismos logísticos que afecten la imagen internacional de la zona y su economía.