Por Redacción

Queda una semana para la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, cuyo programa de Gobierno incluía el proyecto de Ley de aborto libre, en reemplazo del de tres causales, que rige actualmente. Por esta razón, el comienzo del trámite legislativo fue anunciado en las últimas horas del viernes y, ayer, la ministra vocera, Aisén Etcheverry, señaló que "las discusiones hay que darlas y los consensos en democracia se construyen debatiendo".

La discusión en torno al tema que marcará el discurso del 1 de junio, agregó la secretaria de Estado, tiene que desarrollarse "en base a evidencia, escuchando a los expertos, poniendo sobre la mesa los distintos argumentos y eso es parte y propio de la democracia, es como Gobierno hemos construido acuerdos en distintas materias y esta es una más de aquellas".

El proyecto de aborto libre "se trata de una política pública sanitaria que tiene que ver con derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es una discusión que en toda sociedad democrática tiene que darse de manera abierta y el espacio para llevar esas conversaciones, en materias que son de fondo, es el Congreso", dijo Etcheverry.

El anuncio del proyecto llega en medio de dos situaciones que han afectado la agenda de La Moneda. Por un lado, las repercusiones del caso ProCultura; por el otro, el impacto generado por el hallazgo por parte de la Contraloría de que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando bajo licencia médica.

El senador Fidel Espinoza (PS) pidió en X que "no pretendan con esto desviar la atención de los casos ProCultura y licencias médicas fraudulentas. Con este tema (aborto) ya les fue horrible en la Convención (Constitucional). Volver a reflotarlo, es de una porfía enfermiza. (Ministra de la Mujer) Antonia Orellana preocupémonos de los problemas reales de la gente".

Oficialismo dividido

La candidata presidencial del PPD, PS, PL y PR, Carolina Tohá, dijo que "puedo entender que para alguna gente esto no es prioritario, pero para una mujer que está embarazada y que no tenía ni la preparación ni las condiciones, no tiene la decisión de abordar esa situación, claro que es prioritario. Muy importante". Por lo cual "nosotros somos muy partidarios de que se de este debate".

Con ella coincidieron sus contrincantes del PC, Jeannette Jara, y del FA, Gonzalo Winter. Sin embargo, desde el FRVS, Jaime Mulet, señaló que "es un debate muy artificial", pues "yo he recorrido el país prácticamente completo, he tenido decenas de reuniones y nunca me han preguntado por la urgencia de una Ley de aborto libre. Más bien la gente está satisfecha con el aborto en las tres causales".

"No soy partidario del aborto libre", sostuvo el abanderado oficialista, ya que hoy, a su juicio, "hay mucha necesidad. Hay problemas de salud graves. Hay legislaciones que tienen que avanzar en materia de seguridad, de inmigración, de cambios estructurales del país, en materia de, por ejemplo, terminar con los delegados presidenciales regionales; o generar algunos avances para tramitar los proyectos más rápidos".

El candidato del PNL, el opositor Johannes Kaiser, agregó que "sabemos que el Presidente no está demasiado interesado en salvar las vidas de los chilenos, lo vemos con las crisis de seguridad y sanitaria".

Frente a la orden de sumarios a los 25.000 empleados públicos que la Contraloría detectó que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, sumado a la investigación abierta por la Fiscalía ante el mismo hecho, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), afirmó ayer que "hay 25.000 funcionarios que cometieron delito y se tienen que ir".

"No hay espacio para sumario ni investigaciones administrativa, porque no va a haber quién las haga", agregó el legislador en radio Cooperativa, junto con calificar lo ocurrido como "el peor caso después de la colusión de los remedios".

"Ha sido un portonazo a Chile", continuó Flores, y "esto no se resuelve con una investigación administrativa. (...) Lo que hay que hacer es aplicar la norma y punto".

Diputados UDI solicitaron además formar la comisión bicameral para reducir el gasto público -aprobada en enero- a fin de investigar el caso.

Así como el Congreso es el hogar de la política, los tribunales son el hogar del derecho. Nada bueno se obtiene de confundir los planos, porque la justicia que se politiza ya no es digna de tal nombre, y se convierte en pura arbitrariedad. Ya lo sabía Norberto Bobbio: "El Estado de Derecho es la antítesis del gobierno arbitrario. Donde la política corrompe al derecho, nace la tiranía" (El futuro de la democracia, 1984).

En el marco del caso ProCultura, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas por orden del Ministerio Público al celular de Josefina Huneeus, ex pareja de Alberto Larraín, fundador de Procultura. ¿La razón? Las escuchas se iniciaron por error, ya que se creyó erróneamente que el número pertenecía a Larraín.

A pesar de que esta nos parece una decisión jurídicamente acertada, hay un aspecto del fallo que no deja de ser preocupante. Nos referimos a un fraseo argumentativo que parece sacado de la discusión parlamentaria, impropio de la sede judicial. En concreto, refiriéndose a la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas, la Corte sostuvo que en este proceso "se han validado actuaciones policiales (...) propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado".

En el mejor de los casos, estamos frente a un exceso retórico que no agrega nada sustantivo a la decisión, por tanto, innecesario. En el peor de los casos, se trata de una sentencia motivada por razones ideológicas y revestida de argumentos legales. Como sea, en ambos casos parece una referencia absolutamente desproporcionada: ¿son realmente comparables las operaciones de la DINA o de la CNI a estas escuchas telefónicas?

El asunto es simple: la historia política del país no puede ser un argumento para fundar una decisión judicial. En los tribunales debe regir estricta y severamente el principio de legalidad, puesto que es la única manera de garantizar la justicia. En palabras de Aristóteles, "todo lo legal es, en cierto modo, justo" (Ética a Nicómaco, Libro V). La alternativa es la arbitrariedad y las soluciones ad-hoc, lo que lleva indefectiblemente a la injusticia.

Todo esto se trata, en el fondo, del resguardo de los derechos de la población. Cuando el imperio jurisdiccional se pone al servicio del poder político, las sentencias se convierten en instrumentos de opresión. Tal como pasó, de hecho, "en tiempos pretéritos de la República".