Por Felipe Cuevas Mora

Con el Tratado de Tapihue en la mesa y en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric informó la noche de este jueves cuál será el plan de acción que transitará su administración tras recibir las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, a cargo de abordar por los dos últimos años el conflicto territorial que se vive del Biobío al sur.

Dicho plan considera cinco puntos que van desde la realización de una consulta indígena para dar legitimar la reforma al sistema de reparación de tierras -que se cuantifica en más de 41 mil hectáreas en la zona-, dos proyectos de ley que buscan la reparación a las víctimas de violencia y una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos originarios, hasta la creación y reformulación de la institucionalidad indígena, y un plan de reactivación especial para la provincia de Arauco.

Para su materialización, los esfuerzos estarán repartidos tanto en el Congreso como también en el propio trabajo del Gobierno: de hecho, desde Desarrollo Social confirmaron a este medio que la próxima semana equipos de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI) -dependiente de la cartera- visitarán la zona para iniciar la planificación de una consulta indígena inédita que abarcará a poco más de 108 mil habitantes del Biobío.

Consulta indígena

Desde el Ejecutivo, distintas fuentes detallaron a este medio que la realización de una consulta indígena de estas características no tiene precedentes, principalmente por el componente territorial.

En otras experiencias como el diálogo inicial con comunidades del Gran Concepción para el nuevo Plan Regulador Metropolitano, o la revisión de las bases curriculares que hizo el Ministerio de Educación en 2018, el universo de comunidades abordadas ha sido acotado y circunscrito a las características de la consulta.

En este caso, el informe final de los ocho comisionados recomienda "implementar las medidas propuestas en este informe, las cuales deberán ser sometidas a consulta indígena, según corresponda, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente", lo que varios de los comisionados han definido como el "corazón" del proceso, indicando que los cambios propuestos tendrán validez expresa tras dicha consulta.

Un proceso que, según estimaciones iniciales, debería abordar sólo en la Región del Biobío a 108 mil personas que se reconocen como miembros de un pueblo originario, según recientes datos del INE.

Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social iniciará el trabajo la próxima semana con la visita de los equipos de la UCAI para entregar los lineamientos de un proceso que se proyecta no se prolongue más allá de diez meses.

El seremi Hedson Díaz explicó que "se nos informó que la próxima semana comienza el despliegue y la bajada de contenido respecto a cómo se va a desarrollar esta consulta, particularmente desde el ministerio en coordinación con la Conadi".

Sobre la envergadura de la consulta, dijo que "se abarca a toda la Región, a todos los pueblos originarios y estamos a la espera de la bajada metodológica respecto a cómo se va a desarrollar la consulta en la Región".

Discusión legislativa

Otro de los ejes centrales de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo responde a la discusión que se dará en el Legislativo, tanto para la ley de reparación a las víctimas de violencia rural, como también la reforma para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Y es en ese punto, donde las opiniones están divididas, pese al consenso político que precedió la creación de la comisión.

El senador PS Gastón Saavedra se puso a disposición total del proceso, apelando a que "lo que está en juego no es una política pública más, es la posibilidad de construir un país donde quepamos todos, sin discriminación, sin prejuicios y con justicia. Desde el Senado, voy a trabajar para que esas propuestas se transformen en leyes, porque creo firmemente en un Chile que reconoce su diversidad como una riqueza, no como una amenaza".

La diputada independiente en cupo DC, Karen Medina, en tanto mostró sus cuestionamientos al proceso, apelando a que "el Presidente se equivoca al querer implementar como primera medida la creación de nuevas instituciones, cuando la condición económica país hoy día no está para eso", pero también a que las medidas anunciadas no se hacen cargo de la violencia en la macrozona sur: "Son dos caminos distintos, pero son paralelos y deben avanzar en conjunto porque no vamos a llegar a este ideal si no se recupera la seguridad".

Su par del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo fue más allá y dijo que "nuevamente, vemos al Gobierno perdiendo el tiempo en comisiones. Dicen que es por la paz y el entendimiento, pero los grupos terroristas nunca van a ceder. A ellos se les debe aplicar la ley antiterrorista, buscar a los responsables y hacerles pagar por todo el daño causado, no solo a la población mapuche, sino también a todas las personas que han sufrido por sus actos", en alusión al ataque en Mulchén.

Uno de los puntos que también consideran los pasos que dará el Presidente Boric tras recibir las recomendaciones de la comisión a inicios de mayo responde a la presentación de un plan integral para la recuperación económica de la provincia de Arauco.

En el informe se señala que el foco especial está en la provincia "considerando el enorme daño que se ha producido a la cadena productiva. Para ello se propone la implementación de políticas exitosas como, por ejemplo desarrollo local-territorial del ex programa "Chile Emprende" el que a pesar de no existir formalmente, sigue en la memoria colectiva de los gremios".

En una declaración presentada por la CPC Biobío, su presidente Álvaro Ananías manifestó que "este documento propone soluciones de largo plazo para el conflicto en la macrozona sur, impulsando el diálogo y la reparación. Sin embargo, hechos como el ocurrido en Mulchén, atentan contra los esfuerzos multisectoriales por alcanzar la paz y estabilidad que tanto se necesita en nuestra Región".

Además, marcó que "reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y el respeto a la convivencia democrática. La violencia no puede ser un mecanismo de reivindicación ni de resolución de conflictos. En ese sentido, instamos a las autoridades a tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores y empresas que contribuyen al desarrollo del Biobío".

El documento final también plantea que dicho plan especial también debe considerar subsidios para la reconversión de suelos o fomento de otras actividades agrícolas, además de subsidios para plantaciones forestales con especies exóticas y nativas, "a las comunidades indígenas y a los pequeños y medianos empresarios".

Consulta indígena y cambios al sistema de tierras

En su discurso, el Presidente Boric indicó que ante el nuevo sistema de tierras, "iniciaremos el proceso de consulta al pueblo mapuche sobre la nueva institucionalidad y los mecanismos propuestos por la comisión".

Fortalecimiento al apoyo a víctimas de violencia rural

Respecto al apoyo a las víctimas de la violencia, el mandatario dijo que "fortaleceremos el Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural", y que "presentaremos al Congreso un proyecto de Reparación Integral a las Víctimas".

Rango constitucional a pueblos originarios

Respecto al estatus de los pueblos originarios, dijo que se presentará "un proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la misma comisión y que recoge una fórmula compartida transversalmente".

Cambios a la institucionalidad indígena y a la Conadi

El Presidente Boric también explicó que "impulsaremos la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía. Recogemos, además, la propuesta de crear una instancia de representación de los pueblos indígenas".

Plan de reactivación especial para Arauco y Malleco

"He mandatado al ministro de Economía la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación e inversión económica, especialmente en las zonas de Arauco y Malleco", dijo el Mandatario sobre el abordaje económico.

Un verdadero escándalo es el que ha levantado a nivel nacional el último informe de la Contraloría General de la República (CGE) en torno al descubrimiento de más de 35 mil licencias médicas fraudulentas debido a que los solicitantes viajaron fuera del país mientras debían cumplir reposo entre 2023 y 2024.

En el caso de la Región, y según una revisión de este medio a los registros publicados por el órgano fiscalizador, al menos 1.541 licencias corresponden a funcionarios de 57 servicios o unidades locales y no centralizados: el conteo no considera las reparticiones públicas nacionales con sedes regionales, como es el caso de fundación Integra o Junji.

Entre los servicios con más licencias fraudulentas se destacan los casos de la Municipalidad de Talcahuano con 199 licencias observadas, el departamento de Educación Municipal de Coronel con 140, el departamento de Educación Municipal de Tomé con 113, el departamento de Educación Municipal de Los Ángeles con 111, el municipio de Hualpén (103), la dirección de Salud Municipal de Los Ángeles (102) y la dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Concepción (91).

Es en ese punto donde las entidades bajo la lupa ya han informado que adoptarán una serie de acciones con miras a mitigar los efectos que pueda tener este hallazgo y responder tanto a nivel administrativo como económico por los pagos de las licencias presentadas. El alcalde de Talcahauno, Eduardo Saavedra manifestó que "apenas tomamos conocimiento de esto instruí los sumarios correspondientes y que se deriven los antecedentes al Ministerio Público porque no vamos a permitir que se mal utilicen los recursos públicos".

El delegado presidencial Eduardo Pacheco dijo que hasta el momento no han sido notificados de irregularidades, pero que "el Ministerio de Hacienda instruyó ver en un plazo de 72 horas los procedimientos correspondientes. La delegación y cada servicio debe seguir ese conducto; a la fecha estamos esperando los antecedentes que entregue Contraloría".

35 mil licencias fueron observadas por parte de la Contraloría, debido a que los solicitantes salieron del país.