Las licencias médicas en el sector público casi triplican a las del privado. En 2022 se autorizaron 3,3 licencias en promedio por trabajador dependiente del sector público, 1,2 licencias promedio por trabajador dependiente del sector privado y 1,1 promedio por trabajador independiente.

Solo en 2024 se emitieron casi ocho millones de permisos médicos por enfermedad común y accidentes, un 2,1 % más que en 2023. Cada trabajador recibió en promedio 3,1 licencias al año, con una duración media de 42 días, lo que implica más de 100 mil días laborales ausentes. Sin embargo, no se trata de que los funcionarios públicos tengan una salud más deteriorada que los que se desempeñan en la actividad privada, sino que -de acuerdo con los estudios que se han realizado- hay mal uso y abuso de las licencias. Un reciente análisis realizado por la Contraloría General de la República, entre 2023 y 2024, ha revelado que 25.078 funcionarios públicos incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica y viajaron fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

El reporte del órgano contralor señaló también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres. El informe indicó que según los datos entregados por la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo, salidas que se concentraron principalmente entre los meses de septiembre y diciembre, es decir, para Fiestas Patrias y Navidad-Año Nuevo. Los servicios que más permisos médicos emitieron fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra y algunos municipios.

El fraude existe, pero no explica por sí solo el problema. Según la Superintendencia de Seguridad Social, apenas el 0,6 % de los médicos emite más de 1.600 licencias al año, y once de ellos superan las 6.400, de manera que también hay problemas con las emisiones de esos documentos. En los últimos años, las redes sociales y algunos sitios en internet son utilizados para la compra y venta de licencias médicas fraudulentas, un delito que afecta gravemente al sistema de salud y la seguridad social en Chile y que es constitutivo de penas y multas no sólo para quienes venden, sino que también para quienes compran.

Se estima que el 1% del Producto Interno Bruto, es decir, el total de la riqueza que produce el país en un año, se va al pago de este instrumento, pero sobre todo, es preocupante cuando funcionarios "consiguen" una licencia para que se les pague un subsidio y paralelamente ellos salgan fuera del país, como si fueran vacaciones pagadas.

El problema no es menor ya que ha provocado ausentismo laboral, menor productividad y ha debilitado financieramente a los sistemas de salud, restando recursos a prestaciones y tratamientos necesarios.

Se ha debido llegar a niveles preocupantes de abuso, sobreutilización y fraude para que finalmente se impulse una ley de fiscalización. En el Congreso se encuentra un proyecto de ley que fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, y establece las sanciones administrativas y penales por la emisión improcedente de licencia médica.

El Ejecutivo y el Congreso apuntan de lleno al fraude y endurecieron las sanciones. Pero algunos especialistas dicen que ese enfoque, aunque necesario, solo ataca el síntoma y no la causa. Apuntan a que el sistema está mal diseñado: paga el 100 % de la renta imponible, penaliza las ausencias breves y, por ende, incentiva las licencias más largas. En este contexto, pareciera que castigar resulta más rentable políticamente que reformar. Estos casos de mal uso deben ser investigados, pero si no se abordan las causas estructurales del abuso, su impacto será limitado. El verdadero cambio vendrá al reformar los incentivos que hoy empujan a la sobreutilización del permiso médico.

El fraude existe, pero no explica por sí solo el problema. Según la Superintendencia de Seguridad Social, apenas el 0,6 % de los médicos emite más de 1.600 licencias al año, y once de ellos superan las 6.400.

El cierre de la siderúrgica Huachipato seguramente será considerado en la historia económica de la región un evento de una gran trascendencia por sus impactos económicos y sociales después de una larga presencia y aporte al desarrollo de la región y el país.

El pasar del tiempo permite realizar una reflexión profunda y alejada de la presión política del momento y la emergencia inmediata. Las decisiones tomadas frente a la inviabilidad económica de la empresa y la decisión de no extender las salvaguardas fue tratado más como un asunto de mercado que como una responsabilidad estratégica de país. Hay varias experiencias en el mundo en la industria del acero donde se ha tomado un camino distinto al de Chile. En EE. UU. hace ya un tiempo el gobierno viene imponiendo aranceles al acero importado, estrategia que se intensificó con Trump. Más recientemente, Gran Bretaña tomó la decisión estratégica de tomar control de la siderúrgica de Scunthorpe de propiedad y control del grupo chino Jingye. Estas decisiones se han centrado en razones que van más allá de los por impactos económicos solamente.

Considerando que nuestro país tiene una ubicación remota en el mundo y que por ello una interrupción del abastecimiento por guerras, pandemias, bloqueos, Chile podría quedar sin suministro externo de acero con los impactos en la construcción y la industria. Mas aún, Chile es un país afortunado al disponer de materias primas para la producción de acero de alta calidad dando una ventaja adicional en un entorno donde la competencia muestra economías de escala (tamaño) y especialmente dumping (precios por debajo de sus costos) donde se presume subsidios escondidos difícil de cuantificar.

Se argumenta que las medidas de protección son populista y carente de sustento técnico. No podemos estar más de acuerdo sobre la necesidad de que las decisiones de política pública estén basadas en elementos y juicios técnicos al asignar recursos de los contribuyentes de tal manera garantizar su eficiencia. Sabemos que un arancel implica perdida para el consumidor ya que enfrenta precios más altos del acero y por otro lado el mantener la producción de acero también es costoso. Sin embargo, ese análisis asume que el mercado del acero no está distorsionado con precios artificialmente bajos. También supone que los mercados domésticos funcionan en forma perfecta y se pueden reasignar rápidamente los recursos a otra industria. Sin embargo, ese análisis está muy distante de la realidad. En la práctica, los mercados tienen imperfecciones y distorsiones lo que hacen que los costos de eficiencia sean más bajos que los costos sociales y estratégicos.

Este análisis nos debería llevar a considerar que una salvaguardia u otro instrumento de protección es necesario y se puede justificar desde un enfoque técnico más amplio. Ciertamente el acero de Chile no sería una excepción a pesar del aumento de costos para los consumidores nacionales quienes deben entender que con ello se esta protegiendo un abastecimiento permanente y estratégico, una alta calidad, evitando altos costos sociales producto de las imperfecciones que hacen un ajuste caro, largo e incierto.

Al final pareciera ser que la historia podrá decir que Chile pudo haber seguido produciendo su acero, protegido y mejorando su tecnología, pero lo que se hizo fue lo fácil, y lo más caro. O sea "pan para hoy, hambre para mañana".

La historia podrá decir que Chile pudo haber seguido produciendo su acero, protegido y mejorando su tecnología, pero lo que se hizo fue lo fácil, y lo más caro. Pan para hoy, hambre para mañana.

Licencias médicas I

¿Cómo se están utilizando los recursos de los chilenos? Resulta preocupante que más de 25.000 funcionarios públicos hayan salido del país mientras se encontraban con licencia médica. Este hecho no solo cuestiona la ética de quienes lo hicieron, sino también la debilidad del sistema de control y fiscalización. Los recursos fiscales provienen del esfuerzo de todos los chilenos, y es inaceptable que se utilicen de forma indebida. Es urgente que la Contraloría General de la República investigue a fondo esta situación y que se establezcan sanciones claras a los responsables de este hecho.

Sebastián Chávez Farfán

Licencias médicas II

La Contraloría General reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero en 2023 y 2024. Muchos de ellos lo hicieron utilizando licencias médicas. Este abuso no solo representa una burla al sistema, sino también un grave daño a la probidad institucional. Se trata de personas sanas que eluden sus responsabilidades, viajan y siguen recibiendo su sueldo íntegro. ¿Y los verdaderos enfermos? Muchos enfrentan trabas interminables para obtener sus legítimos reembolsos. Esto no solo es inmoral, es inaceptable. Urge fiscalizar con firmeza, aplicar la rigurosidad de la ley a los involucrados. Y proteger a quienes realmente necesitan el apoyo del sistema.

Matías Muñoz Leal

Destitución

Y si mañana Perengano, hijo de Zutano y sobrino nieto de la señora Juanita, le pide a su abogado ( el que le facilita el Estado) que le cambien al fiscal que lo investiga, porque le "pinchó" sus llamadas con su urólogo, toda vez que lo investigan por un choque con un kiosco, ¿cree usted que le cambiarán el fiscal o le responderán "siga participando"?

Luis Enrique Soler Milla

Política de vivienda

Según cifras de la Fundación Techo-Chile, ha crecido el número de hogares unipersonales en campamentos, por una combinación de factores estructurales, económicos y sociales. Las personas que viven solas, muchas veces enfrentando empleos precarios, se ven forzadas a priorizar su subsistencia diaria, sin contar con ingresos suficientes para arrendar o comprar una vivienda. La política habitacional actual privilegia a familias nucleares o monoparentales con hijos, dejando en desventaja a quienes viven solos, quienes reciben menor puntaje en los procesos de postulación. A esto se suman las barreras que enfrentan los migrantes que viven solos, como el alto costo de los arriendos, la informalidad y la discriminación. También preocupa el aumento de personas mayores que viven solas con pensiones mínimas, sin capacidad de pago para una vivienda formal. ¿Cómo responde la política habitacional a los cambios en la estructura de los hogares? La precariedad habitacional empuja a muchas personas a optar por campamentos, evidenciando la necesidad urgente de adaptar las políticas públicas a las nuevas realidades.

Rosa Villarroel Valdés

Error de estimación

La reforma previsional trajo consigo un cambio relevante en la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia o SIS, el cual dejará de ser gestionado y licitado por las AFP, a ser administrado por el Estado, a partir del nuevo seguro social que administrará un 4% de la cotización a cargo del empleador, correspondiente a un 1% para compensar a mujeres, un 1,5% del préstamo con rentabilidad garantizada, y un 1,5% para financiar el SIS. Al momento de la discusión de la reforma, la tasa del SIS era de un 1,38% del sueldo bruto del trabajador, pero la nueva tasa vigente es de un 1,78%, casi un 30% superior. En otras palabras, cada vez que el costo del SIS sea superior al 1,5% del sueldo bruto del trabajador, el mayor costo será financiado quitando recursos a otras prestaciones. La presión por sacar adelante la reforma previsional, y el deseo del Gobierno por controlar los recursos previsionales, eliminó un aspecto técnico que estaba resuelto, para ahora ser un nuevo problema futuro.

Eduardo Jerez Sanhueza

Heráldica

El escudo heráldico de un reino tenía en latín: "Honestas et probitas columnae regni sunt." (Honradez y probidad son las columnas del reino). Ante tantos hechos de corrupción en su corte, el rey hizo un torneo heráldico para cambiar el lema del escudo y salió ganador el secretario de justicia y se cambió el lema por "Nullus supra legem, quocumque casu" (Nadie está sobre la ley, caiga quien caiga). Los súbditos quieren agregar al lema: Siempre y cuando la ley sea aplicada con honradez y justicia.

Marcos Concha Valencia

Un panorama muy diferente al del 2023 está viviendo la Región en torno a la circulación de virus respiratorios. En este mismo mes el año anterior, la crisis se concentraba en los contagios de menores por virus sincicial respiratorio, pero actualmente el patógeno con mayor circulación es la influenza A, afectando principalmente a los adultos.

Asimismo estas últimas semanas se ha registrado un gran aumento en las consultas de urgencias debido a sintomatología respiratoria. "Tenemos habitualmente en el Servicio de Urgencia 150 a 200 consultas al día, tanto en niños como en adultos, y el 70% es por cuadros respiratorios que han sido positivos a influenza", explicó el jefe del Servicio de Urgencia del Sanatorio Alemán, Álvaro Lara. En cuanto a la hospitalización, son adultos los que están siendo internados con mayor frecuencia debido a la influenza.