Por Redacción

El Ministerio de Hacienda tomó acciones inmediatas luego de que la Contraloría General de la República revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras tenían licencias médicas: por un lado se dio un plazo de 72 horas para que todos los involucrados sean sometidos a sumario y por otro se conformó un Comité Nacional de Ausentismo.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, manifestó que "hace más de dos años desde el Ministerio de Hacienda hemos estado trabajando por controlar el ausentismo en el sector público. Este ha sido un fenómeno que si bien es multicausal, hemos observado un alza especialmente preocupante después de la pandemia".

"Es decir, se han más que duplicado los días ausentes de funcionarios públicos en promedio, y para dar un orden de magnitud de lo que significa esto, son más de 8 millones de días perdidos al año o uno podría llevarlo a gasto fiscal, lo que significa más de 350 millones de dólares que el Estado gastó el año pasado por suplencias y reemplazos", explicó la funcionaria.

Ante ello, Martínez anunció que "desde el Ministerio de Hacienda, una vez conocidos los antecedentes entregados por Contraloría, enviamos una instrucción a los servicios públicos para que en menos o en un plazo de 72 horas, puedan iniciar los sumarios respectivos con los funcionarios y funcionarias que hicieron mal uso de las licencias médicas e informar al Ministerio de Hacienda".

"No solamente la instrucción es para que inicien las medidas disciplinarias correspondientes, sino que también se inicien los reintegros de esas licencias mal utilizadas", añadió la autoridad.

Comité especial

Además, la cartera emitió un oficio para que ministros, subsecretarios y jefes de servicios e instituciones del sector público informen a sus subordinados de la creación de un Comité Nacional de Ausentismo.

La instancia, informó Hacienda, tiene el propósito de "coordinar acciones, establecer lineamientos y promover buenas prácticas orientadas a la prevención y reducción del ausentismo en la Administración Pública".

Según señaló la cartera, este comité está conformado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Dirección de Presupuestos, el Servicio Civil y la Mesa del Sector Público, así como por los ministerios sectoriales relacionados con las medidas particulares que se discutan en cada sesión.

Con este objetivo, el ministerio pidió a cada cartera designar un subsecretario para que esté "a cargo de la coordinación y el seguimiento de la implementación de las acciones y sus resultados a nivel ministerial de los comités locales de ausentismo".

También requirió "instruir la constitución de comités locales de ausentismo en cada subsecretaría, así como de los servicios que le son dependientes o relacionados, los cuales deberán estar conformados por un representante de la subsecretaría o jefe de servicio; representantes de la división o unidad de gestión de personas; funcionarios con funciones relacionadas con calidad de vida y representantes de las asociaciones de funcionarios de su institución".

Hacienda especificó que para facilitar el trabajo de seguimiento, dicho subsecretario deberá designar a un funcionario responsable de esta coordinación, quien actuará como contraparte institucional con el Comité Nacional de Ausentismo.

Por Redacción

El Ministerio de Hacienda tomó acciones inmediatas luego de que la Contraloría General de la República revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras tenían licencias médicas: por un lado se dio un plazo de 72 horas para que todos los involucrados sean sometidos a sumario y por otro se conformó un Comité Nacional de Ausentismo.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, manifestó que "hace más de dos años desde el Ministerio de Hacienda hemos estado trabajando por controlar el ausentismo en el sector público. Este ha sido un fenómeno que si bien es multicausal, hemos observado un alza especialmente preocupante después de la pandemia".

"Es decir, se han más que duplicado los días ausentes de funcionarios públicos en promedio, y para dar un orden de magnitud de lo que significa esto, son más de 8 millones de días perdidos al año o uno podría llevarlo a gasto fiscal, lo que significa más de 350 millones de dólares que el Estado gastó el año pasado por suplencias y reemplazos", explicó la funcionaria.

Ante ello, Martínez anunció que "desde el Ministerio de Hacienda, una vez conocidos los antecedentes entregados por Contraloría, enviamos una instrucción a los servicios públicos para que en menos o en un plazo de 72 horas, puedan iniciar los sumarios respectivos con los funcionarios y funcionarias que hicieron mal uso de las licencias médicas e informar al Ministerio de Hacienda".

"No solamente la instrucción es para que inicien las medidas disciplinarias correspondientes, sino que también se inicien los reintegros de esas licencias mal utilizadas", añadió la autoridad.

Comité especial

Además, la cartera emitió un oficio para que ministros, subsecretarios y jefes de servicios e instituciones del sector público informen a sus subordinados de la creación de un Comité Nacional de Ausentismo.

La instancia, informó Hacienda, tiene el propósito de "coordinar acciones, establecer lineamientos y promover buenas prácticas orientadas a la prevención y reducción del ausentismo en la Administración Pública".

Según señaló la cartera, este comité está conformado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Dirección de Presupuestos, el Servicio Civil y la Mesa del Sector Público, así como por los ministerios sectoriales relacionados con las medidas particulares que se discutan en cada sesión.

Con este objetivo, el ministerio pidió a cada cartera designar un subsecretario para que esté "a cargo de la coordinación y el seguimiento de la implementación de las acciones y sus resultados a nivel ministerial de los comités locales de ausentismo".

También requirió "instruir la constitución de comités locales de ausentismo en cada subsecretaría, así como de los servicios que le son dependientes o relacionados, los cuales deberán estar conformados por un representante de la subsecretaría o jefe de servicio; representantes de la división o unidad de gestión de personas; funcionarios con funciones relacionadas con calidad de vida y representantes de las asociaciones de funcionarios de su institución".

Hacienda especificó que para facilitar el trabajo de seguimiento, dicho subsecretario deberá designar a un funcionario responsable de esta coordinación, quien actuará como contraparte institucional con el Comité Nacional de Ausentismo.

De los 25.078 casos reportados de posible mal uso de licencias médicas, la lista de las 10 instituciones que más repitieron estas conductas está encabezada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280). La siguen Fundación Integra (1.934), la Municipalidad de Arica (719), la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (515), la Municipalidad de Puerto Montt (483), el Instituto de Previsión Social (423), la Subsecretaría de Salud Pública (393), la Corporación de Salud y Menores de Puerto Natales (392), la Corporación Municipal de Punta Arenas (369) y la Corporación Municipal de Puente Alto (363).

De los 25.078 casos reportados de posible mal uso de licencias médicas, la lista de las 10 instituciones que más repitieron estas conductas está encabezada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280). La siguen Fundación Integra (1.934), la Municipalidad de Arica (719), la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (515), la Municipalidad de Puerto Montt (483), el Instituto de Previsión Social (423), la Subsecretaría de Salud Pública (393), la Corporación de Salud y Menores de Puerto Natales (392), la Corporación Municipal de Punta Arenas (369) y la Corporación Municipal de Puente Alto (363).

En prisión preventiva dejó ayer el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago al ahora exguardia municipal de La Reina, Patricio Sánchez, quien mató de un balazo a un motociclista y dejó a otros dos heridos en medio de incidentes el pasado 17 de mayo.

Para el juzgado, la libertad del desafectado inspector constituía un "peligro para la sociedad", como planteó en la audiencia la fiscal Marcela Miranda, quien lo formalizó por un delito de homicidio consumado, cuatro delitos de homicidio frustrado y dos delitos relacionados con la Ley de Armas, por tenencia ilegal de una pistola y municiones.

Sánchez usó el arma personal que portaba, una Glock, cuando se vio amenazado por un grupo de motociclistas que lo acusaba de haber chocado a uno de ellos y no haberse detenido a socorrerlo. El bombero Leandro Espinoza quien recibió el tiro fatal percutado por el entonces funcionario.

La defensa del imputado alegó que Sánchez actuó en legítima defensa incompleta, es decir, que reaccionó de manera desproporcionada ante una agresión que también era ilegítima. El tribunal decretó la cautelar y estableció un plazo de 90 días para la investigación.

En prisión preventiva dejó ayer el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago al ahora exguardia municipal de La Reina, Patricio Sánchez, quien mató de un balazo a un motociclista y dejó a otros dos heridos en medio de incidentes el pasado 17 de mayo.

Para el juzgado, la libertad del desafectado inspector constituía un "peligro para la sociedad", como planteó en la audiencia la fiscal Marcela Miranda, quien lo formalizó por un delito de homicidio consumado, cuatro delitos de homicidio frustrado y dos delitos relacionados con la Ley de Armas, por tenencia ilegal de una pistola y municiones.

Sánchez usó el arma personal que portaba, una Glock, cuando se vio amenazado por un grupo de motociclistas que lo acusaba de haber chocado a uno de ellos y no haberse detenido a socorrerlo. El bombero Leandro Espinoza quien recibió el tiro fatal percutado por el entonces funcionario.

La defensa del imputado alegó que Sánchez actuó en legítima defensa incompleta, es decir, que reaccionó de manera desproporcionada ante una agresión que también era ilegítima. El tribunal decretó la cautelar y estableció un plazo de 90 días para la investigación.

Hace dos años comenzó la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como "Ley Papito Corazón", una respuesta concreta a una realidad que nos dolía como país y que sabíamos era una de nuestras prioridades en estos cuatro años de gobierno: la pandemia no golpeó a todos por igual. Miles de mujeres emigraron del mercado laboral, precarizando su situación económica, pero manteniendo un rol que históricamente han debido asumir: sostener solas a sus hijos e hijas frente al incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, una realidad que la crisis sanitaria visibilizó con más fuerza.

Según el Registro Nacional de Deudores, un 96% de quienes adeudan la pensión corresponde a hombres, lo que en la práctica significa que son las mujeres quienes han tenido que cargar con las consecuencias de ese incumplimiento, porque cuando la pensión no llega, los niños y niñas no dejan de requerir almuerzo, colación, uniforme escolar, terapias, y la diversidad de necesidades que tienen durante su desarrollo. Las cuentas no se suspenden por falta de pago, y la infancia no puede esperar. Esto genera no sólo un empobrecimiento material, sino un daño emocional, pues hasta antes de esta ley, eran las propias madres quienes debían hacer de investigadoras para rastrear la situación financiera de los deudores cuando decidían judicializar las causas.

Para enfrentar esta realidad presentamos esta iniciativa, nacida desde el diálogo con organizaciones, abogadas y madres de todo Chile, así como con parlamentarias y parlamentarios de diversos sectores políticos, y que logró transformarse en una política concreta, diseñada para aliviar una carga histórica. Una ley que nació del cansancio, pero que dio paso a la esperanza de miles de familias.

Luego de 2 años vemos resultados concretos: hasta mayo de este año se ha ordenado el pago de cerca 2,5 billones de pesos, beneficiando a más de 280 mil familias. Para dimensionarlo, equivale a más de 52 teletones. Adicionalmente, vemos que hay más mujeres dispuestas a judicializar las deudas y exigir su cumplimiento, y por eso en 2024 destinamos 4328 millones de pesos en fortalecer los Tribunales de Familia, y se incorporaron 193 nuevos funcionarios para apoyar el proceso de implementación. Seguimos trabajando con el Poder Judicial y la Comisión del Mercado Financiero para desarrollar los sistemas y mejoras que la ley requiera.

Así, esta ley vigente desde el 2023 ha permitido materializar que la responsabilidad parental no sea optativa, que las mujeres no están solas y donde el Estado asume mayores compromisos para concretar el pago de la pensión adeudada a miles de menores. Hoy, con esta política, avanzamos hacia una sociedad más justa, donde cada niño, niña y adolescente puede crecer con el respaldo que merece.

Hace dos años comenzó la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como "Ley Papito Corazón", una respuesta concreta a una realidad que nos dolía como país y que sabíamos era una de nuestras prioridades en estos cuatro años de gobierno: la pandemia no golpeó a todos por igual. Miles de mujeres emigraron del mercado laboral, precarizando su situación económica, pero manteniendo un rol que históricamente han debido asumir: sostener solas a sus hijos e hijas frente al incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, una realidad que la crisis sanitaria visibilizó con más fuerza.

Según el Registro Nacional de Deudores, un 96% de quienes adeudan la pensión corresponde a hombres, lo que en la práctica significa que son las mujeres quienes han tenido que cargar con las consecuencias de ese incumplimiento, porque cuando la pensión no llega, los niños y niñas no dejan de requerir almuerzo, colación, uniforme escolar, terapias, y la diversidad de necesidades que tienen durante su desarrollo. Las cuentas no se suspenden por falta de pago, y la infancia no puede esperar. Esto genera no sólo un empobrecimiento material, sino un daño emocional, pues hasta antes de esta ley, eran las propias madres quienes debían hacer de investigadoras para rastrear la situación financiera de los deudores cuando decidían judicializar las causas.

Para enfrentar esta realidad presentamos esta iniciativa, nacida desde el diálogo con organizaciones, abogadas y madres de todo Chile, así como con parlamentarias y parlamentarios de diversos sectores políticos, y que logró transformarse en una política concreta, diseñada para aliviar una carga histórica. Una ley que nació del cansancio, pero que dio paso a la esperanza de miles de familias.

Luego de 2 años vemos resultados concretos: hasta mayo de este año se ha ordenado el pago de cerca 2,5 billones de pesos, beneficiando a más de 280 mil familias. Para dimensionarlo, equivale a más de 52 teletones. Adicionalmente, vemos que hay más mujeres dispuestas a judicializar las deudas y exigir su cumplimiento, y por eso en 2024 destinamos 4328 millones de pesos en fortalecer los Tribunales de Familia, y se incorporaron 193 nuevos funcionarios para apoyar el proceso de implementación. Seguimos trabajando con el Poder Judicial y la Comisión del Mercado Financiero para desarrollar los sistemas y mejoras que la ley requiera.

Así, esta ley vigente desde el 2023 ha permitido materializar que la responsabilidad parental no sea optativa, que las mujeres no están solas y donde el Estado asume mayores compromisos para concretar el pago de la pensión adeudada a miles de menores. Hoy, con esta política, avanzamos hacia una sociedad más justa, donde cada niño, niña y adolescente puede crecer con el respaldo que merece.