Por Nicolás Arrau Álvarez

El ingreso imponible promedio de los cotizantes de la Región al sistema de pensiones alcanza los $1.198.693, según cifras de la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de este año. El monto es recién el noveno más alto del país y está 11,5% y 1,2% por debajo de otras zonas como la Metropolitana ($1.355.216) o Valparaíso ($1.213.847), respectivamente. Sobre el promedio nacional, que llega a los $1.260.644, Biobío sigue teniendo una diferencia negativa de 4,9%.

La cifra regional, sin embargo, experimenta una subida anual de 8,3% entre marzo de 2024 y 2025, un aspecto que bien podría ser considerado positivo en un contexto económico difícil. Por otro lado, a marzo pasado se observan también diferencias por sector económico, es decir, hay áreas donde el monto en cuestión se fija en los $2.122.252, como en "suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado", mientras que en otros, como "actividades de los hogares", llega sólo a $479.099.

Señales mixtas

Daniela Catalán, académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, plantea que el aumento regional en el ingreso imponible promedio deja señales mixtas sobre la economía regional. Si bien puede interpretarse como una mejora relativa en los salarios formales, la profesional dice que esta alza se explica en parte por el reajuste del salario mínimo y el efecto de la inflación acumulada, más que por un crecimiento sostenido de la productividad o del empleo de calidad.

"Además, al tratarse de un promedio, es probable que este aumento oculte fuertes desigualdades entre sectores económicos, donde actividades como servicios profesionales elevan el ingreso imponible, mientras que sectores como 'actividades de los hogares' se mantienen con montos muy bajos. En este contexto, el incremento no necesariamente implica una mejora estructural en el bienestar de los trabajadores ni garantiza pensiones adecuadas, lo que exige una evaluación más profunda del mercado laboral regional y del sistema previsional", enfatiza.

Más allá de todo, cree que el aumento puede leerse como un aspecto moderadamente positivo, pero con importantes matices, ya que, por un lado, refleja cierta reactivación del empleo formal y una mejora en los ingresos declarados, lo que podría fortalecer la recaudación del sistema de pensiones y dinamizar el consumo local. Sin embargo, insiste en que este crecimiento debe analizarse en su contexto y que, aunque es una señal alentadora, "no basta por sí sola para afirmar que hay una mejora estructural en la economía regional; más bien, sugiere la necesidad de políticas que consoliden esta tendencia en todos los segmentos del mercado laboral".

En una mirada más positiva, José Navarrete, director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, plantea que el aumento analizado debe, efectivamente, verse como un aspecto positivo para la Región, la que tiene problemas estructurales en términos del empleo e inversión que se vienen arrastrando desde hace varios años. Sin embargo, piensa que el incremento deber ser monitoreado en los períodos siguientes para verificar que no sea un efecto puntual.

Sobre las diferencias que hay por sector económico, agrega que existe un tremendo desafío, entendiendo que las bajas pensiones son función de bajos ingresos y/o pocos períodos cotizados. "Al respecto, la reforma presentada por el Gobierno va en la medida correcta al premiar el tiempo cotizado, lo que debería generar un incentivo a formalizar el trabajo, o bien, a transparentar los ingresos reales sobre todo en el rubro de 'actividades de hogares' que históricamente ha sido subvalorizado", puntualiza el profesional.

El "Encuentro de Gerentes Generales de IRADE 2025", realizado en Concepción, reunió a los principales ejecutivos de empresas regionales, además de autoridades. A ellos se unieron desde Brasil, de manera telemática, el embajador de Chile en ese país, Sebastián Depolo, y el Agregado Comercial de ProChile en Sao Paulo, Hugo Corales, quienes coincidieron en destacar a Brasil como un socio estratégico clave para las empresas chilenas

"Es importante señalar que Brasil es uno de los principales destinos de exportaciones chilenas como vinos, salmón, fruta fresca, frutos secos y aceite de pescado. En cifras, el intercambio comercial entre ambos países ha crecido desde los US$ 8.681 millones el año 2019 hasta los US$ 12.945 millones el año 2024, lo que significa un aumento de 49%", afirmó Corales. También se presentó el caso de éxito de la empresa CMPC en Brasil. Guillermo Turner, gerente de Asuntos Corporativos, expuso sobre la significativa inversión chilena de la compañía en el sector forestal brasileño.

"Estamos convencidos de que Brasil aún tiene un gran potencial de crecimiento para los productos y servicios chilenos. Es un país joven, con creciente interés por alimentos saludables, y un mercado donde las tecnologías e innovaciones desarrolladas en Chile también tienen espacio para seguir expandiéndose", concluyó el Director Regional de ProChile en Biobío, Cristóbal Herrera.

Nos encontramos en plena temporada electoral. Candidaturas de distinto signo político se preparan para las primarias o afinan su estrategia para llegar con fuerza a la papeleta de la primera vuelta en noviembre. En ese marco, la conversación pública estará centrada, inevitablemente, en los programas, visiones de país y promesas que cada candidato ofrece a la ciudadanía. Entre los temas que han emergido como prioritarios destacan la seguridad y el crecimiento económico. Ambos, sin embargo, no son ajenos a la infraestructura.

Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) creemos firmemente que una estrategia de desarrollo sostenible y duradera solo puede sostenerse sobre una base sólida de infraestructura. Y no hablamos únicamente de grandes obras visibles. Hablamos de estructuras materiales y funcionales que permiten que las ciudades operen con eficiencia, que la economía fluya con agilidad, que la vida cotidiana sea más digna y productiva.

La infraestructura urbana, por ejemplo, es clave. Una ciudad con buena conectividad, servicios públicos accesibles y espacio público de calidad no solo mejora la calidad de vida de sus habitantes: también potencia su productividad, reduce tiempos y costos de desplazamiento, facilita el acceso al empleo y a servicios esenciales como salud y educación. No se trata solo de construir más viviendas, sino de hacerlo en lugares con buena infraestructura, bien conectados, evitando la expansión desordenada que genera más problemas que soluciones.

Por otro lado, la infraestructura logística tiene un impacto directo en nuestra competitividad como país exportador. Un sistema eficiente de transporte y distribución reduce los costos de producción y abre oportunidades a nuevas inversiones. Mejores caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y centros de distribución no solo facilitan el comercio: también generan empleo de calidad, dinamizan territorios y bajan los precios de productos para el consumidor final.

En un país golpeado por el cambio climático, la infraestructura hídrica se vuelve un tema de primer orden. Necesitamos garantizar el acceso al agua potable, pero también asegurar este recurso para actividades productivas clave como la agricultura, el turismo o la pequeña minería. La gran minería ya ha avanzado significativamente en soluciones como la desalación y la recirculación; es hora de escalar estas experiencias al resto del sistema.

Chile también cuenta con un enorme potencial en energías limpias. El hidrógeno verde, los centros de datos, y otras industrias intensivas en energía renovable, podrían transformarse en motores del desarrollo económico si se les entrega una infraestructura adecuada. El país tiene una oportunidad única de posicionarse como actor relevante en la transición energética global, pero para lograrlo se requieren decisiones políticas valientes, con visión de largo plazo.

Y en materia digital, no podemos olvidar que Chile lidera a nivel de América Latina. Este activo nos convierte en destino atractivo para industrias globales que buscan conectividad, estabilidad y talento. Potenciar esta ventaja exige más que solo velocidad de internet: implica planificación territorial, inversión en redes y una mirada estratégica del uso de la tecnología.

Esperamos que esta campaña electoral no se limite a eslóganes, sino que convoque a los candidatos a mirar el desarrollo futuro del país. Apostar por la infraestructura no solo es una promesa de campaña atractiva: es una decisión responsable y estratégica. Porque la infraestructura no solo crea empleo, reduce brechas o reactiva la economía. Sobre todo, crea oportunidades. Y eso es, al final del día, lo que cualquier gobierno debiera procurar.