Por Nicolás Arrau Álvarez

Ayer se cumplieron tres smanas del grave atentado incendiario a la central Rucalhue, hecho que dejó más de cincuenta maquinarias quemadas en Santa Bárbara. Tras el ataque, las autoridades hicieron un llamado directo a las empresas para reforzar su seguridad y en el camino se fueron formalizando encuentros multisectoriales. Uno de los últimos se registró hace algunos días en Santa Bárbara.

En este contexto, actores públicos y privados detallan los esfuerzos realizados en la materia. Desde la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) para las provincias de Arauco y Biobío, por ejemplo, recalcan que en el marco del estado de excepción se han intensificado las acciones de prevención, vigilancia y resguardo en la Región, especialmente en zonas de infraestructura crítica y proyectos estratégicos.

Parte de las medidas potenciadas dicen relación con el refuerzo de patrullajes y control de rutas: se ha aumentado la presencia de patrullas móviles y puntos de control en vías principales y caminos secundarios, "contribuyendo a un monitoreo más eficaz del territorio". Otro elemento apunta a medidas especiales en el sector de Rucalhue, donde se mantiene un punto de control permanente en la zona, además de la entrada en vigencia del Bando Nº 52, que prohíbe el uso de drones o aeronaves no tripuladas como medida preventiva para proteger instalaciones críticas.

En tercer lugar, la Jedena destaca lo que ha sido el resguardo de infraestructura crítica a través de patrullajes constantes en torno a centrales hidroeléctricas y torres de alta tensión, "con el fin de prevenir cualquier acción que pueda afectar el suministro eléctrico u otros servicios estratégicos". Por último, realzan lo que ha sido la coordinación interinstitucional, "que ha permitido mantener una estrecha colaboración con Carabineros, PDI y autoridades regionales, a fin de asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad".

Estrategias privadas

Este jueves se desarrolló una primera reunión impulsada por el municipio de Santa Bárbara con actores públicos y privados para analizar medidas en materia de seguridad ante posible nuevos ataques. En la instancia estuvieron presentes algunas empresas estratégicas de la Región del Biobío: Enel Chile, Colbún, Rucalhue, CMPC o Arauco, entre otras.

Desde Enel Chile plantean que respecto a 2023 han sufrido un alza de 20% en eventos delictivos, entre hurtos, robos o acciones violentas que han impactado en la seguridad y ambiente laboral del personal propio y contratistas, uno de ellos durante la construcción de la planta eólica de La Cabaña, en La Araucanía, que implicó un atentando con quema de maquinarias muy similar al que sufrió la central hidroeléctrica Rucalhue.

"Enel Chile ha implementado una serie de medidas para contrarrestar este tipo de acciones violentas, entre las que destacan la contratación de servicios de vigilancia privada, patrullajes preventivos, uso de drones e instalación de cámaras nocturnas, entre otras", señalan.

Adicional a estas medidas preventivas, dicen que todos los incidentes delictuales que han afectado a instalaciones de generación de la compañía, tanto en operación como también durante sus períodos de construcción, han sido denunciados y seguidos por equipos de abogados totalmente dedicados a estos casos.

Asimismo, indican que la firma refuerza hoy su diálogo con autoridades e instituciones para poder consolidar, mediante la firma de un memorándum de entendimiento y protocolos de trabajo, una colaboración duradera, preventiva y proactiva. "Con este compromiso amplio y compartido ha sido posible, en algún caso concreto, la aplicación de medidas de protección de Carabineros, como rondas preventivas en las cercanías de las instalaciones que se han visto afectadas", indican, al mismo tiempo que piden una mayor implicación y presencia de autoridades de forma preventiva, así como un urgente apoyo, "ya que estos actos violentos están generando pérdidas millonarias y amenazando la continuidad operativa de nuestros servicios y la continuidad operativa en instalaciones tan relevantes y estratégicas".

Alejandro Casagrande, presidente de la Corma Biobío-Ñuble, cuenta que en el caso de las grandes y medianas empresas forestales el foco ha estado puesto en gestionar los delitos, sobre todo por el lado preventivo. Allí, destaca la inversión hecha en seguridad por las compañías socias, lo que se traduce en mayores recursos, uso de tecnologías y contratación de personal especializado.

"El otro eje es el trabajo con las instituciones y la entrega de información (...) En el tema de los ataques las firmas toman medidas absolutamente preventivas, pues esos ataques son de mucha violencia, en muchos casos terrorismo y hay uso de armas", puntualiza el representante de la corporación, quien igualmente destaca el accionar público que se ha materializado a través del estado de excepción, en especial por la baja de atentados: según información de la Corma recogida desde Acoforag, la macrozona registró en 2022 un total de 104 ataques -29 de ellos en Biobío-, mientras que ese número bajó a 40 y 26 en 2023 y 2024, respectivamente.

Viendo el caso de Rucalhue, eso sí, Casagrande cree que ya no basta con denuncias y querellas, sino que profundizar la desarticulación de bandas con un mayor nivel de inteligencia policial.

EL SUR contactó a Rucalhue Energía, pero declinaron participar en esta nota.

Nuevas coordinaciones

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, resalta los compromisos adquiridos en la reunió sostenida en Santa Bárbara: la conformación de reuniones de coordinación de seguridad con la Asociación de Municipalidades Cordilleranas del Biobío, el fortalecimiento de la alianza público-privada para poner a disposición de los gremios productivos capacitaciones que ayuden a potenciar estrategias de seguridad ejecutadas por las empresas, y la conformación de una mesa y lineamentos de actuación conjuntos en la materia, de tal manera de utilizar recursos tecnológicos de los gremios e integrarlos con infraestructura centralizada del aparato público.

"Un efecto tiene que ver con la mejora en la prevención de futuros ilícitos como estos, por eso está este trabajo para generar mejoras en la seguridad privada con apoyo del sector público", enfatiza.

Cristian Oses, alcalde de Santa Bárbara, agrega que la idea es crear una red de trabajo con las empresas para evaluar elementos de seguridad, como generar un convenio para interconectar las cámaras de televigilancia o aportar con financiamiento de las empresas para instalar estos dispositivos en sus predios.

"Después del día del atentado ya había un contingente de Carabineros dentro del recinto (central Rucalhue), lo que continúa, pero más allá de eso, no hay más seguridad en la zona Acá, por ejemplo, no hay un puesto militar y desde que pasó el evento no me he topado con ningún carro o contingente de las Fuerzas Armadas", cuestiona.

Su par de Cañete y presidente de Arauco 7, Jorge Radonich, suma al análisis que en su provincia "no se aprecia mucho" el refuerzo en seguridad y que lo que se necesita es una presencia activa del gobierno para establecer más proyectos de desarrollo.

A través de una ceremonia de certificación en dependencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) de Concepción, se reconoció el compromiso de siete grupos familiares que finalizaron exitosamente su proceso de preparación para ser familia de acogida.

"Cada una de las familias que se incorporan al acogimiento familiar nos representan, pues son nuestros promotores. Por esta razón, es relevante que la experiencia que viven acompañando al Servicio de Protección en el desafío de restituir el derecho a vivir en familia sea significativa", explicó la directora regional del SPE Biobío, Andrea Saldaña.

Agregó que la labor la Unidad de Evaluación Formativa para la Adopción y el Acogimiento es clave en el acompañamiento que se les realiza a las familias en cada etapa del acogimiento, desde que se inscriben y comienza su formación, hasta que finaliza el proceso.

En la Región de Biobío hay 106 familias que acogen niños o niñas que están bajo tutela del Estado, quienes han sido certificadas para esta labor y reciben acompañamiento especializado para respaldar los cuidados que entregan.

César Correa, quien junto a su esposa fueron certificados como parte de las siete nuevas familias de acogida, agradeció la instancia: "Desde el Servicio nos aportaron conocimientos para poder llevar a cabo esta tarea a partir de la misión que asumimos como familia".

A fin de capacitar a abogadas y abogados, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) y la Fiscalía Biobío realizaron una jornada de capacitación sobre la ley 21.675 que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

La actividad realizada en el Gobierno Regional tuvo como objetivo el aprendizaje y análisis de casos prácticos a los abogados de los 15 centros de las Mujeres y de los dos centros de Atención Especializada en Violencias de Género existentes en la Región.

El encuentro también congregó a profesionales que intervienen directamente en la atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género, con el objetivo de asegurar la implementación efectiva y con enfoque de derechos de esta nueva ley.

La fiscal Carolina Somorrostro, de la Fiscalía local de Coronel y especialista en violencia de género y violencia intrafamiliar, encabezó la capacitación a los profesionales. Desde los estándares internacionales ante este tipo de casos, expuso las normas generales y la aplicación de esta normativa a través de fallos y causas regionales.

Durante la jornada, la directora regional de Sernameg, Marta Godoy, indicó que "para nuestro servicio promover la aplicación de la ley integral entre quienes trabajan en la representación legal de las víctimas en los distintos dispositivos de Sernameg es fundamental, pues en cada uno de nuestros centros trabajamos no sólo para que se dé cumplimento a la ley, sino que velamos por asegurar que el camino hacia la justicia no implique nuevos daños para las víctimas".

Cabe mencionar que la ley 21.675, más conocida como ley de violencia integral contra la mujer, entró en vigencia en junio de 2024 y reconoce múltiples manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres, no sólo en el ámbito de pareja o familia, sino también en espacios comunitarios, institucionales y digitales, además de reconocer la violencia simbólica, económica, obstétrica y política.

21.675 es la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.