Una restitución de tierras que se profundizará en el Biobío
En más de tres décadas, las compras históricas a nivel local alcanzan las 37.937 hectáreas. Desde la corporación destacan avances en desarrollo para los grupos beneficiados y proyectan una nueva fase a partir de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Por Nicolás Arrau Álvarez / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Según el informe entregado esta semana por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento al Presidente Gabriel Boric, la demanda de tierras mapuche se estimó de acuerdo a la generación de cuatro grandes grupos de comunidades que presentan distintos grados de vinculación con los títulos de propiedad reconocidos por el Estado. El grupo 1, por ejemplo, se compone de las comunidades y personas mapuches con aplicabilidad o solicitud presentada a la fecha de las recomendaciones de la comisión en cuestión: títulos de propiedad indígena que ya han sido validados o reconocidos por el sistema vigente, como lo son los Títulos de Realengo, Comisario y Merced, entre otros, lo que les otorga una base jurídica sólida.
En muchos casos, dice el documento, estas comunidades han cumplido con todos los requisitos legales, obteniendo la aplicabilidad, y llevan años esperando la reparación en tierras -se estima que la entrega efectiva se tarda entre 20 y 25 años-, sin mayor avance debido a la falta de financiamiento, trabas administrativas o conflictos locales. Otras comunidades de este grupo ya enviaron su solicitud de reparación en tierras a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), pero no han obtenido respuesta formal de parte del Estado, ya sea positiva (aplicabilidad) o negativa.
Del análisis de este primer grupo, se desprende que en total hay 377.334 hectáreas demandadas, la mayoría concentradas en la Provincia de Cautín (63%), en la Región de La Araucanía. Biobío, en tanto, abarca unas 41.000 hectáreas -el 11% del total nacional-, sobre todo en la Provincia de Arauco, que suma 30.216. La propuesta llama a que esta tarea de restitución se haga efectiva dentro de un plazo de 80 años, con un financiamiento de US$ 4.000 millones.
El trabajo, sin embargo, no parte de cero. En la Conadi plantean que desde 1994 se han beneficiado más de 6.400 familias indígenas en la Región del Biobío con la restitución de unas 37.937 hectáreas: 4.493 familias desde 1994 a 2024 a través del financiamiento de mecanismos que permiten solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, y 1.935 desde 1995 a 2023 mediante el otorgamiento de subsidios para la adquisición de tierras por personas, comunidades indígenas o una parte de estas. Todo esto en el marco de la ley que creó a la Conadi y que fue promulgada en 1993.
Desde el informe se desprende, además, que las compras históricas en la Región se han concentrado en la Provincia de Biobío, con 23.451 hectáreas.
El director regional de la entidad, Iván Carilao, explica que el primer punto relacionado a las 4.493 familias tiene que ver con la búsqueda de la aplicabilidad por desmedro territorial, lo que está dado por la ocupación de terrenos ancestrales por parte de particulares o empresas forestales que en algún momento de la historia ocuparon los terrenos indígenas "de manera muy poco clara". Eso, advierte, se respalda con los títulos de merced que se entregaron cerca del año 1900, o 1860 en otros casos.
"Cuando uno ha encontrado el desmedro por título de merced, se ha ido haciendo la restitución, y eso ha sido en la Provincia de Arauco y en Alto Biobío, dos territorios en los que se ha demostrado la pérdida territorial de acuerdo a ese historial", dice, y agrega que esta situación también se dio por consecuencia de la Reforma y Contrarreforma Agraria de la segunda mitad del siglo XX.
En el sector sur de Tirúa, por ejemplo, Carilao advierte que los títulos de merced están calzados con la actual propiedad, aunque ahí existe un desmedro por un título de colonia que se entregó cerca del año 1850, lo que llevó a enajenar unas 3.000 hectáreas para esas comunidades. En la zona de Cañete al norte, Arauco, Lebu y parte de Curanilahue, hubo una ocupación temprana del territorio que motivó un gran desplazamiento de las familias indígenas, es decir, "toda esa tierra está muy mal inscrita en nombre de las forestales y particulares, lo que ha dado pie a que no se pueda buscar un mecanismo de solución". Allí, enfatiza Carilao, hay una cuestión arraigada desde hace mucho tiempo, "pero la expectativa con los resultados de la comisión es que se pueda abordar mediante el concepto de tierras ancestrales producto del desplazamiento forzado de ese entonces".
El director regional agrega que en todo este proceso ha sido clave la ley indígena, entendiendo que la norma determinó el cómo se debía abordar, en cierta medida, el problema de tierras que venía afectado de manera gradual a las comunidades. En los altos y bajos de esta figura legal, tampoco desconoce la disposición de algunos particulares y empresas forestales para mitigar la situación conflictiva a través de la devolución de terrenos a precio mercado para que las comunidades aledañas hagan uso de esas propiedades, o bien la participación del Estado y el traspaso de áreas fiscales.
La adquisición de estos espacios ha permitido que las familias y las comunidades indígenas cambien para bien sus condiciones de vida, según recalcan desde la Conadi. Así, por ejemplo, han podido mejorar su productividad o acceder a nuevos servicios, tal vez no calificados a un nivel de alta comercialización, pero sí con la opción de postular a viviendas o a programas de Indap sobre desarrollo indígena o riego.
"Se han ido resolviendo brechas bastante notorias en algún momento. Con certeza, podemos decir que en ciertos sectores ya no existen pisos de tierra y se ha ido acortando la brecha de pobreza", destaca Carilao.
Avances concretos a tres años
En el marco de las 41.000 hectáreas proyectadas para la Región en el último informe, la Conadi ha generado una base de demanda producto de la pérdida de terrenos que las propias comunidades han demostrado con sus documentos y expedientes. A la fecha, la entidad cuenta con unas 160 comunidades de la zona que tienen identificado las áreas perdidas.
"Son terrenos de particulares y también forestales, y no están más allá de los límites que tiene la propia comunidad. Eso nos sucede tanto en zonas de la Provincia de Arauco como también en Alto Biobío", señala Iván Carilao, quien asegura que este trabajo viene a dar luces de la ubicación de los espacios que requieren ser restituidos, "siempre con un proceso de diálogo y conversación para después determinar el proceso de compra".
Para las etapas que se avecinan, la idea es revisar primero el caso de las comunidades que hoy tienen aplicabilidad en la base de datos de la Conadi y dar prioridad a las familias "que están en la puerta del horno". "No hemos podido proceder, simplemente, porque no hemos tenido recursos, entonces tenemos un número de comunidades en proceso ya acreditado. Lo segundo será la lista de comunidades que están en la búsqueda de su proceso de aplicabilidad, por lo que tenemos otro grupo que está en gestión. Eso es parte de lo que hemos venido haciendo", recalca.
Adolfo Millabur, uno de los dos comisionados locales en la comisión presidencial junto a Gloria Callupe, recalca que el informe entregado también plantea otras formas de reparación, más allá de la entrega de terrenos. Junto con el grupo 1, existe un grupo 2 que considera a comunidades constituidas antes de las recomendaciones de la comisión y que presenten solicitud en el futuro sobre títulos reconocidos por la Conadi. Se suma un grupo 3 que integra a comunidades no constituidas al momento de las recomendaciones y que en el futuro se constituyan y presenten demanda respecto de títulos reconocidos por la corporación. Finalmente, el grupo 4 abarca a comunidades indígenas ya constituidas que, si bien no cuentan con una titulación histórica reconocida por el sistema vigente, presentan una vinculación territorial que ha sido invisibilizada.
"Nosotros hicimos recomendaciones, y lo primero que debería pasar es un proceso de consulta indígena, que creo es lo único que alcanzará a hacer este gobierno para consultar las medidas a las comunidades implicadas (...) Luego, viene un proceso de legislación para modificar la ley indígena, por eso el horizonte para poder implementar las recomendaciones de manera concreta no será menor a tres años", aventura Millabur.
Insiste en que mientras tanto la Conadi seguirá funcionado con las facultades que tiene y resolviendo el tema de las tierras como establece la actual normativa. "Si se constituye la Agencia de Reparación, órgano que colaboraría con la Conadi, además del Tribunal Arbitral y el funcionamiento de todo el sistema, debiese haber un tiraje a la solución del problema. Siempre estoy en la idea de que esto se materialice, porque, ¿o si no qué?, ¿cuál sería el camino siguiente? Lo más sensato y respetuoso por la buena convivencia del territorio es que los políticos lean el informe y luego opinen", subraya.
Por su parte, la excomisionada Gloria Callupe precisa que, en general, la Conadi cuenta con 1.500 comunidades que tienen aplicabilidad o solicitudes ingresadas, y que, si todo funciona tal como hoy, habría que esperar otros 140 años para poder reparar a todos estos grupos. "Evidentemente, hay comunidades de la Región del Biobío, de la cuales la mayor demanda está en la Provincia de Arauco. En nuestras recomendaciones también establecimos criterios para la reparación, donde una de ellas es la antigüedad en que la comunidad ingresó su solicitud de aplicabilidad, comunidades con aplicabilidad sin compra previa, entre otros criterios", dice.
Sobre el trabajo que se proyecta, cree que se requerirá tiempo y pasar por distintas etapas, siendo una de las primeras la consulta indígena, instancia en donde las comunidades entregarán su punto de vista respecto de las recomendaciones. Luego, vendrá toda la discusión parlamentaria y recién después comenzará la fase de implementación.
"Lo que entregamos al Presidente es el punto de partida. Presentamos un trabajo de casi dos años porque constituye un consenso amplio que sienta las bases para una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche (…) Creo que el éxito depende de varios factores, y uno de ellos es la seriedad con la que se impulsen estos cambios", remata Callupe.