Por Redacción

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien encabeza la investigación por el Caso ProCultura, en el contexto de millonarias transferencias estatales a fundaciones, conocido como Caso Convenios, tras una serie de escuchas teléfonicas esbozó ante un tribunal que dineros entregados a ProCultura para iniciativas sociales "derivaron en financiamiento irregular de la campaña" del Presidente Gabriel Boric. La UDI y RN solicitaron ayer al Mandatario transparentar esta situación, mientras el FA acusó al persecutor de "espionaje político". Boric se encuentra en visita oficial a China, por la cumbre Celac.

"Conminamos al Mandatario a romper el silencio", declaró la UDI, "y entregar, en un plazo no superior a 48 horas (que se cumplen durante la mañana del lunes), una explicación clara y detallada respecto de su vínculo con la fundación ProCultura y, específicamente, con su fundador, (el psiquiatra) Alberto Larraín, así como su participación o conocimiento en el eventual financiamiento irregular de su campaña presidencial".

El gremialismo, además, solicitó al Mandatario que "transparente en su totalidad, dentro del mismo plazo, la información y balances relacionados con el financiamiento de su campaña. Asimismo, instamos a que responda públicamente por las distintas conversaciones que vinculan a dicha organización con posibles delitos, como el tráfico de influencias, considerando el excesivo incremento económico que registró la fundación durante esta administración".

Las transferencias a ProCultura pasaron de $317 millones en 2021, a $3.283 millones en 2022, año en que Boric asumió como Presidente. Por el Caso Convenios, en total, se investigan los destinos de casi $25.000 millones entregados a diversas fundaciones, entre ellas la mencionada y Democracia Viva.

La UDI señaló ayer que "consideramos que existen elementos suficientes para sostener, a partir de las sospechas fundadas del persecutor, que el proceso electoral del año 2021 pudo haber estado marcado -y afectado- por graves irregularidades asociadas al eventual financiamiento irregular de campaña, lo que deberá ser acreditado por la Fiscalía y tribunales".

"Emplazamos al Presidente", agregó el partido opositor, "a instruir el retiro inmediato de la solicitud de remoción que un grupo de parlamentarios oficialistas presentó en contra del fiscal Cooper. De lo contrario, se instalará fundadamente en la opinión pública la percepción de que dicho requerimiento no buscaba cuestionar algunas de las diligencias que ha llevado adelante el persecutor, sino más bien obstaculizar una investigación que involucra directamente al Mandatario".

"escucha ilegal"

El FA declaró que "no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada" y, ante las escuchas reveladas tras el fin del secreto de la investigación, "el fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente".

La intervención de más de 40 teléfonos "no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos", destacó el partido del Mandatario.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió ayer a la polémica por posibles aportes irregulares a la campaña de Gabriel Boric para llegar a La Moneda: "Que los jueces de garantía permitan (a la Fiscalía y la PDI) que hagan todas las investigaciones respecto al Presidente de la República también".

Esto porque el fiscal Patricio Cooper solicitó a un juzgado permiso para "pinchar" el celular de Boric, lo cual fue negado.

La abanderada del PC y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que Boric "es una persona muy honesta", aunque sobre "cualquier causa judicial que esté produciendo filtraciones, a mí no me corresponde pronunciarme".

Su par del FA, diputado Gonzalo Winter, agregó que "como abogado debo decir que estamos hablando de filtraciones ilegales, conversaciones que fueron obtenidas de manera ilegal", que "en ningún caso muestran relación con la comisión de un delito, todo lo contrario".

La subsecretaria de Salud Pública Andrea Albagli salió a enfrentar los resultados de un informe de Contraloría que detectó miles de registros de vacunas contra el Covid-19 supuestamente aplicadas fuera de plazo.

Según el documento, existen más de 18 mil dosis anotadas como administradas en fechas posteriores al vencimiento alcanzando lapsos de hasta 903 días de diferencia entre las fechas de caducidad de la dosis y la de vacunación, además de registros de inoculaciones con RUT de personas fallecidas.

Al respecto, la autoridad descartó problemas en la aplicación: "Estamos ante un problema de registro y no ante un problema de administración errónea", sostuvo en entrevista con T13 Finde.

Ejemplificó que hubo un consultorio donde se registró un lote con fecha de vencimiento previa a la administración de las dosis: "Nunca llegó a ese consultorio, es uno de los primeros lotes que se presentó cuando comenzó la estrategia, y que por ende, fue priorizado a hospitales de alta complejidad, a personas que estaban dentro de unidades de cuidados críticos, y se utilizó por completo. Por ende, es extremadamente poco plausible que, años después, se hayan administrado vacunas de ese lote en otro consultorio". En ese sentido, dijo que se trata de "un problema estructural" y "nosotros ahora nos estamos haciendo cargo de la respuesta de esto: estamos actualizando el programa de registro, o sea, el sistema de registro, con dos cosas esenciales. La modificación que vamos a hacer es que si alguien escoge, al momento de administrar una vacuna un lote que ya ha caducado, eso va a levantar un sistema de alerta, y va a haber un sistema de confirmación y chequeo de que el Rut está correctamente digitado, para que no tengamos el problema de registro".

Junto con insistir que estos errores se repitieron en 2017 y 2021, la subsecretaria subrayó que "no hay riesgos a la seguridad de la administración de las vacunas, lo que hay, es una dificultad legítima de registro de sistemas muy complejos y de altísimo volumen, en sistemas que no estaban preparados para detectar ese error (...) nos estamos haciendo cargo de una solución estructural a un problema de larga data".

Recalcó que los errores detectados equivalen a menos del 0,1% del total de la campaña de vacunación, la más masiva en la historia del país, con más de 60 millones de dosis aplicadas. De hecho, indicó que varios de los lotes cuestionados nunca llegaron a los centros donde figuran como utilizados.

Registro de vacunados

Otro de los hallazgos de Contraloría dio cuenta de que en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) del Ministerio de Salud se registraron 436 casos de inoculaciones con el RUN de personas fallecidas. Al respecto, la Subsecretaría tendrá un plazo de 60 días hábiles para acreditar las correcciones efectuadas en el RNI. Sobre esta situación, Albagli argumentó limitaciones técnicas del sistema: "Hoy día no tenemos un sistema que asegure que ese RUT que yo estoy digitando corresponde a la persona a quien yo le estoy administrando la vacuna".

Finalmente, la autoridad de Salud reiteró que no se trata de una negligencia sanitaria sino de una dificultad de gestión de datos en un sistema complejo. "Lo que hay es una dificultad legítima, realmente entendible de registro", concluyó Albagli.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó los primeros lineamientos del programa presidencial en materia de vivienda. El proyecto "Tu Casa" contempla la "Operación Sitio 3.0", que consiste en la entrega de un subsidio de hasta 1.000 UF para la compra de terrenos de hasta 300 metros cuadrados, que podría utilizarse en zonas urbanas o en el perímetro urbanizable.

La iniciativa incluye el otorgamiento de otro subsidio del mismo monto para autoconstrucción o construcción asistida de una vivienda.

Kast destacó la iniciativa de silencio administrativo positivo, que apunta a que si cualquier órgano del Estado no responde a los permisos de edificación en los plazos se darán por aprobados.

"Esperamos que estos primeros lineamientos (...) lleguen a disminuir la gran brecha entre el sueño de la casa propia y la realidad que aflige a millones de chilenos", señaló el candidato.