El Estado envejece: un desafío urgente para la modernización pública
Lucas Serrano, Cientista Político, Director (i) de la carrera de Administración Pública USS,
El último informe de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha dejado en evidencia una situación preocupante y hasta paradójica en la administración pública chilena: el Estado está envejeciendo. El 24,7% de los funcionarios activos en 2024 supera los 60 años de edad, y existen casos emblemáticos de trabajadores que se mantienen activos incluso a los 80, 90 y hasta 100 años, particularmente en ministerios como Educación, Vivienda y Urbanismo (Minvu) y Cancillería.
La reciente aprobación de una ley que fija en 75 años la edad límite para desempeñarse en el sector público a partir de 2027 es un avance, pero también una respuesta tardía a un fenómeno que amenaza con afectar gravemente la eficiencia, la innovación y la renovación del aparato estatal.
La modernización del Estado implica más que la digitalización de trámites o la creación de nuevas plataformas de atención ciudadana, contar con un contingente de funcionarios capaces de adaptarse ágilmente a las nuevas demandas de gestión, tecnología y gobernanza. La incorporación de nuevas herramientas digitales, el uso de inteligencia artificial, la gestión de datos masivos y los servicios automatizados exigen habilidades específicas y, sobre todo, flexibilidad cognitiva para enfrentar entornos cambiantes.
La permanencia prolongada de funcionarios de edad muy avanzada, si bien habla del compromiso y la experiencia acumulada, también plantea interrogantes sobre su capacidad de adaptación a estos cambios. Existe un riesgo real de que aumenten los niveles de ausentismo laboral, producto del deterioro natural asociado a la longevidad, afectando la continuidad y la eficiencia de los servicios públicos. A su vez, la dificultad para asumir nuevas tecnologías puede derivar en resistencias internas que entorpezcan los procesos de modernización, vitales para un Estado que debe acompañar el dinamismo de la sociedad actual.
Ahora bien, sería injusto y simplista culpar exclusivamente a los funcionarios de mayor edad. La otra cara del problema radica en las condiciones de retiro ofrecidas por el Estado. Los incentivos para abandonar el servicio activo han sido insuficientemente atractivos. Las pensiones bajas, la precariedad de los sistemas de seguridad social y los escasos programas de retiro digno explican por qué muchos funcionarios prefieren prolongar su vida laboral, aun a costa de su propia salud y del recambio institucional necesario.
Una modernización integral del Estado no puede prescindir de una renovación generacional planificada y digna. Se requieren políticas activas que faciliten el retiro voluntario de los funcionarios mayores mediante paquetes de beneficios reales, programas de transición a la vida post laboral, y el fomento decidido de la contratación de nuevos talentos que aporten dinamismo, conocimiento tecnológico y nuevas perspectivas.
En definitiva, el envejecimiento del Estado es un síntoma de un problema mayor: la falta de una estrategia sistémica de modernización de los recursos humanos en el sector público. Reconocerlo con honestidad es el primer paso para revertirlo. Chile necesita un Estado ágil, innovador y empático, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI, y ello no será posible sin asumir, de una vez por todas, que modernizar también es rejuvenecer.