Estrategia de seguridad tras ataque a Rucalhue considera asesoría a empresas locales
Alcaldes, junto al sector privado de la zona cordillerana de la Provincia del Biobío, se reunieron con autoridades del Ministerio de Seguridad Pública para dar seguimiento a los compromisos.
En una instancia convocada por el alcalde de Santa Bárbara, jefes comunales de los municipios cordilleranos de la Provincia del Biobío, junto a autoridades de gobierno y el sector privado, se reunieron ayer para abordar la situación local en materia de seguridad pública, sobre todo respecto a las consecuencias del atentado incendiario ocurrido el domingo 20 de abril a las obras de la Central Rucalhue que dejó más de 50 vehículos quemados, lo que generó además de una sensación de inseguridad en la comunidad, incertidumbre en el sector productivo de la zona.
Dando cumplimiento a lo que autoridades nacionales plantearon hace unas semanas en Los Ángeles, ayer se inició el trabajo de una mesa multidisciplinaria que reúne a las empresas e instituciones públicas con el objetivo de avanzar en la creación de una estrategia de seguridad, sumado también en una mayor inversión en esta materia, para potenciar el emprendimiento y las oportunidades laborales de las comunidades cordilleranas.
En este sentido, Cristian Oses, alcalde de Santa Bárbara, indicó que en la reunión se acordó "primero constituir esta mesa de trabajo; segundo, constituir comisiones de trabajo dentro de esta mesa (...) donde por ejemplo nosotros nos encargaremos como ente público, de coordinar con los ministerios que correspondan el dónde buscar los recursos; nosotros hoy le hemos exigido a las empresas que tienen que poner una mayor participación y que eso se transforme en recursos para nuestra gente, para el beneficio de nuestra comuna y territorio".
Agregó que el próximo lunes se reunirá con emprendedores y dirigentes sociales para abordar también sus necesidades en materia de seguridad.
Seguridad pública
Pese a que a esta actividad había sido invitado el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por agenda presidencial no pudo estar presente, sin embargo en su lugar asistió a la reunión el jefe de Seguridad y Orden Público del Ministerio, Nelson Morales, quien indicó que el primer objetivo de la reunión era "dar seguimiento a los acuerdos que se han tomado a partir del atentado que se produjo a la empresa Rucalhue", destacando entre esos avances la presentación de la querella por Ley Antiterrorista y el aumento del control policial en la zona.
Respecto a la instancia local, el seremi (i) de Seguridad Pública, Carlos Uslar, comentó que se tomaron compromisos y se abordó la realidad local del mundo público y privado; dando cuenta de propuestas desde los alcaldes y los gremios productivos en materia de seguridad.
"Vamos a desarrollar ciertas estrategias en materia de seguridad. Dimos a conocer las asesorías que nosotros brindamos junto con Carabineros, la PDI y Jedena (Jefatura de la Defensa Nacional), capacitaciones en el sentido de asesorar a las empresas estratégicas de la zona y todas aquellas que lo requieran", agregó el seremi.
A esto sumó que junto a las asesorías, esperan que las distintas empresas de la zona puedan aportar a través de sus cámaras de seguridad, estableciendo conexiones para obtener medios de prueba en caso de que ocurran nuevos delitos. Con esto espera que se pueda intercambiar información "y poder desarrollar así una estrategia pública de seguridad mucho más eficiente".
El delegado provincial de Biobío, Javier Fuchslocher, también manifestó que "vamos a tener un trabajo profundo con la Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi), porque creemos que también tenemos que abordar las particularidades del territorio cordillerano, y es por eso que con sus alcaldes hemos estado dialogando, también con empresas que operan en la zona, para poder avanzar en esas acciones de seguridad que nos permitan traer mayor seguridad y por sobre todo progreso".
Recursos
Una de las principales peticiones del alcalde Oses ha sido contar con recursos para la comuna, sobre todo para fortalecer la prevención de delitos. En este sentido, Uslar confirmó que el Estado tiene recursos asignados para la comuna con un presupuesto que supera los $300 millones, aunque se encuentran sin ejecutar.
"Estos recursos se arrastran desde el año 2021, así que confiamos en que con la gestión del alcalde podamos ejecutar estas obras que están a la espera y que irán en directo beneficio de la comunidad y de toda la zona cordillerana", sumó. Consultado sobre los cuatro años que han estado sin uso estos recursos, el seremi precisó que los montos han sido asignados en base a las licitaciones del municipio.
300 millones de pesos aproximadamente han sido asignados desde el 2021 a Santa Bárbara, pero que no han sido ejecutados