Por Felipe Cuevas Mora

Los distintos análisis que ha realizado tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República respecto a los alcances del Caso Convenios en la Región del Biobío -donde se indaga desde mediados de 2023 la existencia de delitos en el traspaso de dineros desde el Gobierno Regional (Gore) a fundaciones- ubican como mayor objeto de atención los proyectos ejecutados por la fundación ProCultura por un presupuesto superior a los $2.553 millones, principalmente por ser la fundación más beneficiada durante la administración Díaz.

A dos años de iniciado el Caso Convenios, la instancia liderada por el psiquiatra Alberto Larraín ya no existe como tal tras el proceso de cierre realizado a fines de 2023, y la mayor preocupación dentro de las oficinas del Gore Biobío radica en el destino de cerca de casi $1.000 millones asignados para el proyecto "Competitividad de oferta turística y creativa; puesta en valor de la identidad cultural del Biobío", que a la fecha aún no son rendidos y que formaban parte de una remesa inicial de $1.506 millones.

Preocupación que creció en las últimas semanas tanto por el avance de la causa que lleva adelante la Fiscalía Nacional con diligencias en siete regiones a cargo del fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, como también luego que el gobernador Sergio Giacaman anunciara este lunes la apertura de un sumario administrativo al área jurídica del Gore y la presentación de una nueva acción legal, debido a la inacción en la demanda anunciada en febrero de 2024 por el gobernador Rodrigo Díaz con miras a recuperar parte de los dineros sin rendir.

El proceso

De lo que se conoce a la fecha respecto al programa suscrito por el Gore por ProCultura con fecha de inicio el 11 de julio de 2022 por un periodo de 24 meses, la documentación a la vista de este medio da cuenta que del total de $2.553 millones aprobados el 1 de agosto de 2022 se realizó una primera y única transferencia de $1.506 millones.

Dos meses antes de su inicio, el 4 de mayo el Consejo Regional lo aprobó con 25 votos a favor y dos abstenciones de los exconsejeros Javier Sandoval y Camila Arriagada, quienes cuestionaron tanto que la fundación tuviese base de operaciones en Santiago como que en el proyecto "no había un detalle en relación con las actividades, equipamiento y recursos humanos", en palabras de Arriagada, según cita el acta de la sesión.

Junto a ello, se da cuenta que, en la comisión de Presupuesto del Core un par de días antes, tanto Alberto Larraín como Pablo Marinao (director ejecutivo y director de Ciudad y Vivienda Identitaria de ProCultura) presentaron un proyecto que buscaba "la diversificación de la oferta turística, a través de la unión de sectores golpeados por la pandemia".

El informe final de Contraloría del 30 de julio de 2024 -que exhibió irregularidades vinculadas al Caso Convenios- dio cuenta por un lado del término anticipado del programa determinado por el Gore el 16 de noviembre de 2023, y la existencia de un remanente que a la fecha ya ascendía a los $990 millones.

A nivel de rendiciones, se reveló que entre agosto de 2022 y septiembre de 2023 se dio cuenta de un gasto que no superaba los $622 millones, de los cuales poco más de $90 fueron cuestionados, y quedando pendiente la rendición por casi mil millones. En ese punto, se cuestiona que en los documentos presentados se justificaron gastos por $45 millones para la realización del evento REC Pro, "dirigido al ecosistema de la industria musical del Biobío y regiones aledañas", en donde se detectó compra de bebidas alcohólicas por casi $6 millones.

Además, el documento cita que la administración de Rodrigo Díaz inició el proceso de cobro de la boleta de garantía y presentó una demanda de juicio de hacienda por restitución de fondos ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, la cual según se conoció esta semana nunca perseveró.

Irregularidades

Este último punto mencionado es el que ha llamado más la atención respecto a la situación de ProCultura, debido a que fuentes vinculadas a la administración Díaz -que solicitaron reserva- cuestionan el tenor de los dichos de Giacaman e incluso dicen que si se avanzó con las gestiones para intentar recuperar los dineros perdidos.

Consultado por este medio, el Gobierno Regional del Biobío explicó que a la fecha se logró constatar el cobro de la boleta de garantía por $287 millones pese a que la demanda previamente citada nunca avanzó en lo administrativo.

"Al revisar los antecedentes, no solo detectamos errores de procedimiento, sino que además durante 14 meses no se realizó ninguna acción efectiva, porque la demanda nunca fue notificada. Por lo tanto, nunca se avanzó en el reintegro de los recursos por más de $990 millones", comentó a inicios de esta semana el gobernador Sergio Giacaman.

En concreto la demanda fue presentada en febrero de 2024, declarada admisible un mes mas tarde, pero la fundación nunca fue notificada, a diferencia de lo que si ocurrió con la acción del Gore de Santiago.

Por esta razón, y sumado a lo que ha sido calificado como un "error de procedimiento" en la presentación liderada por la unidad jurídica de la época, la actual administración presentó una nueva demanda de juicio ordinario de mayor cuantía, la cual a la fecha aún no es proveída.

Además, se confirmó el inicio de un sumario enfocado a la labor de la unidad jurídica de la época por posibles irregularidades en el proceso; en ese entonces dicha unidad era liderada por la abogada Karen Flores.

"Aquí no solo estamos ante una omisión relevante, sino también frente a un problema que se repite: la ausencia de control jerárquico y seguimiento dentro de un servicio público. Esa falta de supervisión permanente impidió detectar y corregir a tiempo lo que hoy representa un perjuicio concreto al patrimonio regional", argumentó Giacaman.

990 millones de pesos siguen sin rendir a la fecha por parte de la fundación ProCultura, vinculada al Caso Convenios.

En medio de la preocupante situación en materia de seguridad a nivel regional, los alcaldes de Quilaco, Santa Bárbara y Cañete concurrieron a la comisión de Gobierno Interior con el fin de exponer parte de sus temores y recomendaciones en la materia.

En la instancia, la diputada Joanna Pérez -quien los convidó al espacio- manifestó que "necesitábamos que el ministro de Seguridad diera explicaciones a la comisión sobre las acciones que está tomando el gobierno en relación con los hechos de violencia que se están suscitando, no solo en Arauco, sino también en la provincia de Biobío, donde la comunidad vive con miedo y los gremios ya no tienen esperanza de poder sacar adelante sus empresas debido al temor de que sean vandalizadas con actos terroristas".

Junto a ello, la legisladora de Demócratas por el distrito 21 expuso que "hemos recogido el clamor desesperado de nuestros alcaldes, que representan a las comunidades afectadas por hechos terroristas. Fue importante que el ministro los escuchara, porque necesitamos que el gobierno se haga presente en la zona".

"También estuvo con nosotros la ministra de Defensa, y necesitamos claridad por parte del gobierno. Más allá de que le quede solo un año de mandato, no basta con levantar la mano de vez en cuando para decretar un Estado de Excepción. Es necesario dar señales claras, no solo en materia de seguridad, sino también en inversión, desarrollo y progreso para nuestra zona. Los habitantes de la región esperan respuestas urgentes", afirmó Pérez.

El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, en tanto, explicó que "que bueno que esta vez se escuche a los alcaldes, porque es algo que hemos conversado con mis pares. El llamado que hacemos es ser escuchados, y tomados en cuenta, porque sabemos lo que está ocurriendo con nuestras comunidades".

"Estamos disponibles para trabajar con este Gobierno y con el que sea", añadió.

La cita se dio previo a una reunión que hoy sostendrán distintas autoridades locales con miras a reforzar las medidas y coordinaciones tras el hecho ocurrido en la central Rucalhue, donde más de 50 vehículos fueron quemados.

El Ministerio de Transportes informó una serie de medidas de refuerzo para el sistema licitado de transporte público que conecta Concepción con Tomé. En concreto, y atendiendo una serie de solicitudes de distintos actores, se contempla la implementación de más alternativas de viaje en el horario punta de la mañana, desde el sector de Cementerio N°2, a las 06.20 horas, y desde Dichato, implicará la salida de servicios cada 15 minutos. Para el regreso desde Concepción durante las tardes, se incorporaron siete frecuencias, alcanzando un total de 70 salidas.

El seremi Patricio Fierro dijo que estas "son buenas noticias. Esta semana hemos partido con un servicio de inyección que sale a las 06.20 de la mañana, que permite a muchas personas que viajan a sus trabajos, o por razones de estudio, temas de salud y se desplazan a Concepción, puedan hacerlo de manera muy temprana. Se trata de un servicio que viene a cubrir un sector más o menos de 9 a 10 cuadras y que les permite a los usuarios hacerlo de manera segura y cómoda".

Sobre la oferta para quienes regresan desde Concepción, añadió que la incorporación de servicios "se traduce que hay salidas cada cinco minutos y otras cada tres, en los viajes desde Concepción hacia Tomé. Felicitamos, por tanto, a la empresa Transportes Tomé, ya que es una muy buena iniciativa de cara también al requerimiento de las vecinas y los vecinos de la comuna".