Por Diana Aros Aros

Ayer la Comisión Mixta resolvió nuevos acuerdos en relación a la Ley de Fraccionamiento, proceso que se desarrolló en dos jornadas. La instancia, de la cual participan diputados y senadores, busca avanzar en la tramitación del proyecto de ley que no logró acuerdos específicos en cuatro materias: fraccionamiento de la merluza, sardina y anchoveta, reineta y la licitación en las cuotas del jurel. Uno de los principales acuerdos y que generaba divisiones entre la pesca artesanal e industrial, se relaciona con la cuota de la merluza y que luego de someter la propuesta a dos votaciones en dicha comisión, se acordó que el porcentaje de esta pesquería sería de un 52% para el sector artesanal y de un 48% para los industriales.

La definición fue evaluada positivamente por el sector artesanal. El presidente de Ferepa Biobío, Cristián Arancibia, manifestó que el guarismo acordado es cercano a las expectativas que se tenían. "Fomentar el aumento de la pesca de este recurso a través del artesanal nos puede permitir tener un futuro más auspicioso de la merluza común para las familias de nuestro país. El resultado nos pone contentos, da cuenta de que la autoridad ha entendido que es importante mejorar la participación de la pesca artesanal", dijo.

Sin embargo, la noticia para el sector industrial de la zona fue amarga e incluso, apuntaron a que esto favorecerá a la pesca ilegal. "Al modificar el fraccionamiento, se va a legalizar a pescadores o agentes ilegales que van a aumentar el esfuerzo que ya está colapsado (…) es una muy mala política y decisión, y que pone en riesgo al recurso, estabilidad de los trabajadores de la industria y de todos aquellos trabajadores artesanales que legalmente han hecho sus esfuerzos sobre este recurso", lamentó Juan Carlos González, Presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca Industrial del Biobío.

Desde Pescadores Industriales del Biobío también emanaron una negativa declaración, calificándolo como un "durísimo golpe a la comuna de Talcahuano", debido a que esto afectará la operación de PacificBlu. "Esto es muy triste y doloroso, pues el Gobierno presentó un Plan de Industrialización para esa comuna tras el cierre de Huachipato, que hoy recibe un golpe en su línea de flotación por parte del propio Gobierno", expresaron.

Licitación del jurel

En la sesión de este miércoles, la Comisión Mixta rechazó la licitación de la cuota adicional de jurel, la que sería clave para el financiamiento del proyecto y así evitar el déficit fiscal. No obstante, desde el Ejecutivo se planteó un mecanismo para resolver este punto, siendo acogido por la comisión para llevarla nuevamente a votación el próximo martes, con el compromiso de que la propuesta llegue a los parlamentarios el día lunes.

Lo anterior también generó desazón en algunos actores locales. Los Pescadores Industriales del Biobío plantearon que "si bien primó la prudencia y la responsabilidad en el rechazo a las subastas, es alarmante el nivel de improvisación mostrado por el Gobierno para buscar incorporar este mecanismo a toda costa, llevando una propuesta a la Comisión Mixta sin tener ningún respaldo técnico ni financiero".

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), rechazó lo adoptado por la comisión y apuntó a que esto afectará el financiamiento a la plataforma social para pescadores artesanales. "Le han negado a los más de 100 mil pescadores artesanales inscritos en el respectivo registro, la posibilidad de contar con previsión social, sin contar que el mecanismo incorporaba capacitaciones y becas para los trabajadores del sector industrial", emplazó la parlamentaria, sumando críticas hacia el rol del senador Fidel Espinoza (PS), quien preside la instancia.

Sobre la discusión en general, el senador Gastón Saavedra (PS), agregó que, tanto en el caso del fraccionamiento de la merluza como lo ocurrido con la licitación del jurel, se generó un gran problema, ya que "no hubo una defensa de los intereses de la Región, a mi entender".

Luego que la Comisión Mixta aprobara reducir la cuota de merluza del sector industrial de un 60% a un 48%, la empresa PacificBlu, que opera en Talcahuano, anunció el cierre de sus operaciones a partir del 2026. El gerente general de la pesquera, Marcel Moenne, aclaró que lo resuelto "hace inviable la continuidad de nuestras operaciones en las condiciones actuales, un hecho que advertimos al Gobierno en reiteradas ocasiones".

Moenne apuntó que se presentaron "datos falsos y no rigurosos" en torno a la captura de dicha pesquería, que habrían afectado la decisión parlamentaria.

La empresa pesquera Landes presentó una acción judicial en contra del Estado de Chile en la que solicita la exhibición de documentos clave y que deberían ser soporte para la tramitación de los proyectos de nueva Ley de Pesca y Fraccionamiento Pesquero, que se encuentran en discusión.

Con esta medida de carácter prejudicial, Landes solicita a los tribunales chilenos que se detallen los antecedentes que justificaron calificar la actual legislación como "ilegítima e ilegal", ingresando un nuevo proyecto de ley que se discute en el Congreso.

La firma, indicó que, de confirmarse que el proceso legislativo careció de fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, planea interponer una acción de nulidad y una demanda indemnizatoria contra el Estado por los efectos del fraccionamiento pesquero, específicamente en el caso del jurel.

En el documento, dirigido al Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia y el Congreso Nacional, la empresa cuestiona la legalidad del proceso legislativo, argumentando que se habría omitido la elaboración de informes técnicos, financieros y de impacto regulatorio.

Landes también plantea que, evitando discutir el impacto regulatorio que traen los proyectos de ley, se tramitó una "expropiación encubierta para evitar pagar las indemnizaciones que a las que Landes y otros actores del mercado tienen derecho".

Andrés Fosk, gerente general de Landes, afirmó que "la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país. Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresarial".

David Cademartori, abogado socio de Barros & Errázuriz, oficina que tramita la acción, dijo que "observamos con mucha preocupación cómo acá se incumplieron las reglas fijadas para una correcta discusión legislativa".

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se desplegó en la comuna de Los Ángeles para dar a conocer resultados del muestreo realizado a caballos en la zona, en el marco de la emergencia por Anemia Infecciosa Equina (AIE).

"El SAG en la Región, a partir de la temporada estival, inició un despliegue para realizar un catastro en los diversos lugares que han sido definidos de riesgo de la enfermedad. Estamos notificando el resultado negativo de 12 animales que fueron muestreados a fines de abril, a los que en esa oportunidad se les implantó un chip de identificación", indicó el director regional del SAG, Roberto Ferrada.

Producto de la detección de casos de Anemia Infecciosa Equina en la Región del Biobío, el SAG intensificó la vigilancia sanitaria en la población susceptible, de acuerdo al plan de contingencia definido por el servicio, muestreándose más de 1.300 equinos en 156 predios de la Región, identificando a la fecha más de mil caballos con un dispositivo de alta tecnología que permite mantener la trazabilidad del ejemplar muestreado.

La seremi de Agricultura, Pamela Gatti, indicó que "estamos trabajando en la vigilancia sanitaria ante la detección de este tipo de casos. De forma complementaria se realizan una serie de acciones, por eso se hace un llamado a mantener medidas básicas de bioseguridad a los responsables de los animales".