Por Redacción

La Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó ayer su informe final al Presidente Gabriel Boric, con las propuestas elaboradas durante los casi dos años que trabajó en la búsqueda de soluciones al conflicto en la Macrozona Sur entre el Estado de Chile y algunas comunidades mapuche.

La instancia estuvo liderada hasta marzo de este año por el actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos, copresidida por el exministro de Sebastián Piñera Alfredo Moreno y el senador DC Francisco Huenchumilla e integrada por representantes del pueblo mapuche, de los agricultores de la zona y de víctimas de la violencia rural. Y luego de una labor que se inició en junio de 2023 dio a conocer sus recomendaciones para llegar a un diálogo productivo.

El documento incluye cinco ejes principales para trabajar: justicia y reconocimiento, reparación a víctimas, restitución de tierras, desarrollo territorial y garantías para la implementación.

Entre otros puntos se planteó el reconocimiento constitucional de los pueblos; ampliar el concepto de comunidad indígena, establecido en la Ley 19.253, para dar paso a la autogobernanza; retomar la discusión legislativa del Consejo de Pueblos; revitalización de la cultura y lingüística; hacer una consulta indígena y de participación. Igualmente, se aconsejó crear una ley de reparación de víctimas de la violencia, así como crear un órgano y mecanismos para implementar dicha reparación.

Boric: es posible avanzar

Al hacer entrega del documento, el excanciller Moreno planteó que el conflicto en la Macrozona Sur es "una realidad que no podemos seguir ignorando como país. Primero, un pueblo ancestral que espera, comunidades mapuche viviendo en la pobreza, aisladas, viendo pasar las décadas sin que las promesas se cumplan, una espera que podría llegar a 100 años con el sistema actual".

"Proponemos pasar de un sistema que solo entrega tierras a uno que abre múltiples caminos para el desarrollo, de un modelo que genera división a uno que construye encuentro, de restricciones que condenan a la pobreza a libertades que permiten el progreso", destacó.

El Presidente Boric expresó que "a través de este proceso ustedes han demostrado que este no era un problema inconmensurable o inabordable, más allá del tiempo y los dolores que ha generado, sino que es posible dimensionarlo y con ello abrir una nueva etapa de resolución, con cuyos parámetros se juzgue justamente el avance del mismo".

Del mismo modo, destacó que "se le encargó a esta Comisión un pronunciamiento y medidas de reconocimiento, justicia y reparación para todas las víctimas que ha dejado este conflicto. En el abordaje de este desafío no tienen cabida ni la violencia ni el terrorismo. Lo condenamos de manera clara y contundente porque las y los habitantes del territorio que ha estado en conflicto durante tanto tiempo tienen derecho a vivir y a trabajar en paz, los mapuche y no mapuche".

Tema electoral

Políticos de oposición han desconocido el valor del informe, como también el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul (preso), pero otros como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, lo destacaron como "un punto de partida hacia la esperanza".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo que "obviamente que nos interesa mucho la reparación de víctimas y ver cómo vamos a seguir adelante. Diferencias de opiniones en el mismo sector político es natural que existan y no me parece que uno lo achaque a un tema electoral, las diferencias de opinión son legítimas".

La candidata oficialista, Carolina Tohá, espera que "quienes postulamos a la Presidencia seamos facilitadores de que Chile busque acuerdos como este y no obstaculizadores. Me parece bien que en las últimas declaraciones Evelyn Matthei haya retrocedido respecto a lo que dijo días atrás, que fue prácticamente quitarle el piso a este acuerdo".

¿Es posible sistematizar el contenido del acuerdo adoptado por la Comisión para la paz y el entendimiento cuyo contenido fue dado a conocer recién ayer?

Hacerlo puede ayudar a que se le debata y así se discierna su importancia.

Al leerlo puede ser útil poner atención a tres conceptos distintos de justicia: la justicia simbólica, la material y la política. Cada una de ellas se relaciona con la distribución de algún bien. En el caso de la justicia simbólica se trata del reconocimiento a la propia identidad cultural; en el caso de la justicia material del acceso a los recursos; en el caso de la justicia política, de la participación. En esas tres dimensiones el pueblo mapuche (y no solo él) ha padecido injusticia. Se ha negado su existencia e invisibilizado su ethos, su forma de estar en el mundo; se le ha privado de sus tierras con las que sustentaba su vida y su cultura; se le ha impedido participar como pueblo en la formación de una voluntad común.

En la medida que el acuerdo de la Comisión remedia esas tres formas de injusticia, o las atenúa, debe ser apoyado.

Comencemos por la dimensión simbólica.

El acuerdo sugiere que en las reglas constitucionales se reconozca tanto la existencia de los pueblos indígenas como los derechos colectivos de los que son titulares. Entre esos derechos se cuenta el de preservar su lengua y sus formas de organización para cuyo fortalecimiento y preservación se sugieren diversas medidas. Para apreciar la importancia de esas recomendaciones hay que recordar que la lengua que hablamos -la lengua que cada uno recibió de su madre y que atesora en la memoria- es la forma más básica de estar en el mundo y de configurar la propia identidad. Mientras los seres humanos somos casi idénticos en nuestro arsenal anatómico y biológico, somos, sin embargo, muy distintos desde el punto de vista cultural y lingüístico ¿A qué se debe eso que, bien mirado, parece una anomalía? Pues bien, se debe al hecho que la lengua es la que nos permite tallar nuestra identidad, elaborar la cultura y hacernos un lugar en este mundo, la que nos permite ser, en suma, humanos. Por eso negar la lengua, impedir se la hable o consentir se extinga equivale a dejar que lo más propio de una existencia colectiva desaparezca.

Se encuentra luego la dimensión material.

Los marxistas y los que no lo son -sobre todo los que no lo son- conocen la importancia de las condiciones materiales de la existencia, esas que son indispensables para la producción y reproducción de la vida. En las sociedades contemporáneas es el dinero lo que representa a todos los bienes. En el caso de la cultura mapuche es ante todo la tierra, la que les fue, mediante la fuerza primero y el engaño después, arrebatada. Por supuesto retrotraer la propiedad de la tierra al momento originario no es simplemente posible. De ahí entonces que el informe establezca tres principios cuya importancia y novedad es difícil de exagerar. Permite que la tierra entregada sea disponible y negociable mediante contratos (algo que históricamente se ha impedido); establece un límite a la reparación por esa vía (impidiendo el mal de una demanda infinita); y contempla formas alternativas como la reparación en bienes sustitutos o en dinero (favoreciendo así de manera indirecta la incorporación voluntaria a las, por decirlo así, prácticas de mercado).

Y en fin se encuentra la dimensión política.

Uno de los problemas del pueblo mapuche (y de otros pueblos indígenas) es que carece de una voluntad común que lo represente ante el estado. Sin esa voluntad común las demandas de ese pueblo (y de otros, claro está) son ideológicamente capturadas por minorías consistentes y violentas. Para evitarlo es fundamental crear mecanismos de formación de una voluntad común para que ese pueblo pueda comparecer como sujeto en la vida democrática. Para ello el informe contempla algunas medidas.

El informe no incurre en ningún adanismo (la idea de que es posible retroceder a un momento cero de la historia), tampoco en una utopía arcaica (creer que si volviéramos atrás encontraríamos un paraíso) ni en la culpa intergeneracional (consistente en creer que los actuales descendientes de quienes ocuparon la zona son, por eso, también culpables y no, como son, víctimas que también merecen reparación).

Por todo ello, merece ser leído, y si la racionalidad todavía tiene algún peso en la política, es probable que al cerrar sus páginas se concluya que sí, que en lo fundamental merece el aplauso y la aprobación porque remedia la injusticia y desarma al radicalismo.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó ayer que en la colectividad "tendremos que hacernos cargo" si aparecen más militantes mencionados en la arista ProCultura del caso convenios, escándalo que involucra a una serie de fundaciones que en todo el país obtuvieron fondos estatales de manera irregular.

Ayer se abrió la posibilidad de nuevas diligencias respecto de la ONG que dirigía Alberto Larraín, luego de que el lunes imputados y querellantes en el caso comenzaron a recibir copia de la carpeta de investigación, lo que permitirá al fiscal Patricio Cooper formalizar próximamente cargos en contra de los imputados.

En este marco, el diputado independiente de la bancada PPD Jaime Araya afirmó en El Mostrador que con Procultura "se creó un mecanismo para sacar recursos del Fisco sabiendo las debilidades del Fisco". Y añadió que "la pregunta gruesa es: ¿Dónde está la plata? […] Es muy poco probable que se recuperen los dineros fiscales", que alcanzan los 1.700 millones de pesos.

Por ello la dirigenta afirmó en La Tercera que "si es que aparecen (más mencionados) tendremos que hacernos cargo. Yo no tengo temor a que este tipo de situaciones ocurran. Lo que quiero dejar en claro, primero, es que esto signifique un aprendizaje. Por eso también en el Frente Amplio estamos generando una serie de medidas de fiscalización interna previa, pero también cuando uno tiene un partido de 60 mil personas, el más grande de Chile, hay posibilidades de que haya personas que vayan en contra de los principios del partido".

Martínez recalcó que "no queremos ser un partido que se acostumbre a tener este tipo de situaciones. En los casos de corrupción es importante cómo reacciona el sector político que está involucrado. También para no hacer un empate en situaciones que son bien distintas".

"En el Caso Convenios nosotros como Frente Amplio nos querellamos y también excluimos a todas las personas que estaban involucradas en el caso. Eso es tomar medidas. En otros casos o tienen respaldos cerrados o hay silencio permanente respecto de estos", cerró.