Por Estefany Cisternas Bastias

Los estudiantes de la Universidad de Concepción continúan movilizados debido a las demandas de los alumnos de Pedagogía en Historia y Geografía, quienes llevan en paro más de tres semanas. Actualmente son 67 las carreras sin actividades, destacando que la última en sumarse fue Medicina. Valery Céspedes, vocera de la asamblea de mujeres y disidencias sexogenéricas, explicó que el lunes tuvieron la última instancia de redacción del petitorio oficial, donde se presentaron todas las demandas en torno a cinco ejes: la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual (DEGyD), Fiscalía de Género, mediación, prácticas y eje curricular.

"Ahora está la comisión redactora trabajando en el documento final para ser bajado a las bases, eso se tiene que aprobar en cada carrera y es lo que se va a llevar a la negociación con las autoridades pertinentes", contó la vocera, agregando que las principales exigencias se orientan a la modificación de los reglamentos de la DEGyD y la modificación de la estructura de Fiscalía de Género, además de ciertas medidas de cuidado sobre el ejercicio de las prácticas y la incorporación de aspectos de género en la malla curricular.

Es importante mencionar que los representantes de la UdeC sostuvieron un dialogo ayer con representantes de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), quienes están en paro desde este lunes por temáticas de género, reunión donde también participaron estudiantes de la Universidad del Bío-Bío (UBB) debido a propias problemáticas.

Dialogo autoridades

Este lunes, la UdeC difundió en sus redes sociales un comunicado contando los hechos y detallando que tendrían una reunión con los estudiantes. Aunque los jóvenes solicitaron la presencia del rector de la casa de estudios, Carlos Saavedra, no asistió, por lo que en consecuencia los voceros cerraron la mesa de diálogo para iniciar acuerdos de carácter negociador.

En el texto, la universidad señaló que "habiendo transcurrido 3 semanas desde la ocupación de las dependencias del Departamento de Historia, aún no se cuenta con un petitorio específico, aunque para este efecto se han realizado reuniones convocadas desde la Rectoría en las que han participado autoridades universitarias, la Federación de Estudiantes y representantes de estudiantes de la carrera en Pedagogía en Historia y Geografía. En esas reuniones, la institución ha informado de la disposición de establecer un diálogo en torno a un petitorio específico. Respecto de las situaciones que se describen como problemáticas, considerando una revisión pormenorizada de los hechos, es posible afirmar que, hoy frente a denuncias formales y efectivamente canalizadas institucionalmente, a través de instancias que incluyan la Facultad de Educación y a unidades centrales, como la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual y Fiscalía, la respuesta ha sido rápida y basada en todos los procedimientos reglamentados, respetando en todo momento el debido proceso".

El comunicado concluyó con la promesa de que continuarán haciendo su mayor esfuerzo por buscar una solución basada en el diálogo, la dignidad de las personas y el respeto al debido proceso. "Reafirmamos nuestro compromiso por la continuidad de los procesos formativos para todos los estudiantes, cumpliendo con nuestras obligaciones institucionales y el compromiso informativo hacia todas y todos nuestros estudiantes", declararon.

Sobre los dichos de la autoridad universitaria, Céspedes aclaró que el comunicado no era pertinente ya que planeaba varios puntos falsos, que no eran transparentes con el estudiantado, y además fue firmado por el rector Saavedra, siendo que él no ha tenido ninguna instancia de diálogo con las alumnas.

Cronología

Según relataron desde la UdeC, el 2 de abril la DEGyD tomó conocimiento de la denuncia realizada por una estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, relativas a conductas de hostigamiento, acoso sexual y comportamientos indebidos por parte de un compañero de carrera. La universidad activó los protocolos institucionales correspondientes. El 8 de abril, ingresaron dos nuevas denuncias de estudiantes y tres días después las denuncias fueron declaradas admisibles.

Se informó a los estudiantes la posibilidad de dictar una medida de resguardo y de prohibición de contacto respecto al estudiante denunciado. El 14 de abril, la decana de la Facultad de Educación dicto resoluciones para iniciar las investigaciones por reglamento de Conducta y por protocolo DEGyD, suspendiendo al estudiante denunciado por un periodo de 60 días. La directora de DEGyD, Tammy Pustilnick se reunió con representantes de la Asamblea de Mujeres y Disidencias, quienes informaron sobre publicaciones en redes sociales que representan potencial amenaza de parte del estudiante. Se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por aplicación del artículo 175 del Código Procesal Penal.

5 ejes conforman el petitorio de la UdeC: la DEGyD, Fiscalía de Género, mediación, prácticas y eje curricular.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCSC, Catalina Carrasco, comentó que este lunes la Facultad de Pedagogía inicio un paro, el que continuará durante una semana y con posibilidad de reevaluación. "Tuvimos una reunión con el centro de estudiantes de Pedagogía en Inglés, que es la carrera que nos hace llegar una denuncia a propósito de la situación de un estudiante en particular (…) Los estudiantes se movilizaron el día de ayer (lunes) para pedir no solo soluciones y respuestas, sino también un plan mucho más aterrizado de cómo deberían las universidades tratar este tipo de situaciones", contó la presidenta. Se trataría en específico de un alumno investigado en 2023 por posesión de material pornográfico infantil, quien el año pasado acosó a compañeras.

Al respecto, la universidad lamentó que no se ha concretado una denuncia oficial por los conductos internos solicitando investigación, ni tampoco por las autoridades competentes externas sobre el hecho que motiva el paro.

La madrugada de este martes 99 familias de cuatro campamentos de Talcahuano quedaron sin suministro eléctrico, luego de que la empresa CGE ejecutara un corte por una deuda impaga que mantiene el municipio con la distribuidora. El alcalde, Eduardo Saavedra, calificó la medida como insensible, considerando que afecta a personas en situación de alta vulnerabilidad, incluyendo niños, adultos mayores y familias que viven en condiciones precarias.

"No se puede cortar la luz a familias vulnerables sin siquiera considerar el contexto. Estamos hablando de campamentos, de niños y personas mayores que hoy deben pasar días de lluvia sin un servicio tan básico como la electricidad. Esto es consecuencia directa de una deuda que heredamos, de una crisis financiera que denunciamos en nuestra Cuenta Pública, y que hoy vuelve a golpear de la manera más injusta", criticó el alcalde.

Desde CGE afirmaron que han sostenido reiteradas reuniones con la administración municipal, donde también ha participado el alcalde, para dar a conocer la deuda y ofrecer mecanismos de pago a fin de facilitar a la municipalidad el cumplir con dicha obligación, sin resultados a la fecha. "La Compañía manifiesta su total disposición a resolver esta situación y queda atenta a una propuesta de pago por parte de la I. Municipalidad de Talcahuano", expresaron en un comunicado.

El lunes 5 de mayo se declaró la primera preemergencia ambiental del año, esto en el marco de la Gestión de Episodios Críticos (GEC), correspondiente al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) del Concepción Metropolitano. Bajo esta condición es que fiscalizadores de la oficina regional del Biobío de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se desplegaron en terreno, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en especifico para las industrias durante estos episodios.

En detalle, la jornada de lunes se realizaron inspecciones a fuentes fijas que están sujetas a restricciones en episodios críticos. En esta ocasión, los trabajadores de la Superintendencia inspeccionaron la Planta Cementos Biobío, ubicada en la comuna de Talcahuano, la cual afectivamente cumplía con las disposiciones vigentes al momento de la inspección. Desde la SMA destacaron la importancia del cumplimiento de estas medidas, que buscan proteger la salud de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables, y reducir la exposición a contaminantes como el material particulado fino (MP2.5). En caso de no dar cumplimiento a las medidas, las empresas corren el riesgo de recibir una sanción.

Las acciones de fiscalización continuarán durante todo el periodo GEC, que se extiende entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

La declaración de preemergencia se produjo debido a las condiciones meteorológicas y los niveles de contaminantes atmosféricos, ya que estos últimos superan los umbrales que pueden afectar la salud de la población, lo que activa un conjunto de medidas obligatorias para reducir las emisiones contaminantes en las comunas bajo el PPDA.

Las comunas involucradas en este plan son Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Penco, Lota, Coronel, Tomé y Hualqui. Esto las obliga a adoptar y cumplir estrictamente las medidas preventivas, dado que forman parte de una zona declarada saturada por material particulado fino.

30 de septiembre es la fecha en la que concluye la vigilancia por Gestión de Episodios Críticos (GEC) en el Biobío.