Por Francisca Pacheco Pérez

El 16 de abril, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), dando así cierre a una discusión que se extendía desde 2017. Finalmente, el Gobierno promulgó ayer esta normativa. Así, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se desglosará en dos instituciones: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), a cargo del Ministerio de Medio Ambiente; y el Sernafor, que será dependiente del Ministerio de Agricultura.

El senador (PS) Gastón Saavedra, quien formó parte de la Comisión Mixta que resolvió las últimas diferencias de la iniciativa -y cuyo informe fue finalmente aprobado por el Senado, dando luz verde a la ley- valoró este acuerdo, que "costó porque había muchas situaciones que se tenían que mejorar y además se debían cumplir acuerdos con los sindicatos y con muchos para lograr avanzar en una institucionalidad pública que sea garante de la sustentabilidad en todo lo que es el patrimonio vivo diverso del país", sostuvo.

En relación con el impacto de la implementación de esta norma, planteó que "lo que había era una corporación de derecho privado, pero que manejaba recursos públicos. Entonces, era un híbrido que no estaba dando cumplimiento a situaciones que eran necesarias para garantizar la sustentabilidad en materia boscosa, como el tratamiento de temas de permiso, de accesibilidad, de organización, de aplicaciones de quemas, cuestiones que hoy se hacen y no tienen ninguna regulación".

En tanto, la Seremi de Agricultura Pamela Gatti precisó que los 158 trabajadores que actualmente conforman la Conaf Biobío mantendrán sus respectivos puestos de trabajo -aunque con atribuciones fiscalizadoras robustecidas- y enfatizó en que todos ellos disponen de las competencias requeridas para ejercer sus roles en esta nueva institución de caracter público".

Traspaso laboral

La autoridad relató que este reconocimiento que la normativa le da a las facultades de control del personal es uno de los cambios más significativos.

Explicó que "uno de los problemas que tenía la Conaf cuando iba a fiscalizar es que cuando muchos temas pasaban a tribunales había una discusión, porque no eran ministros de fe, sino funcionarios de una corporación privada. Entonces, complicaba bastante el seguimiento y cómo se llevaba a cabo las sanciones para las personas o empresas que no cumplían".

Sobre este punto, el parlamentario agregó que este rol fiscalizador además es clave "cuando hay situaciones que requieren efectivamente Estado suma el rol de garante de que las acciones no van a provocar un impacto negativo y que se harán ciertos bajo normas y preceptos que estén establecidos en los reglamentos de la ley, lo que también se tiene que hacer".

Tras la promulgación de esta norma, inmediatamente comenzará el traspaso de los 158 trabajadores de la Corporación en la región, respetando sus condiciones actuales.

"Cada uno pasa a ocupar el mismo rol que tiene hoy. Obviamente, al ser un servicio público tiene otra estructura de funcionamiento y eso se va a ir adaptando, pero no hay nadie que se vaya a ver perjudicado en términos de su contratación", aseguró la titular de Agricultura en el Biobío.

Recalcó que "los funcionarios que llevan trabajando muchos años en la Conaf tienen toda la experiencia en para seguir realizando este trabajo. En este momento no se está priorizando la nueva contratación sino que el traspaso de cada uno de ellos, y en la medida del tiempo, la evaluación y el trabajo que se genere desde que se inicie, se podrá evaluar la incorporación de más personas".

Asimismo, aseguró que se mantendrán las áreas provinciales y la dirección regional en sus mismas dependencias.

Curso de acción

Las prioridades que definirán las primeras directrices de Sernafor en la región implican dar continuidad a las labores que ejecutado la Conaf, sobre todo en materia de prevención y combate de incendios forestales, junto con la recuperación de los sistemas productivos que se han perdido a raíz de estas emergencias y la protección de los recursos naturales.

"Nuestra región es la más importante en este rubro para en el país, por lo tanto, sin duda va a mejorar la gestión, pero también teniendo un rol muy importante en cuanto al manejo forestal sustentable, y la mitigación y prevención de siniestros, que afectan fuertemente a la zona", precisó.

Además, "es muy relevante dentro de la nueva institución abordar el plan nacional para la reducción de riesgo de siniestros y crear el registro nacional de protección contra incendios forestales", sostuvo.

El Servicio Médico Legal (SML) se encuentra analizado restos óseos no identificados que fueron encontrados en la pesquera Orizon, ubicada en Coronel, para determinar si se tratan de restos humanos y, si así fuera, lograr dar con la identidad correspondiente.

Desde la Policía de Investigación se aclaró que en una de las descargas de la pesquera se encontró un objeto extraño y al no saber a qué correspondía, se dio avisó a la PDI y luego fue derivado al SML.

Mientras que desde la empresa, a través de una declaración pública, detallaron que el hallazgo fue realizado por trabajadores de Orizon y que "siguiendo con el protocolo establecido se dio aviso inmediato a Sernapesca (...) Desde ese momento y con la debida urgencia, hemos colaborado en todo lo requerido por las autoridades poniendo a disposición los antecedentes para facilitar el desarrollo de la investigación".

Si bien no se han entregado más detalles del hallazgo realizado, el abogado de los familiares del Bruma, tripulación que naufragó el 30 de marzo en las costas de Coronel, se refirió públicamente al hecho ya, dijo, están atentos a los resultados por el lugar del hallazgo,

Rafael Poblete detalló que "no hay nada confirmado, lo tomamos con mucha cautela. Esperamos que el SML dé alguna confirmación, por mientras, estamos expectantes".

Detalló que un proceso que se realizó con anterioridad fue tomar el ADN de los familiares para luego hacer match en caso de que se encuentre algún resto.

Otros hallazgos

En la instancia, el abogado Poblete informó respecto a hallazgos realizados en el Cobra, a raíz de las diligencias concretadas entre viernes y sábado de la semana pasada.

Según Poblete, "fuimos informados (por la Fiscalía) que se recogieron varias muestras y que fueron derivadas a cuatro laboratorios de la Lacrim (Laboratorio Criminalístico) de la PDI, entre ellos el de Temuco, que es el más avanzado del país. Son restos orgánicos que podrían corresponder a restos humanos. Hay un tiempo máximo de aproximadamente 10 días a dos semanas para tener resultados".

Eso sí, el abogado indicó que desde el Ministerio Público no se entregaron mayores detalles, como el lugar donde se encontraron ni el tipo de muestras, solo que "se encontraron varias muestras", precisó.

Además, dijo que ellos pidieron hacer pericias a los restos del Bruma y hacer otras pruebas al Cobra, que se encuentra en San Vicente con prohibición de zarpe.

El abogado Alejandro Espinoza, quien representa a los tripulantes del buque PAM Cobra -embarcación investigada por su presunta participación en el naufragio de la lancha Bruma- informó que presentó una querella en contra del abogado Rafael Poblete, quien representa a los familiares del Bruma.

Espinoza señaló que "ante el Juzgado de Garantía de Concepción, hemos ingresado una querella en contra del abogado Rafael Poblete Saavedra, quien en forma reiterada ha calumniado e injuriado a mis representados, imputándoles conductas delictivas e inmorales fundados en hechos completamente falsos".

Precisó que "repetidamente ha firmado la existencia de un pacto de silencio de los tripulantes para obstruir la investigación y ocultar la verdad ante las autoridades que investigan este siniestro. Estas declaraciones, junto a otras injuriosas que hemos detallado en la querella, son sustentadas en hechos, como he señalado, absolutamente falsos y son de la más alta gravedad, siendo absolutamente inaceptables".

En esa línea, el abogado Espinoza puntualizó sobre la motivación de la acción judicial que "el señor Poblete ha instalado un clima sensacionalista, divulgando en forma habitual noticias completamente falsas o fundadas en hechos tergiversados de la realidad, por lo que deberá responder de sus dichos ante los tribunales de justicia, donde esperamos que sea condenado a una pena privativa de libertad".

Lo anterior, dice relación con que, pese a que la investigación por el naufragio del Bruma sigue abierta y no se han conocido hipótesis desde la Fiscalía, desde las familias se ha insistido públicamente en la responsabilidad de los tripulantes del Cobra.