Por Felipe Cuevas Mora

El pasado lunes 21 de abril, el gobernador Sergio Giacaman concurrió a las oficinas de la Fiscalía Regional junto a Lily Oñate, funcionaria de la división Social del Gore Biobío, a presentar una denuncia por "presiones indebidas" en la ejecución de un programa firmado entre el servicio y la Fundación Antonia.

Dicha acción es la primera realizada por la actual administración en casi cinco meses de gestión en torno al conocido Caso Convenios, cuestión en la cual las distintas divisiones han trabajado con comisiones especiales dedicadas a revisar cada uno de los programas suscritos por la anterior administración.

En el caso de la división de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir), según pudo conocer este medio, de los $89 mil millones entregados entre 2021 y 2023 a entidades privadas -entre ellas fundaciones- poco más de $53 mil millones ya cuentan con rendiciones aprobadas, cerca de $15 mil millones están en proceso de revisión y otros $20 mil aún no cuentan con rendiciones por parte de las entidades ejecutoras de los programas.

Del total de recursos, poco más de $23 mil millones responden a dineros asignados a fundaciones y ONG, mientras que la mayor parte la concentran entidades de Educación Superior y corporaciones ($44 mil millones).

El jefe de la Dipir, Juan Pablo González explicó a Diario EL SUR que el objetivo es cerrar los más de 134 programas aún en tramitación a más tardar al 31 de diciembre, y que a las distintas entidades les están pidiendo las rendiciones en un plazo específico.

"Si esto lo dejamos eternamente esperando que llegue la información, no vamos a cerrar nunca. Si no llega la información apropiada, vamos a exigir el reintegro, y si eso no ocurre, vamos a tomar las acciones que corresponden para cualquier programa que tenga alguna dificultad", advirtió.

Cierre de programas

En el análisis desarrollado por la división de Inversión y Presupuesto, según detalló Juan Pablo González, el mayor foco de atención está puesto en 60 programas con fundaciones que se busca cerrar de forma administrativa y tomar las acciones correspondientes para buscar la restitución de los dineros no rendidos. "De esos 60 programas que menciono, hay entre 13 y 16 que son los más emblemáticos y que es donde hemos priorizado avanzar. Cada uno tiene algún tema pendiente, pero hay herramientas que mirar, porque puede que estén disponibles las boletas de garantía para ejecutarlas", explicó, para juego señalar que "lo que hemos decidido es que lo que resuelva esa comisión, después del cierre, va a generar o las acciones legales que correspondan, o las administrativas que correspondan. Pero podemos, de una vez por todas, dar por cerrado esos convenios y no dejarlos eternamente abiertos, como es lo que nos está pasando hoy día".

González también detalló que, en el caso particular de ProCultura, una de las entidades que tiene más recursos sin rendir al Gore Biobío-cerca de mil millones de pesos- las acciones pueden ir desde lo administrativo a lo judicial.

"Lo que tenemos definido es que los pasos que vamos a seguir. A medida que vayamos cerrando cada uno de estos programas van a ser las acciones que correspondan, y eso no quepa duda de que lo vamos a hacer porque lo tenemos acordado como equipo", puntualizó.

Principales acciones

Al momento de acompañar la presentación de la primera denuncia por irregularidades en su administración, el gobernador Sergio Giacaman explicó que "desde que asumimos nos hemos ocupado de ordenar la casa, y en ese contexto quizás una de nuestras prioridades es el trabajo con los funcionarios. En ese trabajo, nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos fueron sometidos a presiones indebidas".

La fiscal anticorrupción María José Aguayo, indicó a inicios de esta semana -en el marco de la nueva formalización a los imputados por la arista de Fundación En Ti- indicó que "la causa relativa a esos convenios está siendo investigada por el Ministerio Público, y esa denuncia fue agrupada a esa investigación".

Por ello también resulta clave las acciones que ha tomado tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Servicio de Impuestos Internos en los casos judicializados con el fin de lograr restituir parte de los dineros aún no traspasados.

A nivel del Consejo Regional, en tanto, se plantea la urgencia por mejorar los mecanismos de control financiero. El presidente de la comisión de Presupuesto, consejero Luis Santibáñez (Republicanos) manifestó que "para ello la coordinación entre las contrapartes técnicas y financieras es fundamental. Cuando no se persigue el correcto gasto, tiende a desarrollarse un relajo en las entidades ejecutoras. La Contraloría ha hecho esfuerzos importantes los últimos dos años para mejorar el control sobre la transferencia a terceros".

134 programas suscritos entre el Gore Biobío y entidades privadas están en proceso de revisión administrativa y cierre.

En lo que respecta a las diligencias relacionadas al Caso Convenios en la Región del Biobío, a la fecha la Fiscalía ha formalizado a cerca de treinta personas vinculadas a la posible comisión de delitos en las aristas de las fundaciones En Ti, Bonhomía y Mi Hogar Asuncionista, que en total recibieron $654 millones. Esta semana se conoció que el plazo de investigación para fundación En Ti se extenderá hasta fines de junio, mientras que el de Mi Hogar Asuncionista debería culminar en mayo, y en el caso de Bonhomía el periodo de diligencias terminará en octubre.

El directorio de la corporación Desarrolla Biobío -una de las tres dependientes del Gobierno Regional- determinó esta semana la salida de su gerente general Marcelo Chávez, a casi dos años de haber asumido funciones.

El exdiputado cumplía labores como encargado de la Unidad de Desarrollo y Fortalecimiento Regional e Internacionalización de la instancia hasta que en enero de 2023 reemplazó a Carlos Chamorro en el cargo.

El gobernador Sergio Giacaman confirmó la decisión, señalando que "en conversación con el directorio, decidimos realizar cambios para darle aire a esta nueva estructura y los nuevos desafíos en torno al desarrollo, fomento de la industria y que sea un espejo en torno a los procesos de evaluación ambiental, y desafíos sociales, culturales y deportivos que enfrentará la Región", y que de forma interina asumirá el cargo Tannia Cabezas, jefa de Administración y Finanzas.

La salida de Chávez es la última de los hombres de confianza del exgobernador Rodrigo Díaz que aún quedaban en órganos de la administración del Gobierno Regional, luego de que se confirmara la salida del jefe de la unidad de Pesca Rodrigo Daroch, y del coordinador de la unidad de Participación Ciudadana Leocan Portus.

En entrevista con este medio, el gobernador Giacaman indicó en marzo que la salida de las personas de confianza de Díaz no respondió a cuestiones políticas, y que "le pedí a los jefes de división que revisaran ellos la situación, porque están asumiendo una responsabilidad bien importante respecto al equipo con que quieren seguir. Usamos como insumo la elección de perfiles profesionales y vimos la situación de los contratos de cada uno, pero además del estudio contratado por la gestión anterior que establecía una estructura que estamos implementando".

Respecto a la situación de Desarrolla Biobío, el actual gobernador ya ha adelantado que su intención es que la instancia sea el espacio a través del cual se coordinen todas las actividades donde interviene el Gore, pero que no son de su exclusiva responsabilidad legal, como es el caso de los eventos que financia, o el rol que juega en la tramitación de proyectos.

Esta semana se confirmó la salida de Rodrigo

Daroch y Leocan Portus del Gore, figuras de

confianza de Rodrigo Díaz.

Una reunión de trabajo fue la que sostuvo el alcalde de San Pedro de la Paz Juan Pablo Spoerer junto a los senadores Enrique van Rysselbergue y Gastón Saavedra, y el seremi de Obras Públicas Hugo Cautivo, en la cual el jefe comunal presentó una propuesta integral para enfrentar la grave crisis de congestión vehicular que afecta a la comuna, con una iniciativa que apuesta por una estrategia de conectividad con soluciones de corto plazo a nivel administrativo y operativo.

Spoerer detalló que la propuesta busca trasladar los principales proyectos viales desde la cartera de Vialidad a la de Concesiones, permitiendo ejecutar, por ejemplo toda la Costanera Sur y unirla a la Costanera Mar en un plazo de cuatro a cinco años en lugar de los actuales 25 o 30 años. Además el plan contempla una nueva vía estructural de doble calzada, que conectaría desde el puente Industrial hasta el puente Bicentenario, pasando por Boca Sur y uniendo la Costanera-Costa Mar con la Costanera Sur.

"Hoy en día las soluciones viales existentes presentan retrasos que ya no son sostenibles para los vecinos. Esta nueva vía permitiría unir toda la comuna y descongestionar rutas como la 160, que hoy es una verdadera tragedia", explicó el alcalde Spoerer, junto con señalar que "ya hemos socializado la propuesta con senadores y autoridades regionales, y ahora buscamos avanzar a nivel nacional".