Por Felipe Cuevas Mora

Una insospechada crisis política fue la que abrió la intervención del seremi de Energía Jorge Cáceres en el panel del encuentro "Agenda Económica" de Irade de este miércoles, donde emplazó a un grupo de empresarios y dirigentes gremiales que cuestionaban las condiciones de seguridad en la Región tras el ataque a la central Rucalhue, acción que derivó en su salida el mismo miércoles por la noche, a cuatro meses de haber asumido.

"Lo que ha sucedido esta semana es grave, sin duda. Pero si usted lo analiza desde el punto de vista nacional e internacional, el país es una taza de leche", espetó el abogado militante del Partido Radical a la presidenta de los Pescadores Industriales Macarena Cepeda, en medio de una sorpresiva intervención y ante la mirada atónita de los presentes, entre ellos su jefe administrativo el delegado presidencial Eduardo Pacheco, por varias razones.

Entre ellas que Cáceres no estaba considerado en el panel, y según -consignaron fuentes consultadas- ni siquiera se le había extendido una invitación personal al evento: Irade comentó ante la pregunta de este medio que fue una "invitación abierta".

Además, sus declaraciones fueron a contramano de lo que el Gobierno ha manifestado en materia de seguridad -relevando los avances logrados en tres años a nivel local como también la rapidez con que se ha buscado actuar ante hechos delictuales-, razón por lo cual se generó molestia en el gabinete regional.

Molestia que escaló a la máxima magistratura del país: desde Brasil, el Presidente Gabriel Boric abordó el hecho: "A ese seremi lo echamos. Me parece que, después de un atentado tan grave como el que sucedió en la central Rucalhue, es un mensaje inadecuado (...) No se pueden dar señales equívocas en esto, por lo tanto, esa persona ya no está más en el cargo".

Incomodidad

A las afueras de las dependencias de Irade, el delegado presidencial Eduardo Pacheco rápidamente se desmarcó de los dichos de Cáceres, planteando que "no comparto su visión", y poniendo énfasis en que "el Estado ha trabajado para disminuir los delitos y esa debe ser una tarea permanente, no se puede bajar la guardia".

Oficializada la renuncia de Cáceres, la vocera de Gobierno Jacqueline Cárdenas dijo que "producto de los dichos que no se condicen con la postura del Gobierno, el exseremi de Energía ya no es parte del gabinete (...) La postura del Gobierno frente a los hechos de violencia es clara: se toman medidas inmediatas porque la seguridad es una prioridad".

La crítica también fue más allá a nivel interno en el oficialismo, donde la diputada PC María Candelaria Acevedo acusó que estas intervenciones "a estas alturas y jugándose el último tercio del Gobierno, no pueden existir errores u horrores, tales como las declaraciones que emitió a título personal Cáceres. Su salida reafirma que sus dichos no reflejan el sentir del Ejecutivo, quienes han realizado un trabajo exhaustivo en materia de seguridad".

"Pese a la baja en delitos comunes, los delitos de alta connotación social, tales como el que afectó a la central Rucalhue y que llevó a Jorge Cáceres a decir esas barbaridades, generan una sensación de inseguridad en el 90% de la ciudadanía", sumó la legisladora.

Consultado por este medio, el timonel regional del Partido Radical, Rodrigo Rocha defendió en cierto punto las declaraciones de Cáceres, comentando que "hizo un esfuerzo de defender lo que ha sido la labor del Gobierno en materia de seguridad, sobre todo en la Macrozona Sur".

"Los hechos de violencia han disminuido en la Región, pero si el Presidente estima que hay que solicitarle la renuncia, nosotros lo acatamos. Así como no pedimos explicaciones cuando uno de nosotros es nombrado en un cargo político, tampoco lo hacemos cuando se solicitan las renuncias", sumó, junto con reiterar que "como partido entendemos que el seremi defendió la labor del Gobierno en materia de seguridad".

Gabinete incompleto

Otro elemento de complejidad que se ha sumado a la discusión política en torno a la salida de Cáceres es el hecho de que el gabinete regional nuevamente queda incompleto, lo que ha sido una falencia de la administración Boric en el Biobío tras 21 renuncias.

Sólo 65 días alcanzó a estar completo el gabinete regional, desde que el Ejecutivo nombró a Carlos Uslar como seremi de Justicia -y actual interino en Seguridad- hasta que se concretó la renuncia de Cáceres este miércoles.

Previo a ello, el gabinete sólo estuvo completo entre el 30 de octubre y el 21 de diciembre (52 días), y entre el 10 de junio y el 8 de septiembre de 2024 (90 días): desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025 se habían concretado cinco renuncias.

La salida del seremi de Energía -segundo en asumir el cargo en la actual administración tras Daniela Espinoza y que duró solo cuatro meses- representa también la imposibilidad de la administración regional de mantener un equipo completo de autoridades, cuestión que Eduardo Pacheco relevó como una de sus prioridades tras asumir con un gabinete con una de cada cinco autoridades suplentes.

"Esa fue una tarea que sacamos adelante mientras desarrollábamos el trabajo habitual que debemos hacer. Fue un punto positivo de gestión política, y lo destaco como algo relevante", ponderaba en entrevista con este medio en febrero. Por ello, se espera que en las próximas semanas el gabinete vuelva a completarse tanto con el nuevo seremi de Energía como el primer seremi de Seguridad.

21 renuncias ha sufrido

Fue la semana pasada cuando el Gobierno Regional solicitó a la Fundación Antonia la restitución de $51 millones correspondientes al sueldo de la directora de la instancia Consuelo Hermosilla, por incumplimientos del convenio suscrito entre ambas partes para ejecutar un programa por $351 millones para prevención y atención de víctimas de violencia entre 2023 y 2025.

Ante esta acción, la fundación dio otro paso e ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción con miras a detener la solicitud de restitución, pero también a lograr el pago de $65 millones aún adeudados por concepto del programa antes mencionado.

La abogada de la institución Natalia Delgado explicó que "este miércoles presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del Gobierno Regional, que tiene como objetivo principal dejar sin efecto ciertos actos que a nuestro punto de vista resultan ser totalmente ilegales o arbitrarios".

Junto a ello dijo que la acción "también hacer ver una serie de irregularidades y negligencias cometidas por el ente gubernamental, y que hoy pretenden desvirtuar atacando injustificadamente a una fundación con más de ocho años de trayectoria nacional e internacional, trabajando arduamente por personas sobrevivientes de violencia en memoria de Antonia".

Delgado también expresó la molestia que hay al interior de la fundación debido a los últimos hechos ocurridos: "En ningún caso nos imaginamos que la ejecución del programa nos llevaría a esta instancia, y siempre estuvimos dispuesta al diálogo, porque entendemos que los importantes son las y los sobrevivientes de violencia, para lo cual seguiremos trabajando".

En días anteriores, el gobernador Sergio Giacaman explicó que la solicitud de los montos responde a que "el convenio de mutuo acuerdo establecía un perfil profesional para desempeñar la dirección del proyecto, y lo que se pide es restituir los dineros gastados en el pago al profesional que no cumplió con las condiciones".

Fundación Antonia

desarrolló dos programas con el Gobierno Regional por más de $560 millones desde 2023.

A mediados de 2023 el nombre de Eduardo Vivanco alcanzó connotación nacional debido a su implicancia en una de las aristas del Caso Convenios, particularmente por su vínculo con Camila Polizzi, hoy ormalizada en la arista de la fundación En Ti que ejecutó un convenio con el Gobierno Regional y por el cual se indaga la existencia de una serie de delitos.

En ese momento Vivanco era seremi de Gobierno y se conoció de la existencia de reuniones con Polizzi, en las cuales la habría amenazado con ataques de un tercero, con frases como "¿cuanto cuesta un colombiano?".

Por ese caso, Vivanco debió renunciar a su cargo como vocero de Gobierno en el Biobío en julio de ese año, dejando la primera línea de la política e incluso su militancia en el partido Radical, donde desempeñó variados cargos de nivel regional y nacional.

A casi dos años de conocido el caso, este medio pudo confirmar que desde diciembre Vivanco cumple labores en la Municipalidad de Alto Biobío, donde fue contratado en un puesto de planta -según da cuenta el sitio web de Transparencia del municipio- y cumple labores como administrador municipal, puesto clave en el equipo de trabajo del alcalde Félix Vita.