Casas de estudios superiores registraron 224 denuncias y reclamos el año pasado
El área financiera fue la más requerida, pero también se observan desafíos en el ámbito académico y de convivencia. Alza se debe a una mayor información de parte de los estudiantes.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Educación Superior (SES), durante todo el año académico 2024 se declararon admisibles 224 requerimientos ingresados a la plataforma de Atención Ciudadana contra casas de estudio regionales -en su mayoría universidades-, de los cuales 176 corresponden a reclamos y 48 a denuncias.
Se trata de la cifra más alta de los últimos cinco años, cuya alza también se condice con la situación nacional, que registró mil casos más que en 2023.
Sobre esta situación, la jefa de la División de Atención Ciudadana de la SES, Karla Escobar, explicó que responde a un mayor conocimiento de los estudiantes sobre sus derechos, lo que además en cierta medida podría justificarse por eventos de alto impacto mediático que se desarrollaron en 2024, en los que el organismo intervino oportunamente.
"Uno de los factores más relevantes es que, a lo largo de casi seis años de funcionamiento, la Superintendencia ha logrado una mayor visibilidad y reconocimiento entre los estudiantes, quienes hoy conocen mejor sus derechos y los canales institucionales disponibles para ejercerlos", comentó. Cabe destacar que un 53% de los reportes ha sido resuelto a favor de los alumnos, mientras que un 38% culminó por desistimiento.
El ámbito financiero fue el que predominó en las solicitudes regionales, representando un 37,9% del total, seguido por la progresión académica, con un 30,8%; y la convivencia, con un 10,7%. Por su parte, los problemas asociados a la admisión y la violencia o discriminación de género fueron las materias menos abordadas, representando entre el 1,3% y 3,1%.
Más solicitudes
De los 85 reportes en la materia financiera, 28 están asociados a beneficios estudiantiles, 16 al condicionamiento de la titulación por deuda y 14 al cobro por retiro o suspensión académica.
Sobre esto, la jefa de División de Atención Ciudadana de la SES precisó que a nivel general los principales motivos de reclamo fueron las categorías de progresión académica y financiera, lo que se condice en parte con el resultado regional.
"Este escenario particular también se explica por la existencia de dos instituciones con presencia en la región que registraron un volumen significativo de reclamos vinculados a esta materia. En ambos fue necesaria la intervención de la Superintendencia, que actuó como mediadora y logró que, en su mayoría, los conflictos fueran resueltos de manera satisfactoria", añadió.
En lo que respecta al ámbito académico, que contempla 69 solicitudes, 16 están relacionadas a la evaluación académica, 11 a la inscripción de asignaturas y 10 a la impartición del programa. En tanto, en la categoría de convivencia predominan las situaciones de hostigamiento docente, con 17 casos.
Cabe destacar que, de los 224 reportes totales, 162 fueron ingresados contra universidades, 45 a institutos profesionales y 17 a centros de formación técnica, lo que responde a la importante correlación entre el volumen de la matrícula y la cantidad de reclamos recibidos.
"En la Región del Biobío, el 72% de los reclamos ingresados a nuestra plataforma fueron dirigidos a universidades, lo que se explica porque más del 65% del total de sus estudiantes de educación superior está matriculado en ese tipo de instituciones", mencionó.
Procedimientos
La directiva señaló que si bien cada caso se revisa de forma individual y acorde a sus características, son dos los procedimientos generales que la institución lleva a cabo al ingresarse un requerimiento.
"Cuando se trata de un reclamo se inicia con una evaluación de admisibilidad. Si este resulta admisible se inicia un proceso de diálogo o mediación con la institución involucrada, con el objetivo de lograr una solución para el reclamante. Si no se alcanza un acuerdo, y si corresponde, la Superintendencia puede iniciar un proceso de fiscalización".
Mientras que para las denuncias "el procedimiento también inicia con una revisión de admisibilidad, tras la cual se da inicio a una fiscalización directa".
Asimismo, los tiempos de respuesta promediaron 32 días, cuatro menos que la media del país.
"Este buen resultado responde, en gran parte, a la actitud colaborativa de las instituciones para resolver los requerimientos de sus comunidades, así como al trabajo profesional de los equipos de la SES, que han fortalecido sus capacidades de mediación", consignó Karla Escobar.