Por Agencias

El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió ayer, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.

El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.

De esta forma, los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.

Bolsonaro y los otros 7 acusados, entre los que hay militares de alto rango y ministros de su Gobierno, fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía. Agregó que Bolsonaro fue líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.

Al argumentar en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del exjefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos "en forma detallada" y "satisfactoria" por la Fiscalía.

"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", dijo De Moraes.

El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción".

Bolsonaro

Por su parte, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que están acelerando el proceso en su contra para impedirle disputar las elecciones presidenciales de 2026 en las que, afirmó, nadie lo vencería. "Tienen prisa, mucha prisa", dijo Bolsonaro en sus redes sociales.

Añadió que el proceso en su contra "avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão", contra el entonces presidente Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, "y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato", el de desvíos en la petrolera Petrobras.

El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.

"Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme", dijo Bolsonaro.

Bolsonaro siguió el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y tras conocer la decisión, hizo una declaración a la prensa durante una hora, pero no aceptó preguntas.

Refutó los cargos que se le imputan y cuestionó la imparcialidad de los jueces, a los que acusó de tener motivaciones "personales" contra él, y que el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, montó una "historietilla" para acusarlo.

Asimismo, admitió que, tras las elecciones de 2022, discutió con comandantes militares "hipótesis" para declarar el Estado de sitio y de defensa, pero defendió que estos escenarios están previstos en la Constitución. "Discutir dispositivos constitucionales no es crimen", apuntó.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente, aplaudió la decisión del tribunal: "Es un momento único en nuestra historia, dijo.

Las penas que conllevan los 5 delitos por los que la Corte Suprema de Brasil imputó ayer a Bolsonaro, rondan los 40 años de prisión en total. Y es que los delitos por los que será juzgado, conllevan penas que van de 6 meses a 12 años de prisión cada uno, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad. En caso de condena, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados determinan que cada crimen es independiente o que ciertos crímenes están incluidos dentro de otros más amplios. En este caso solo se aplica el castigo de los últimos, publicó Efe.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó ayer en la Knéset (el Parlamento israelí) con tomar territorio de Gaza si el grupo islamista Hamás "persiste en su negativa a liberar a los rehenes", recogió el diario The Times of Israel.

"Cuanto más persista Hamás en su negativa a liberar a los rehenes, mayor será la presión que aplicaremos. Y le digo esto a Hamás: esto incluye tomar territorio y esto incluye otras cosas que no enumeraré aquí", dijo durante un debate parlamentario el primer ministro.

Netanyahu se encontraba en la testera durante un "debate de 40 firmas", un pleno convocado por la oposición que hace al mandatario comparecer ante el Parlamento.

Ya el 21 de marzo el titular de Defensa, Israel Katz, se expresó en estos términos y aseguró que, a mayor negativa de Hamás, más territorio se anexionará Israel.

Aunque el pretexto del debate era el auge de la criminalidad entre la sociedad árabe israelí, los parlamentarios lo utilizaron para chocar sobre las últimas polémicas del Gobierno, entre ellas la destitución del jefe del servicio de inteligencia interior (Shin Bet), Ronen Bar.

"La democracia no está en peligro, el mandato de los burócratas está en peligro. Las cloacas del Estado están en peligro", denunció el mandatario, que utiliza estos términos a raíz de su choque con la Justicia (tanto con el Tribunal Supremo como con la fiscal general del Estado) por la destitución de Bar.

"Israel es una democracia y lo seguirá siendo", dijo Netanyahu.

En los últimos días, Israel ha afrontado una oleada de protestas motivadas, principalmente, por el polémico cese del jefe del Shin Bet y para reclamar el retorno de los 59 rehenes que siguen en Gaza después de que Israel rompiera el fuego el 18 de marzo mientras estos permanecen cautivos.

Además, esta semana, la aprobación de los presupuestos del Estado, criticados por los manifestantes, se sumaron a estos motivos.

Exteriores

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, afirmó ayer que Israel sigue permitiendo "las negociaciones para alcanzar un acuerdo que extienda el alto al fuego y libere a los rehenes", pero que no esperará "eternamente".

Tras una reunión con su homóloga sueca, Maria Malmer Stenergard, en Jerusalén, Saar acusó a Hamás seguir manteniendo a los rehenes israelíes en Gaza y de negarse a desmilitarizar la Franja, según un comunicado difundido por el ministerio israelí.

"Israel ya no tolerará la continua amenaza a su seguridad y a la población civil que proviene de Gaza", añadió Saar.

Defensa

Asimismo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, animó ayer en un vídeo grabado y difundido en X a los gazatíes a seguir con las protestas de los últimos dos días contra el régimen de Hamás, que calificó como "la única manera de detener la guerra".

Por segundo día consecutivo, ayer miles de palestinos se manifestaron en diferentes puntos de Gaza contra Hamás y por el fin de la guerra y la masacre israelí. Se trata de las primeras protestas espontáneas contra el grupo palestino desde el inicio de la ofensiva israelí del 7 de octubre de 2023.

"Aprendamos del pueblo de Beit Lahia y exijamos, como ellos, que Hamás abandone Gaza y la liberación inmediata de todos los israelíes secuestrados", dijo.

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó ayer que sus agencias están divididas sobre los nexos que el Gobierno de Nicolás Maduro pueda tener con la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

"Existen evaluaciones diversas provenientes de distintos órganos de la comunidad de inteligencia", afirmó Gabbard, sin entrar en detalles, durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

El Gobierno de Donald Trump dijo que el Tren de Aragua actuaba en EE.UU. bajo la dirección del Ejecutivo de Maduro como justificación para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada solo en tiempos de guerra.

La invocación de esa norma, bloqueada ahora por un juez federal, sirvió para deportar a cerca de 200 migrantes venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua, que fueron entregados a El Salvador y encarcelados por el Gobierno de Nayib Bukele.

La declaración de Gabbard sobre las conclusiones de las agencias de inteligencia parece contradecir la posición del Gobierno de Trump, utilizada para la aprobación de varias medidas contra de Caracas.

Y va en la misma línea que un informe de inteligencia filtrado al The New York Times que concluyó que "el Tren de Aragua no actúa bajo la dirección del Gobierno de Venezuela ni comete delitos en EE.UU. por orden de este".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que a partir del 2 de abril se aplicará un arancel del 25% para todos los automóviles que sean exportados a su país, una nueva y agresiva medida que recrudece la guerra comercial iniciada por su Administración.

"De manera efectiva cobraremos un arancel del 25% (a los autos)", afirmó Trump en la Casa Blanca poco antes de firmar la orden ejecutiva para la medida arancelaria, que según él no afectará a las autopartes fabricadas en Estados Unidos.

Trump explicó que prevé que la medida, que afectará también a camiones ligeros, le puede llegar a reportar a las arcas estadounidenses una cantidad entre los 600.000 millones y el billón de dólares en los próximos dos años.

"Entrará en efecto el 2 de abril, y empezaremos a recaudar el 3 de abril," añadió el presidente estadounidense, que quiso incidir en que "si manufacturas tu vehículo en los Estados Unidos, no hay aranceles".

Trump insistió en que esta partida arancelaria atraerá a fabricantes de vehículos extranjeros a levantar plantas en suelo estadounidense para evitar los gravámenes y puso como ejemplo los planes del fabricante japonés Honda, que este mes anunció que fabricaría un nuevo modelo en su planta de Indiana, en vez de en México.

Trump recordó también que el 2 de abril, fecha que ha bautizado como "día de la liberación", está previsto que anuncie una batería de aranceles recíprocos destinada a países que tengan activados impuestos aduaneros sobre bienes y servicios estadounidenses.

Desde enero, Trump ha apostado por implementar de manera agresiva aranceles a las importaciones.