Por Matías Gatica Lindsay

Tal como estaba pactado, la Delegación Presidencial y Carabineros llevaron a cabo ayer el desalojo de la toma Edén Lajarilla, en Viña del Mar, donde 90 familias debieron abandonar el asentamiento. Pese a la acción, en la tarde residentes del lugar se instalaron con carpas dentro del terreno.

Cerca de las 6:00 horas de ayer, las autoridades de Gobierno, municipales y Carabineros llegaron al campamento para cumplir la orden judicial emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en noviembre de 2022, la cual fue ratificada el lunes.

Pese a algunas manifestaciones y la agresión a periodistas de Chilevisión y Canal 13, el desalojo en general fue tranquilo. Es más, cuando llegaron las autoridades varias de las 90 familias que habitaban el sitio ya lo habían abandonado.

Cerca de las 11:00 horas ya todas las familias habían dejado el lugar, por lo que se procedió a demoler las viviendas con maquinaria.

La directora de Desarrollo Comunitario de Viña del Mar, Camila Estay, dijo que se habilitó un espacio transitorio de primera acogida en la escuela Enrique Cárdenas para atención primaria y que luego las personas iban a ser albergadas en el Centro Deportivo Municipal de Reñaca Alto.

Sin embargo, el abogado de los afectados, Gustavo Burgos, dijo a TVN que las autoridades no informaron las condiciones de los albergues y que el gimnasio que se dispuso tenía capacidad para sólo 30 personas. "Eso es una burla a las instituciones, los derechos humanos y a los derechos de los pobladores", dijo.

Esto fue desmentido por Estay, quien garantizó que los albergues tenían todo lo necesario y que se dispuso de un bus para transportar a las personas a los albergues. Pese a ello hubo algunas de personas que se negaron a abandonar el lugar e instalaron carpas para pasar la noche.

El delegado presidencial Yanino Riquelme criticó al dueño del terreno, José Massú. "El propietario llega con sus representantes alrededor de las diez de la mañana, cuando el mandato era a las nueve, y dentro de sus obligaciones estaba el proceder al retiro de enseres en caso de que fuera necesario, remoción de escombros, y asegurar el perímetro con algún tipo de cerco o algo por el estilo, de tal forma de que el mismo no sufra una nueva ocupación", lo que dijo que no pasó. "Hoy ya está en manos del propietario, si es que hay una nueva ocupación o alguna otra situación por el estilo, ya no es resorte de los servicios públicos (...) Se da por cumplida la sentencia", añadió.

Paula Cáceres, viuda del ciudadano francés que fue asesinado en un robo a su casa en Colina el viernes, pidió que se haga justicia con los homicidas de su esposo.

El crimen ocurrió en el sector de Chicureo, donde un grupo de antisociales llegó caminando por el cerro hasta la vivienda de Dimitri Weile, de 52 años, quien murió tras ser apuñalado al resistirse al robo.

En esa misma jornada fueron detenidos cinco presuntos responsables, de los cuales tres quedaron en internación provisoria por ser menores de edad, uno en prisión preventiva y otro en libertad por no poder acreditarse su participación en el hecho.

Cáceres dijo ayer que "la justicia no podrá reparar ni compensar la muerte de Dimitri, que se haga justicia no nos traerá paz ni tranquilidad, sólo nos podrá decir a mis hijos, a mis suegros, a los amigos, que las personas que mataron a Dimitri recibieron un castigo justo".

"Nosotros no necesitamos una justicia ejemplificadora, necesitamos una justicia que le dé esperanza a este país, para que puedan dormir tranquilos, porque algo tan básico, simple y sencillo como dormir en la tranquilidad de nuestro hogar, nosotros, el 28 de febrero, como familia la perdimos", agregó. -

El Presidente Gabriel Boric se refirió ayer a las críticas de la precandidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien criticó la gestión del Gobierno en seguridad, economía y salud.

El domingo Matthei dijo a La Tercera que en el Ejecutivo "hay gente inepta, hay gente que trata mal a los pobladores, hay gente que no los escucha y hay gente que no sabe hacer la pega y que le da lo mismo hacer la pega".

Ante ello Boric dijo que "pese que a veces se intenta instalar de que Chile está en una crisis profunda" y a que "hay sectores que pareciera que quisieran que Chile le vaya mal (...) Chile está creciendo (...) En diciembre crecimos al 6,6%. Este año partimos enero creciendo a un 2,5%. Como dijo el ministro (Mario) Marcel, estamos comenzando con el pie derecho".

"También el empleo y la inversión muestran cifras alentadoras. En 12 meses se recuperaron 120 mil empleos, cuando dijimos que esa era nuestra proyección y objetivo como Gobierno", agregó.

En cuanto al crecimiento del país, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo a Emol que "siempre es positivo partir con una cifra positiva, siempre es bueno, pero creo que el festejar crecer un 2,5% es muy optimista (...) El desempleo bajó, pero seguimos en 8%. Lo que no podemos hacer es conformarnos con ritmos de crecimiento de este nivel y con tasas de desempleo todavía tan altas".

Sobre los dichos de Boric, el diputado RN Miguel Mellado dijo: "Presidente, si ya sabemos que los números no son lo suyo. Dígales (a sus asesores) que le hagan bien la minuta"

El gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la crisis de seguridad que sigue afectando a la región, y que llevó a que incluso el penúltimo fin de semana de febrero (entre el viernes 21 y el domingo 23) se registrara una nueva ola de homicidios, con 10 muertos.

En ese contexto, respaldó el uso de pistolas taser -cuyo uso entró en marcha blanca en la RM para casos de Violencia Intrafamiliar (VIF)-, tema que ha abierto debate desde sus primeras propuestas, que incluso él mismo impulsó hace dos años.

"Nosotros hemos planteado hace mucho rato que tenemos una pandemia de homicidios muy empujada, diría yo, por el surgimiento de estas bandas internacionales que están hoy día operando en el territorio nacional y que han establecido códigos de violencia muy brutales", dijo la autoridad regional en conversación con EmolTV.

Recalcó que ya 115 usan estos dispositivos.

Uno de los prejuicios más arraigados en las elecciones locales es aquel según el cual se eligen personas y no partidos.

Los chats que se han divulgado entre la diputada Cariola y la entonces alcaldesa Irací Hassler lo desmienten.

Porque en esa conversación se pone de manifiesto algo que, con tranquilo realismo, había observado Schumpeter: en las elecciones, observó, se decide qué élite gobernará. Donde dice élite se puede leer, en este caso, élite partidaria. En efecto, estos chats muestran que las decisiones de la alcaldesa estaban de algún modo influidas o conducidas y a veces casi digitadas por la diputada Cariola (y es de suponer con conocimiento del partido al que ambas pertenecen). El incidente, por llamarlo así, muestra que si los vecinos creyeron haber elegido a Hassler para que fuera ella y el concejo el que adoptara las decisiones y discerniera el mejor curso de acción para la vida en la comuna, se equivocaron ya que estos chats muestran no solo que la diputada Cariola formulaba consejos o recomendaciones, sino que ellas eran algo más parecido a instrucciones como fue el caso del inmueble de Sierra Bella puesto que al parecer fue la diputada quien impulsó se le adquiriera incluso cuando la entonces alcaldesa, a juzgar por los mensajes, prefería originalmente un inmueble distinto.

No hay que extrañarse desde luego que un alcalde o alcaldesa se relacione con su partido, excepto claro que, como ocurre en este caso, esas relaciones atinjan a las decisiones precisas y específicas que han de adoptarse en un municipio (tan precisas como la adquisición de un inmueble) y en la que la presidenta de la Cámara de diputados participa mostrando el interés y aparentando la decidida pericia, a la hora de formular la recomendación, de una corredora de propiedades.

¿Reprochable? Por supuesto que sí; aunque no haya delito.

Igual de reprochable que la injerencia del diputado Lavin en las decisiones de la entonces alcaldesa Barriga puesto que si en este último caso hay intereses conyugales, lo que parecen revelar estos chats es la injerencia de intereses partidarios y no precisamente ideológicos, salvo que en esta época decaída y más bien tonta las ideologías se hubieran reducido a decisiones inmobiliarias.

Es inevitable, por supuesto, que quienes ocupan cargos públicos consulten e intercambien puntos de vista con los partidos a los que pertenecen o se dejen inspirar por las ideas que estos últimos promueven (como ocurrió en este caso al atenderse la sugerencia de la diputada de centrar la atención de salud en el género); pero una cosa son los puntos de vista generales relativos a la gestión global de esto o aquello, y otra, muy distinta, la injerencia en decisiones específicas como ha ocurrido en este caso (la decisión de comprar este inmueble y no otro). Una cosa es orientar políticas comunales y otra cosa empujar decisiones específicas. La intromisión del diputado Lavín en la gestión de Barriga que se investiga es, de verificarse, reprochable y lo mismo ha de decirse de la participación de la diputada Cariola en la gestión de Santiago si se verifica lo que hasta ahora parece. Hasta donde se sabe, la competencia para adoptar decisiones en un municipio pertenece a quien detenta la alcaldía y el concejo que la acompaña y no al partido o coalición a la que pertenece quien fue electa. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que establecen las reglas y lo que decidió la ciudadanía al momento de votar y porque, de otra forma, como también se investiga en este caso, se favorece el tráfico de influencias a favor de quien, sin tener facultades, incide en las decisiones.

Carlos Peña