Por Francisca Pacheco Pérez

Un segmento importante de los miles de estudiantes que está en proceso de ingresar o retornar a las universidades del país proviene de comunas lejanas e incluso de otras regiones, lo que suscita la necesidad de gestionar un arriendo durante el año académico.

Para dimensionar este mercado, Portalinmobiliario.com y Mercado Libre Inmuebles realizaron un análisis de la oferta disponible en distintas regiones, entre ellas la Metropolitana, de Valparaíso y el Biobío. En esta última se contabilizaron 67 propiedades, cuyo promedio mensual alcanza los $634 mil, valor que además ha registrado un incremento. interanual.

De acuerdo con el gerente comercial de Portalinmobiliario.com, Gianfranco Aste, aspectos como la ubicación, la disponibilidad de servicios y conectividad son claves a la hora de determinar los costos de estas viviendas. El experto recomienda siempre formalizar el arriendo a través de un contrato que defina las responsabilidades y derechos de cada parte.

Mercado en la región

El análisis reveló que promedio mensual para este tipo de arriendos en el Biobío es más alto si se compara, por ejemplo, con las regiones de Valparaíso, donde este alcanza los $520 mil; y la Metropolitana, donde la cifra asciende a $601 mil.

No obstante, permanece en un punto intermedio respecto del costo por metro cuadrado, rodeando los $11 mil, indicador que en la Región Metropolitana suele ser mucho más elevado.

"Esta posición intermedia responde en gran parte a la fuerte presencia universitaria y al dinamismo económico del Gran Concepción, que atrae a un amplio número de estudiantes y profesionales, especialmente en zonas con buena conectividad o cercanas a los campus. Sectores como el Barrio Universitario, Lomas de San Andrés o áreas consolidadas con abundantes servicios podrían presentar precios más altos", explicó Gianfranco Aste.

Junto con la ubicación -que es determinante al fijar el valor de un arriendo por la significativa demanda local- "también contribuye la disponibilidad de servicios, comercio y buena conectividad, puesto que resulta muy atractivo para quienes se desplazan a diario a clases", indicó.

En Hualpén, por ejemplo, un departamento de dos habitaciones y un baño promedia los $466 mil; y en el Barrio Universitario, aquellos de un dormitorio y un baño contemplan una media de $472 mil. En tanto, en sectores como las Lomas de San Andrés una propiedad con últimas características promedian los $635 mil, mientras que aquellas con dos dormitorios y dos baños pueden ascender hasta los $715 mil, valores que específicamente en esta zona han experimentado un incremento del 13% interanual.

Garantías de seguridad

Dado que muchos alumnos no disponen de una solvencia económica que les permita cumplir con todas las condiciones de arriendo, muchas veces los jóvenes optan por modalidades que les permitan reducir los costos, como compartir los inmuebles con otros estudiantes.

Parte de los requisitos implican la designación de un aval que respalde los pagos -como un familiar-, así como el pago de un mes de garantía. En esa misma línea, el experto enfatizó en la importancia de formalizar la gestión a través de un contrato, "herramienta que protege tanto al arrendatario como al dueño de la propiedad, dejando un inventario por escrito y el detalle de responsabilidades de cada parte. Se recomienda acudir a corredores de propiedades con trayectoria en el mercado y evitar dejarse llevar por ofertas con precios demasiado bajos, ya que podrían ser engañosas o carecer de las condiciones mínimas de seguridad y legalidad", advirtió.

Agregó que "lo ideal es recabar toda la información posible del lugar antes de firmar y, de ser factible, realizar una visita presencial para comprobar su estado".

$11 mil por metro cuadrado es el promedio en el Biobío, siendo más bajo en comparación con la Región Metropolitana.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) solicitó a los productores de vid solicitar la autorización de libre movimiento de fruta para mercado interno.

La medida tiene como fin mitigar la presencia de la polilla de la vid en la región -especie originaria de Europa- y evitar su propagación, ya que reduce importantemente el rendimiento del sector agrícola, generando la pudrición y deshidratación de las bayas.

Así, el documento autoriza el movimiento de la producción de uvas, arándanos y ciruelas desde zonas reglamentadas hacia otras libres de la plaga.

"Nuestra región se encuentra en una zona de erradicación de esta plaga cuarentenaria presente bajo control oficial, debido al grave daño fitosanitario que esta plaga produce al sector agrícola, la que contempla una serie de medidas como la confusión sexual urbana y predial, la vigilancia fitosanitaria a través de una red de trampas de feromona, prospecciones visuales, fiscalización de las medidas de cuarentena interna, entre otras", precisó el director regional del SAG, Roberto Ferrada.

La autoridad explicó que previo a la cosecha de fruta destinada al mercado interno -ya sea para consumo en fresco o industrializado- que estén ubicados en áreas de control por esta plaga, los productores deben informar al SAG la fecha de inicio de la cosecha con al menos cinco días de antelación, con el fin de concretar una visita de los inspectores del Servicio.

Al constatarse la ausencia de la especie, la institución genera el documento correspondiente, cuya vigencia es de 30 días desde la fecha de emisión. Por el contrario, si se detecta la presencia de estados inmaduros vivos de la plaga, se puede prohibir el tránsito de estos productos por el resto de la temporada para el mercado interno.

Los productores pueden realizar la gestión en las oficinas regionales del SAG -ubicadas en Concepción, Cañete, Los Ángeles y Mulchén- o enviando el formulario a contacto.biobio@sag.gob.cl.

Un total de 350 UTM (alrededor de $23 millones) deberá pagar la empresa Cooperativa Eléctrica Los Ángeles (Coopelan) por generar cobros indebidos para financiar la red de distribución eléctrica en Santa Bárbara, así como por fijar condiciones y plazos no establecidos en el ordenamiento jurídico.

Así lo confirmó la Corte Suprema, entidad que ratificó la sanción aplicada por la Dirección regional Biobío de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), tras constatar que la empresa exigió pagos a residentes que solicitaban el suministro eléctrico, pero que ya se encontraban dentro del área de concesión. Los cobros alcanzaron los $22 millones 600 mil en total, afectando a familias con la ficha social de hogares, a quienes se les denegó el servicio.

La cooperativa contemplaba la extensión de 650 metros de red en media tensión, la instalación de una subestación de distribución y la construcción de 280 metros de red de baja tensión, sin haber informado a los clientes sobre la posibilidad de contratar estas obras con terceros.

"Este fallo ratifica la acción sancionatoria de la SEC y hace justicia para las familias que han esperado un largo tiempo por el suministro eléctrico. Coopelan debía conocer sus obligaciones, dado que el costo de la conexión está regulado por tarifación y no permite el cobro de redes de distribución", detalló el director de la SEC Biobío, Manuel Cartagena.

La situación fue expuesta a través de una reunión sostenida entre la entidad fiscalizadora y las juntas de vecinos de Los Álamos Poniente y Mañil Bajo, donde una familia denunció la exigencia de un cobro millonario para poder acceder al servicio eléctrico. Tras la instancia, se confirmó que la empresa justificó el cobro indebido tratando a una solicitante como una "loteadora". No obstante, se corroboró que las intervenciones planificadas por la empresa estaban dentro del área de concesión, por lo cual no correspondía la exigencia de tarifas adicionales.

"La SEC seguirá supervisando el cumplimiento de la sentencia, exigiendo a la empresa la extensión de redes necesarias para abastecer a las familias afectadas y no se descarta la emisión de nuevas instrucciones", agregó.

350 UTM deberá pagar la empresa, monto que se traduce en alrededor de $23 millones.