Avances y desafíos tras el apagón eléctrico
Fue a las 15.16 de este martes que casi todo el país quedó sin electricidad debido a la desconexión de la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar entre Vallenar y Coquimbo, según detallara días más tarde el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
En el caso del Biobío, fueron distintos sectores los que paulatinamente comenzaron a reportar un corte que se extendió en una primera instancia por seis horas, y en algunos sectores hasta por once horas, afectando a 732 mil clientes según reportara la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Aglomeraciones en los paraderos, filas en las inmediaciones de servicentros y congestión en las principales arterias del Gran Concepción fueron la postal de una jornada que reveló lo mucho que hemos avanzado, pero también expusieron las brechas en materia de emergencia.
Hablar de que se avanzó mucho responde a la forma en que se abordó esta contingencia a nivel local, con una rápida coordinación de los servicios del Estado, centralizados en Senapred, y con una planificación óptima con miras a lo que sería un toque de queda por sólo ocho horas, que terminó con 33 detenidos por infracción a la restricción de circulación por las calles. Vale ahí destacar el comportamiento de la ciudadanía para dar cumplimiento al toque de queda, sin enfrentamientos ni hechos violentos que trajeran a la memoria recuerdos como los de los saqueos tras el terremoto o en el estallido social donde se adoptaran medidas de este tipo.
Otro punto a considerar fue precisamente la decisión de decretar estado de excepción de catástrofe, adoptada desde La Moneda principalmente para anticiparse a los efectos de una contingencia en la que pocas personas tenían respuestas claras.
Y es así donde están los desafíos que dejó el apagón que paralizó a todo el país. Por un lado, lo ocurrido la tarde del martes expone lo endeble que es el sistema eléctrico nacional al paralizarse casi por completo el servicio en catorce regiones y la tarea que hay por delante de revisar cómo opera el sistema en cada región para evitar que la desconexión de una línea de transmisión tenga afectación a más de 1.100 kilómetros de distancia.
Pero también surgen desafíos a nivel local, expuestos principalmente por los jefes comunales y la falta de insumos para enfrentar una emergencia de estas características.
Fue en una reunión la tarde del jueves que los alcaldes del Gran Concepción sinceraron ante el gobernador Sergio Giacaman las complejidades con que debieron afrontar el apagón que paralizó a toda la Región y gran parte del país, en una instancia que se repitió en la provincia de Biobío y se hará también en Arauco.
Entre ellas está la falta de generadores que permitan que las oficinas municipales continúen operando con autonomía y sean base de los equipos de mando ante una emergencia, pero también la ausencia de una red de comunicación intercomunal con el fin de conocer en detalle la dimensión y pasos a seguir, además de las coordinaciones finas para abastecer de servicios prioritarios a cada una de las localidades de la Región, considerando el alto nivel de ruralidad y dispersión territorial en cada comuna.
El propio Gobierno Regional tomó nota de la situación, y en palabras del propio gobernador Giacaman, manifestó en entrevista con diario EL SUR que "con todo lo que nos dijeron vamos a generar una metodología de trabajo, y vamos a proponer un plan para estos cuatro años donde podamos afrontar las carencias de los municipios. Lo urgente es que cuando tengamos situaciones así en una comuna el comité de emergencia debe operar en los municipios, y para que pueda funcionar tienen que tener respaldo eléctrico para poder conectarse".
Al paso salió el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval quien cuestionó las críticas de los municipios apuntando que "el sistema está diseñado de tal manera que los municipios tengan su plan de reducción de riesgos de desastre y emergencias", y que "el hecho que tengan respaldo energético es deseable, pero depende de cada municipio".
Resulta también inevitable equiparar los recuerdos -guardando las proporciones del caso- con lo ocurrido hace exactamente quince años con el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, donde la destrucción generó un escenario de catástrofe en que costó retomar el control del orden y seguridad pública. Mirando hacia atrás, efectivamente como sociedad y el Estado ha hecho avances significativos en la toma de decisiones, pero tampoco podemos perder de vista las condiciones mínimas que la institucionalidad debe tener para afrontar distintas catástrofes. Si en 2010 se movió la tierra y las olas destruyeron todo en su paso, en 2025 bastó solo con una desconexión para paralizar a todo un país, y frente a ambas emergencias la institucionalidad debe estar preparada y en condiciones.
Como sociedad y el Estado ha hecho avances significativos en la toma de decisiones, pero tampoco podemos perder de vista las condiciones mínimas que la institucionalidad debe tener para afrontar distintas catástrofes