Por Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno se refirieron ayer a la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que programó para el jueves 27 de febrero el inicio del desalojo de la megatoma en San Antonio, en la cual viven cerca de 10 mil personas.

El 31 de enero expiraron los dos meses extra que le dio el tribunal a la Delegación Presidencial para iniciar el desalojo del asentamiento ubicado en el Cerro Centinela. En su último fallo, la Corte de Apelaciones resolvió que desde el 27 de febrero esta acción debe llevarse a cabo de forma "razonable" y "paulatina" por parte de la delegación, la Municipalidad de San Antonio y Carabineros a través de una "división cuadricular". Sobre esta situación el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo a radio Cooperativa que "la particularidad" de esta caso es "que es la toma más grande que tenemos en Chile, por eso, el trabajo que ha estado desarrollando el ministro (de Vivienda) Carlos Montes es tratar de buscar una solución, entre los pobladores de la toma, conjuntamente con los dueños, que permita una solución relativamente satisfactoria. Ese proceso de conversación y negociación sigue en curso".

"Esto no es simplemente el desalojo, la Corte impuso una gran cantidad de condiciones. Si hay personas que provienen de grupos vulnerables, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, deben tener un tratamiento en el desalojo que es bien distinto. Hay que dar una solución para hogares de transición para las personas (...) Eso supone una logística por parte del Estado", agregó.

El ministro Montes dijo que el lunes sostendrán una reunión con los dueños -la Inmobiliaria San Antonio (la cual fue tomada en 2019) "cuyo propósito fundamental es seguir conversando con los propietarios del terreno, porque creemos que este es un problema nacional muy serio" y agregó que a través de informes y conversaciones con las familias están buscando "una solución con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes".

"Nosotros esperamos que el lunes, entre el propietario, los organismos del Gobierno, el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino; esto no es de un día para otro, esto no se ha hecho otras veces. El solo hecho de conseguir los créditos, los recursos, establecer los valores, todo supone un tiempo (...) ojalá el lunes haya acuerdos con los propietarios de un tiempo para buscar construir este acuerdo", comentó.

El abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira, dijo a Emol que no recibieron una invitación formal del Gobierno para la cita del lunes. "Si no nos pusimos de acuerdo en más de un año y medio sobre las fórmulas, llegar a un acuerdo alternativo es muy complicado (...) No existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno", señaló.

La Contraloría le solicitó a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la que es dependiente del Ministerio de Ciencias, que informe los detalles del curso denominado "Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado", financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).

El curso, que ha sido duramente criticado, dice en su inscripción -realizada en enero- que "durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, la represión estatal hacia la población civil movilizada incluyó el uso desproporcionado de la fuerza, generando múltiples afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias en el tejido social" y señala que su fin es "generar herramientas prácticas y teóricas que permitan enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado en contextos contemporáneos".

Ante ello, la Contraloría le solicitó a la ANID el código de los proyectos vinculados con esta iniciativa u otras de igual naturaleza; la descripción de los objetivos generales y particulares de la escuela; el presupuesto al cual se imputó el gasto y las glosas presupuestarias relacionadas; el periodo de ejecución de la iniciativa; el monto asignado, montos y fechas de las transferencias, entre otras peticiones.

Para ello dio a la ANID un plazo de cinco días hábiles.

Profunda conmoción ha causado en el Campamento Esperanza de Antofagasta, la muerte de una guagua de un año tras estar al cuidado de una mujer en una guardería clandestina de este sector. La madre denuncia que el menor presentaba los labios y el cuello morados.

El hecho ocurrió el pasado 11 de febrero, según detalla Carabineros. La madrugada de esa jornada, la madre, de nacionalidad boliviana con situación migratoria irregular en el país, concurrió hasta el Servicio de Urgencia del Hospital Regional de Antofagasta con su hijo de un año y un mes que no presentaba signos vitales.

La ocupación del cerro Centinela en San Antonio, por algo más de cuatro mil familias, resume, como en un ejemplo, algunos de los problemas que experimenta la sociedad chilena.

Desde luego, el inicio de la toma es significativo en sí mismo. Comenzó a fines del año dos mil diecinueve, cuando se proclamó o se creyó, o se dejó creer, que las necesidades eran, por sí mismas, un título legítimo para reclamar bienes. Por supuesto las necesidades suelen estar a la base de los derechos (en el jardín del edén los derechos carecen de todo sentido); pero ellas no son una condición suficiente para esgrimir a estos últimos. Ello porque, entre otras cosas, en un mundo de escasez -nuestro mundo- las necesidades deben ser jerarquizadas, hay algunas más urgentes que otras y en esa jerarquización influyen muchos factores distintos de las necesidades, algunos de ellos individuales, a los que es necesario ponderar. Sin embargo, en los días de octubre del diecinueve y los que siguieron se agudizó esta idea de que las necesidades configuraban, por si solas, títulos para reclamar bienes.

Ahora cualquier solución a la toma de San Antonio -ha de haber alguna- exige no validar esa idea que priva de todo sentido a las instituciones.

Las instituciones no están solo para satisfacer los deseos de las personas, por apremiantes que sean, sino también para ordenarlos, contenerlos y orientarlos. Por eso en general las personas están descontentas y riñen con las instituciones, incluso con aquellas que consideradas imparcialmente son justas. Y es que donde hay instituciones, existe una rebaja de las expectativas, una postergación de la gratificación, por urgente y justa que esta última sea. Esta es la razón, dicho sea de paso, de por qué las instituciones judiciales suelen no ser populares. Lo que ocurre es que ellas hacen valer las reglas y donde eso ocurre no hay gratificación inmediata. Hay que parafrasear a Freud: las instituciones y la satisfacción inmediata son opuestas, las instituciones producen insatisfacción.

Pero, por supuesto, si las necesidades no configuran por si solas derechos, sí merecen atención de las políticas públicas. Si las instituciones pierden legitimidad cuando se alienta la creencia de que las necesidades son títulos suficientes para reclamar bienes, también la erosionan y la pierden cuando se descuida el acceso de todos o de la mayor parte a los bienes básicos creyendo que se trata de asuntos que solo corresponde a los individuos resolver. Una sociedad es un entramado de instituciones (y eso obliga a contener las expectativas de las personas); pero al mismo tiempo se trata de una empresa cooperativa en la que se debe atender a las necesidades básicas de quienes no pueden procurarse por sí mismos los bienes más urgentes, esos cuya satisfacción hace posible que los individuos puedan ser tratados en base a su esfuerzo.

Y aquí está el otro problema que este toma de San Antonio (como otros casos semejantes) revela.

Se trata de la incapacidad de las autoridades para resolver el problema de una manera razonable, sin legitimar las tomas; pero a la vez sin desatender a esos miles de personas que una vez desalojadas quedarán a la intemperie ¿Cómo es posible que luego de cuatro o cinco años ese problema siga allí y que como consecuencia de esa inacción ahora parezca casi imposible cumplir una sentencia judicial sin que ello signifique arrojar a miles a vivir en descampado? Porque ese es el problema que ahora se ha configurado: primero se esgrimieron las necesidades para justificar las tomas por encima de la ley, ahora son las necesidades (producto esta vez de la incapacidad del estado) las que se esgrimen para incumplir o retardar una sentencia. Pero todos saben que no son esta vez las necesidades las que impiden cumplir la sentencia, sino la incapacidad y la incompetencia de quienes tuvieron tiempo de sobra para prever una solución, los culpables de que una sentencia de contenido perfectamente previsible esté al borde de no valer nada o muy poco, una incompetencia de las autoridades que llegó al extremo que durante largo tiempo ni siquiera parecieron saber cuál de ellas tenía la responsabilidad de hacerse cargo.

Y ese es el problema de fondo que a veces experimenta el gobierno y que este caso revela: la incompetencia para atender necesidades urgentes y a la vez cumplir escrupulosamente las reglas.

Carlos Peña