Gobierno concreta la recuperación de 18 espacios en dos años con inédito protocolo
El delegado Eduardo Pacheco destacó la coordinación intersectorial para dichos procesos y apuntó a que detrás de cada uno de ellos debe haber nuevos proyectos.
Esta semana se llevó adelante la restitución administrativa y posterior demolición de diez edificios inutilizables del complejo Villa Futuro en Chiguayante, además de la puesta en marcha de un proyecto habitacional en un terreno en calle Cochrane en Concepción bajo la modalidad de arriendo a precio justo, recuperado en diciembre de 2023.
Ambos hitos son el ejemplo de uno de los desafíos que se ha puesto la Delegación Presidencial Regional (DPR) a nivel de recuperación de espacios, ya sea por medio de la restitución administrativa o vía Ley de usurpaciones, y que a la fecha ha desarrollado 18 procedimientos con desplazamientos forzosos entre 2023 y enero de este año.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco explicó a este medio que una parte fundamental de ese trabajo radica en la coordinación intersectorial y la elaboración a nivel local de un protocolo inédito a nivel nacional que entrega las directrices respecto a cómo actuar en estos procesos, y que se ha visto reflejado en otras recuperaciones como fue en Juan Riquelme en Concepción, Mirador del Pacífico en Talcahuano o Los Arrayanes en Arauco.
"Se ha instruido a la institucionalidad del Estado, es decir, a todos los ministerios para que se hagan parte de estos procesos, desde el ministerio de Bienes Nacionales, Vivienda, Obras Públicas y el Serviu, pasando por la propia Delegación Presidencial, y Carabineros entre otros con la finalidad de efectivamente generar condiciones y con plazos establecidos, incluso por parte de los tribunales de Justicia, para cumplir con esto", señaló.
Protocolo inédito
Uno de los puntos que destaca la autoridad al momento de abordar las características bajo las cuales se han concretado los procedimientos responde al caracter pacífico con que se han realizado, salvo excepciones como los enfrentamientos ocurridos en los edificios Prais I y II en San Pedro de la Paz tomados en abril de 2023.
"Lo que queremos es que estos procedimientos se desarrollen de la manera más pacífica posible, sin impacto en las comunidades, ni vulneraciones de derechos en personas que estén en ese lugar, ni tampoco en las comunidades aledañas ni en las instituciones, ni en las personas que están detrás de las instituciones que están desarrollando estos procedimientos. Para ello, se ha instaurado un protocolo por parte de la delegación presidencial que tiene tres aspectos relevantes", detalló.
Entre los elementos a la vista, el protocolo que se elaboró durante los últimos dos años considera una precoordinación asociada a la solicitud que realiza el servicio o entidad de recuperación de inmueble, para luego llevar adelante una coordinación intersectorial con un diagnóstico y la definición de una estrategia de abordaje con distintos servicios, culminando con el operativo final previo a la restitución.
"Se coordinan los servicios públicos con la finalidad de lograr los objetivos del diseño que se pueda acordar para el desplazamiento forzoso de los ocupantes. Lo ideal es que sea primero de una manera voluntaria, previo a la necesidad de que ingrese la fuerza de orden", explicó Pacheco, apuntando que se realizan procesos de catastro y comunicación previa, además de un trabajo junto a instituciones como el Servicio de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y los municipios.
"Lo que nos ha ocurrido es que muchas familias salen antes, y el día del operativo se le da cuenta de las acciones a entidades como el Instituto de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez, para luego concretar el último intento para que se desocupen los inmuebles. En Villa Futuro, Carabineros tomó control del sector sin inconvenientes ni enfrentamientos", sumó.
Futuros proyectos
Dos de las tareas posteriores que considera el plan de trabajo que ha llevado adelante la Delegación Presidencial Regional responden tanto al monitoreo del lugar desalojado y posteriormente demolido, como también al destino que tenga el terreno con el fin de evitar incivilidades.
"Cada servicio compromete su parte dentro del trabajo y no se trata de que se pida la restitución para luego olvidar el procedimiento. Se debe contar con maquinaria para demolición, los cierres perimetrales y la inhabilitación del terreno, aparte de tener un proyecto para ese lugar que permita que en el tiempo se establezca quién es el responsable y qué se hará", detalló el delegado Pacheco, recordando que el mayoría de los casos la recuperación de estos espacios apunta a proyectos de índole habitacional o infraestructura.
"A nivel público apuntamos a que siempre haya un proyecto asociado, el resguardo e inhabilitación permanente para evitar una nueva ocupación", añadió. En el caso de Villa Futuro se considerará la construcción de 400 departamentos, mientras que en Prais I y II dichos inmuebles estaban en su fase final de construcción y ya fueron entregados, o en Cochrane donde se construirá un complejo para arriendo a precio justo.
157 inmuebles se encontraban habitados en el complejo Villa Futuro en Chiguayante, previo al proceso de desalojo.