Por Diana Aros Aros

Como un "error de cálculo" calificó el exalcalde de Chiguayante Antonio Rivas (PS) las cifras entregadas por Contraloría respecto a la iniciativa de Gas a Precio Justo que se desarrolló en 2022 entre el Gobierno y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). En concreto, el documento del organismo señala que "la Subsecretaría de Energía no ha restituido a Enap los costos de distribución del plan piloto Gas a Precio Justo, ascendientes a un total de $517.068.501, por lo que dicha subsecretaría deberá acreditar las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a Enap en esta materia".

Contraloría concluyó que la Subsecretaría de Energía no cuenta con un procedimiento formal que defina los aspectos mínimos para desarrollar una metodología de trabajo con Enap. Además, la investigación del organismo, que también incluye la aplicación de sumarios y que fue desarrollada tras una denuncia del diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) en abril de 2024, evidenció que el costo final de cada cilindro, para llevar a cabo una distribución de gas a menor costo en tres comunas del país, alcanzó los $117 mil.

Ante estas cifras, Antonio Rivas planteó que "lo que hizo Contraloría es una cuenta indebida y ellos saben. Yo me imagino que son los contadores auditores los que terminan realizando esta investigación y entregando el contenido para algún tipo de sentencia (…) Ese cilindro indica un valor inicial que hay que dividirlo por todas las veces que se ha ocupado. Así que no es $117 mil, Contraloría en eso se equivoca".

El exjefe comunal de Chiguayante, que también presidió el grupo de alcaldes que apelaron por la reducción del gas, añadió que "me llama la atención, porque hay una coincidencia entre lo que Contraloría está señalando ahora, respecto de lo que eran las opiniones políticas en ese entonces que denunciaron. Creo que también con un nivel de desinformación que genera esta imagen de una súper carga económica".

"vías institucionales"

Al ser consultada por este medio, Enap respondió por escrito que "Gas a Precio Justo" fue parte de una política pública del Ministerio de Energía, el cual solicitó apoyo a la estatal en la implementación de un proyecto piloto que fue ejecutado entre julio y diciembre de 2022, con un alcance "acotado" y que ya finalizó.

En el escrito, además, aclararon que "la restitución de los fondos utilizados por Enap para dicho plan piloto ha sido requerida por la empresa en las instancias y por las vías institucionales para ello".

Desde el Gobierno, en tanto, la ministra Aisén Etcheverry, explicó que la iniciativa se dio en un contexto económico complejo y que el plan piloto respondió a una innovación por parte del Estado, el que, una vez evaluado, "se consideró que no era posible seguir implementando, y es por eso que se detuvo y el piloto no prosperó. Ahora, como parte de ese proceso de evaluación, el proceso que por supuesto tiene distintas etapas que han sido llevadas adelante por el Ministerio de Energía, está este informe de Contraloría, informe que se va a cumplir al pie de la letra. El Ministerio de Energía ya está en proceso de cumplimiento, junto con responder y entregar toda la información a la Cámara, que también tenía preguntas respecto de estas materias".

La secretaria de Estado agregó que "el análisis específico de la Contraloría tiene que ver con ese proceso y con la definición de en qué momento se tienen que restituir los fondos, que es lo que el Ministerio de Energía está en proceso de implementar".

Plan piloto

El programa de Gas a Precio Justo fue lanzado en 2022 por el entonces ministro de Energía, Claudio Huepe, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La medida contemplaba la distribución, en una primera etapa, de 6.000 cilindros de 15 kg para distribuir a un grupo de familias vulnerables definidas por el Ministerio de Energía en las comunas de San Fernando, Chiguayante y Quintero, adquiriendo el gas a $15.200 cada cilindro, con un descuento de 40% respecto de lo que era su valor normal.

Sin embargo, tras terminar este plan piloto en diciembre de 2022, Enap decidió continuar con un modelo de negocio propio de distribución de gas a menor costo, el cual no consideró a Chiguayante en ese entonces.

Respecto a las críticas que han surgido de este plan y la falta de sostenibilidad por la gran cantidad de recursos requeridos, Antonio Rivas dijo que "yo creo que no ha sido un fracaso y que tenemos que pensar en la gente. Mucha gente se ha beneficiado con estas decisiones y no se ha generado ninguna crisis económica en ninguna de las entidades privadas ni públicas que están participando en este nuevo escenario económico del gas".

Diario EL SUR consultó al municipio de Chiguayante, quienes declinaron a referirse al informe de Contraloría y al plan piloto por tratarse de una iniciativa que no tuvo continuidad hasta la actual administración comunal.

Este lunes, el gremio Contratistas Industriales del Biobío realizó su presentación oficial frente a la Seremi de Economía, entregando sus estatutos para ser derivados al Ministerio. El presidente del gremio, Porfirio Ochoa, se refirió al trabajo de la asociación en medio de la ejecución del Plan de Fortalecimiento Industrial, indicando que "el llamado es a que esto se transforme en una política de Estado (…) Las empresas contratistas estamos en crisis y necesitamos rápidamente que nos escuchen y, a través de este gremio, queremos seguir impulsando y buscar a todos los aliados".

El seremi Javier Sepúlveda agregó que "con esta nueva asociación gremial nosotros estamos fortaleciendo el tejido industrial que tiene la Región del Biobío, abriendo nuevas oportunidades para que en el futuro tengamos mejores perspectivas de vida para las familias que están detrás de esas empresas, pero también para el resto de la cadena empresarial".

En la instancia, los excontratistas de Huachipato solicitaron a la autoridad regional extender los plazos de los subsidios expresados en el plan, petición que fue también acogida por el diputado DC Eric Aedo, quien comprometió a realizar gestiones con los ministerios de Economía y Hacienda. Además, el parlamentario destacó al nuevo gremio y señaló que "sólo unidos vamos a recuperar el sitial industrial y económico que la Región ha venido perdiendo estos últimos años (…) Necesitamos una prórroga para que paguen sus impuestos. Obviamente, hoy están sin fuente laboral y necesitan que se extiendan estos cuatro meses de Subsidio a la Contratación que entrega Sence".

En un 201% aumentó el número de pasajeros que han ingresado al país a través del Paso Pichachén, que une a Biobío con Argentina, registrando un alza del 41% de intercepciones de productos de origen vegetal de riesgo para el sector silvoagropecuario, por lo que desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pidieron a los visitantes informarse sobre qué productos pueden ser ingresados.

"Hemos constatado un aumento muy significativo de turistas que han ingresado al país. A la fecha, llevamos más de 2 mil 100 turistas, a quienes se les ha controlado su equipaje y su medio de transporte, con un incremento de más del 200% en relación a la temporada 2022-2023. En términos de intercepciones también estamos rompiendo récords con más de 110 kilos de productos de riesgo para la agricultura interceptados por los funcionarios que ejercen el control fito y zoosanitario en el Paso Pichachén", sostuvo el director regional del SAG, Roberto Ferrada.

El directivo explicó que habitualmente se interceptan frutas frescas, productos lácteos, embutidos, medicamentos veterinarios y artículos de madera.

Asimismo, se explicó que todas las personas mayores de 18 años deben realizar una declaración jurada en el SAG, en el formulario disponible en el control fronterizo, o a través de la versión digital en www.ingresoachile.cl. "La nueva plataforma permite hacer este proceso más rápido y fácil, ya que los pasajeros pueden declarar si traen productos de riesgo, tanto de origen vegetal como animal, de manera más ágil y clara. Esta versión en línea se puede completar hasta 24 horas antes", agregó Ferrada.